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Noreste | Xalapa, Ver. | 08 Oct 2026 - 11:22hrs

Como resultado de una investigación ministerial sólida y del desahogo de pruebas durante el juicio oral, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECS), logró dos sentencias condenatorias por el delito de secuestro agravado, en contra de 2 responsables de dicho delito.

Dichas resoluciones derivan de las investigaciones y acciones desarrolladas durante el periodo comprendido del 1 al 7 de octubre.

La primera sentencia fue dictada en el Distrito Judicial de Misantla, donde Tomás “N” fue condenado a 80 años de prisión, al ser declarado por el órgano jurisdiccional como responsable del delito de secuestro agravado.

De acuerdo con lo acreditado durante el juicio oral J-30/2022, los hechos ocurrieron el 3 de febrero de 2020, cuando la víctima, de oficio taxista, fue vista por última vez en un sitio de taxis ubicado en el municipio de Tlapacoyan, al salir con dos pasajeros con destino a la localidad Vega Chica, del mismo municipio. Posteriormente, se exigió un pago a cambio de su liberación.

Como parte de las investigaciones, se implementó un operativo policial que permitió la detención del ahora sentenciado. Posteriormente, el 6 de febrero del mismo año, el cuerpo sin vida de la víctima fue localizado en la localidad Vega Chica, del municipio de Tlapacoyan.

Por otra parte, en el Distrito Judicial de Córdoba, Pedro “N” fue sentenciado a 70 años de prisión, al acreditarse su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado.

Los hechos ocurrieron el 18 de febrero de 2022, en el camino de terracería Paraje Nuevo-Atoyaquillo, en Amatlán de los Reyes, donde la víctima, de oficio agricultor, fue privada de la libertad por sujetos armados, quienes posteriormente exigieron a sus familiares un pago a cambio de su liberación.

El 22 de febrero del mismo año, mediante un operativo policial, se logró la detención en flagrancia del ahora sentenciado, quien habría acudido a realizar el cobro del pago exigido. En el mismo operativo se logró la liberación de la víctima.

Estos hechos quedaron asentados en el juicio oral 81/2023.

En ambas resoluciones, el órgano jurisdiccional correspondiente, además de imponer las penas privativas de libertad, determinó la suspensión de los derechos civiles y políticos de los sentenciados.

Cabe señalar que, en respeto al debido proceso, la identidad de las víctimas se mantiene bajo resguardo legal.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso de procurar justicia y combatir los delitos que atentan contra la vida y la integridad de las personas, mediante investigaciones firmes que permitan llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.