- /

Linda Díaz | Ciudad de México. | 14 Oct 2026 - 09:35hrs

Con una postura categórica de rechazo absoluto ante los abusos de autoridad, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un enérgico pronunciamiento público para condenar los presuntos actos de tortura y uso excesivo de la fuerza cometidos por elementos policiales del estado de Jalisco en contra de ciudadanos durante una manifestación pública.

La jefa del Ejecutivo federal enfatizó que la actuación de las fuerzas de seguridad pública debe alinearse estrictamente al marco del respeto irrestricto a los derechos humanos y la dignidad de las personas, advirtiendo que bajo ninguna circunstancia el Estado mexicano tolerará o encubrirá conductas constitutivas de brutalidad policial o tratos crueles e inhumanos.

En respuesta inmediata a la gravedad de las denuncias, la titular del Ejecutivo dio a conocer que giró instrucciones directas a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para coordinar una investigación exhaustiva, imparcial y a profundidad sobre los acontecimientos registrados en territorio jalisciense.

Dicha indagatoria buscará esclarecer la cadena de mando, deslindar responsabilidades administrativas y penales, así asentar precedentes claros contra la impunidad en los cuerpos de seguridad locales, garantizando que el aparato gubernamental intervenga de manera decisiva cuando se vulneren las garantías individuales de la población.

“No puede permitirse lo que ocurrió en Jalisco. No puede ser que la fuerza del orden torture a ninguna persona y menos en una detención”, aseveró con firmeza la mandataria durante su habitual conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

La presidenta remarcó que las labores de contención o mantenimiento del orden público jamás deben confundirse con el abuso de poder o la agresión sistemática contra manifestantes, enfatizando que la formación y el actuar de las corporaciones policíacas deben reflejar la profunda transformación democrática que vive el país.

El pronunciamiento del Ejecutivo federal se produce en un contexto de creciente exigencia social e indignación ciudadana por parte de colectivos de derechos humanos, quienes han urgido a las autoridades de los tres niveles de gobierno a erradicar de raíz las prácticas violentas dentro de los protocolos de detención y control de protestas.

Diversos organismos defensores de garantías fundamentales coincidieron en señalar que la pronta intervención del Gobierno Federal sienta un precedente indispensable para frenar el abuso policial y garantizar la protección de los manifestantes en cualquier entidad federativa.

Finalmente, la administración central reiteró su compromiso de dar seguimiento oportuno a las familias e individuos afectados por estos deplorables actos, asegurando que se brindará el apoyo institucional y jurídico necesario para que las víctimas accedan a la justicia y a la reparación integral del daño.

Las investigaciones encabezadas por la Secretaría de Gobernación avanzarán en estrecha colaboración con las instancias competentes, bajo la premisa irrenunciable de que la ley debe aplicarse con rigor parejo y sin distingos políticos.