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Con información de Agencias | Nueva York, EU. | 29 Sep 2026 - 20:11hrs

Una denuncia civil presentada recientemente volvió a poner bajo investigación un caso de presunta violencia sexual ocurrido en octubre de 2024 dentro de una fraternidad de la Universidad de Cornell, en Nueva York.

De acuerdo con la demanda, una estudiante de 20 años afirmó haber sido víctima de una agresión sexual grupal durante aproximadamente siete horas en las instalaciones de la fraternidad Chi Phi.

La joven sostiene que durante ese periodo fue presionada para consumir ketamina, marihuana y alcohol, hasta quedar en una condición que, según su denuncia, le impedía otorgar un consentimiento válido.

La demanda identifica a Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris y Scott Kretzschmar como los siete estudiantes señalados por la denunciante.

Es importante señalar que ninguno de los siete ha sido condenado penalmente por estos hechos. Además, algunos de ellos han rechazado las acusaciones por medio de sus representantes legales.

Después de lo ocurrido, la joven abandonó la Universidad de Cornell. Según información proporcionada por su abogado, dos de los estudiantes señalados fueron expulsados, mientras que otros recibieron sanciones internas, entre ellas suspensiones y la obligación de participar en talleres.

El caso también ha generado cuestionamientos sobre la razón por la que inicialmente no se presentaron cargos penales.

La Fiscalía del condado de Tompkins determinó en una primera etapa que no existían elementos suficientes para llevar el caso a un proceso penal. El fiscal Matthew Van Houten explicó que la declaración jurada presentada por la joven ante la Policía en noviembre de 2024 contenía una descripción del consumo de sustancias y de los encuentros sexuales que, según la Fiscalía, difería de las acusaciones formuladas posteriormente en la demanda civil.

Con base en la evidencia disponible en aquel momento, la Fiscalía consideró que no se alcanzaba el umbral legal necesario para presentar cargos.

Sin embargo, la aparición de nueva información y la reciente demanda llevaron a las autoridades a reabrir la investigación.

El expediente será presentado ahora ante un gran jurado, instancia que analizará las pruebas disponibles y determinará si existen elementos suficientes para avanzar hacia posibles cargos penales.

La legislación del estado de Nueva York establece circunstancias en las que una persona incapacitada para consentir no puede otorgar un consentimiento válido. Por su parte, las políticas universitarias contemplan el consentimiento afirmativo en las relaciones sexuales.

El caso ha vuelto a generar un debate sobre la atención que reciben las denuncias de violencia sexual en instituciones educativas y sobre los procedimientos que deben seguir las autoridades cuando existen versiones diferentes de los hechos.

Mientras la investigación continúa, las acusaciones formuladas en la demanda permanecen como señalamientos que deberán ser examinados por las autoridades, y corresponde al proceso legal determinar si existe responsabilidad penal.

Casi dos años después de los hechos denunciados, la Fiscalía retomará el análisis del caso ante un gran jurado, en una nueva etapa que podría definir si se presentan cargos contra alguno de los estudiantes señalados.