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Linda Díaz | Ciudad de México. | 11 Nov 2026 - 10:52hrs

Durante su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó las revelaciones publicadas recientemente por el diario estadounidense The New York Times, las cuales señalan una presunta facilitación de operaciones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) por parte del fiscal especializado de Chihuahua, Guillermo Zuany. La mandataria federal calificó el reportaje como un documento periodístico de alto interés que amerita una revisión rigurosa por parte de las instancias gubernamentales competentes. 

En su intervención, la titular del Ejecutivo federal sentó una postura firme al recordar que cualquier presencia, colaboración o actividad desarrollada por integrantes de agencias de seguridad e inteligencia extranjeras en territorio mexicano debe apegarse de manera inquebrantable al marco constitucional y a la Ley de Seguridad Nacional. Sheinbaum enfatizó que la cooperación bilateral entre naciones soberanas no puede contravenir los principios legales que rigen el orden interno del país, garantizando en todo momento la protección de la soberanía nacional. 

Al referirse de manera específica al caso del funcionario de Chihuahua, la mandataria subrayó que las normativas vigentes no fueron cumplidas conforme a los protocolos establecidos, lo que abre la puerta para que las instancias de procuración de justicia y control interno den continuidad a las indagatorias necesarias. Señaló que el objetivo central de estas investigaciones es esclarecer el grado de involucramiento institucional y deslindar responsabilidades ante posibles violaciones a los procedimientos de colaboración internacional. 

El posicionamiento del Gobierno federal subraya que la actuación de los funcionarios públicos en todos los niveles de gobierno debe sujetarse a los intereses de la nación y a los estatutos que regulan la relación con gobiernos extranjeros. La presidenta reiteró que su administración no tolerará omisiones que vulneren los acuerdos diplomáticos y legales, manteniendo una supervisión estricta sobre las áreas encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia en las entidades federativas. 

Finalmente, el Ejecutivo federal adelantó que las indagatorias en torno a la fiscalía chihuahuense seguirán su curso legal para determinar las consecuencias jurídicas aplicables. Con este pronunciamiento, la administración central reafirma que la política exterior y de seguridad interior se conduce bajo estrictos criterios de legalidad, transparencia y defensa irrestricta de la soberanía de los mexicanos.