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Linda Díaz | Ciudad de México. | 14 Oct 2026 - 09:24hrs

Ante el reciente anuncio emitido por el gobierno de los Estados Unidos respecto a la imposición de sanciones contra once empresas mexicanas señaladas por supuestos nexos con el Cártel del Noroeste, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado firme y directo a la administración estadounidense para que presente las pruebas que sustenten dichos señalamientos.

La mandataria federal subrayó que, hasta el momento, las indagatorias realizadas por las instancias financieras nacionales no han encontrado elementos que confirmen operaciones ilícitas o vínculos directos entre las compañías sancionadas y organizaciones delictivas.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la titular del Ejecutivo puntualizó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), ha revisado los expedientes sin hallar indicios que coincidan con las acusaciones extranjeras.

Sheinbaum Pardo enfatizó la importancia de mantener la cooperación bilateral bajo estrictos principios de respeto mutuo, soberanía nacional y transparencia probatoria, evitando especulaciones o medidas unilaterales que afecten el tejido empresarial y la certidumbre económica del país.

El posicionamiento del gobierno mexicano pone sobre la mesa la necesidad de fortalecer los mecanismos de intercambio de información y inteligencia financiera entre ambas naciones, asegurando que cualquier señalamiento de índole criminal esté respaldado por elementos verificables en el marco de la ley.

Analistas en materia de seguridad y comercio exterior señalan que exigir evidencia concreta es un paso indispensable para evitar roces diplomáticos innecesarios y garantizar que las investigaciones internacionales se conduzcan con rigor jurídico.

Asimismo, la administración federal reiteró su compromiso inclaudicable con el combate al lavado de dinero y a las redes financieras de la delincuencia organizada, aclarando que el Estado mexicano actúa con autonomía en la fiscalización de sus corporaciones.

La postura presidencial busca marcar un límite claro frente a decisiones unilaterales de agencias extranjeras, exigiendo corresponsabilidad y apego institucional en las acciones de fiscalización que involucren a empresas y ciudadanos mexicanos.

La reacción del gobierno de México abre un compás de espera en la relación bilateral, a la expectativa de que Washington responda a la solicitud de información y comparta los reportes de inteligencia que motivaron las sanciones.

Mientras tanto, las autoridades hacendarias mantendrán la supervisión interna para esclarecer la situación de las empresas involucradas y salvaguardar la legalidad del sector productivo nacional.