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Linda Díaz | Ciudad de México. | 11 Nov 2026 - 09:32hrs

En el marco de sus habituales encuentros con los medios de comunicación en Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un firme llamado a las autoridades fiscalizadoras para que emprendan una investigación profunda y retroactiva sobre los contratos otorgados por el Instituto Nacional Electoral (INE). La jefa del Ejecutivo federal solicitó expresamente que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) examine las licitaciones asignadas a los hermanos Hernández Casillas, señalando que la concentración de servicios derivó en la formación de un monopolio empresarial que se benefició sistemáticamente de los procesos electorales en el país. 

Durante su intervención, la mandataria argumentó que la revisión del gasto público dentro del órgano electoral no debe limitarse exclusivamente al periodo reciente, sino abarcar administraciones pasadas en las que un reducidísimo grupo de contratistas acaparó los convenios institucionales. Sheinbaum enfatizó que este esquema permitió la operación de servicios con precios inflados o sustancialmente distintos a las dinámicas del mercado libre, por lo que instó a esclarecer las condiciones bajo las cuales se entregaron dichos contratos para la organización de los comicios nacionales. 

Al abordar la credibilidad y el desempeño histórico del arbitraje electoral en México, la titular del Ejecutivo realizó un recuento de lo que calificó como "manchas terribles" en la trayectoria del organismo, recordando de forma directa el controvertido proceso de 2006. Asimismo, la presidenta refirió las omisiones ante la presunta compra masiva de votos registrada en las elecciones de 2012 y señaló que entre 2014 y 2024 acontecieron diversas irregularidades operativas y administrativas que exigen una revisión detallada por parte de las instancias de fiscalización.

Pese a los duros cuestionamientos vertidos contra el esquema de contratación del pasado, Sheinbaum Pardo ofreció un mensaje de certidumbre a la ciudadanía de cara a la contienda intermedia de 2027, garantizando que el proceso democrático está plenamente asegurado y contará con los cauces constitucionales necesarios para su realización. Explicó que la exigencia de transparencia sobre los recursos públicos no busca obstaculizar el trabajo del instituto, sino depurar los vicios administrativos y erradicar las prácticas monopólicas que afectaron las finanzas del Estado.

Finalmente, la presidenta subrayó que su administración mantendrá una vigilancia estricta sobre el uso correcto de los dineros del pueblo en todas las dependencias e instituciones autónomas, reafirmando que no habrá impunidad ni favoritismos para las empresas que históricamente lucraran con la organización de los comicios. Exhortó al INE y a los órganos de control interno a colaborar sin reservas con la ASF para transparentar los padrones de proveedores y garantizar que el ejercicio de la democracia en 2027 se desarrolle bajo criterios de austeridad, equidad y estricta legalidad.