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Sheinbaum: La UIF no tiene evidencias de nexos delictivos en empresas sancionadas por la OFAC

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Linda Díaz | Ciudad de México. | 08 Oct 2026 - 09:22hrs

El Gobierno de México precisó su postura oficial respecto a los recientes señalamientos emitidos por el gobierno de Estados Unidos en materia de lavado de dinero e inteligencia financiera.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no cuenta hasta el momento con evidencias o indicios probatorios que vinculen a las empresas mexicanas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) con redes de la delincuencia organizada.

Durante su habitual encuentro con los medios de comunicación en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo Federal enfatizó que las decisiones tomadas por el Departamento del Tesoro estadounidense responden a marcos normativos e investigaciones unilaterales del país vecino.

La mandataria aclaró que, tras la revisión de los expedientes del sistema financiero nacional, las instituciones mexicanas no han detectado operaciones atípicas o irregulares asociadas a los corporativos señalados en la lista de la OFAC.

"Hizo un comunicado la UIF el día que se publicaron estas sanciones que hace la institución de Estados Unidos vinculada con el Departamento del Tesoro", recordó la jefa del Estado mexicano para respaldar la autonomía del sistema de inteligencia del país.

Sheinbaum Pardo remarcó que las dependencias federales actuarán conforme a derecho y respetando el principio de presunción de inocencia, sin subordinar los procedimientos locales a dictámenes extranjeros carentes del debido proceso en territorio nacional.

El posicionamiento oficial busca dar certidumbre al sector empresarial y bancario del país, mientras las autoridades de ambos lados de la frontera mantienen los canales de comunicación y cooperación bilateral en materia de intercambio de información financiera.

El Gobierno de la República reiteró su compromiso en la lucha contra la ilicitud financiera, siempre que existan pruebas concluyentes y sustento jurídico en apego a las leyes mexicanas.