- /

Linda Díaz | Ciudad de México. | 20 Oct 2026 - 09:03hrs

En un posicionamiento categórico frente a los cuestionamientos sobre los recientes movimientos en el tablero de la procuración de justicia en el norte del país, la Presidenta de la República rechazó de manera tajante que la administración federal haya establecido cualquier tipo de pacto o arreglo político con la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Las declaraciones de la titular del Ejecutivo federal surgieron a raíz de la detención del exfiscal de la entidad, César Jáuregui Moreno, un caso que ha acaparado la atención pública debido a las líneas de investigación asociadas con la presencia e intervención de agentes estadounidenses en un operativo clandestino vinculado a un presunto laboratorio de metanfetaminas en la Sierra Tarahumara.

Durante su habitual conferencia matutina ante los medios de comunicación, la mandataria federal enfatizó que los procesos de carácter penal y las indagatorias ministeriales corresponden de manera exclusiva a las instancias de procuración de justicia, deslindando al Gobierno federal de cualquier injerencia para decidir quién debe enfrentar un procedimiento judicial o recibir protección de índole partidista.

Con este deslinde, el Ejecutivo busca blindar las investigaciones ministeriales frente a especulaciones sobre acuerdos cupulares entre gobiernos estatales y federales.

Para despejar cualquier duda sobre la directriz ética que rige a su administración en materia de impartición de justicia, la Presidenta pronunció una definición contundente que marcó el tono de su mensaje institucional.

“Primero, para decirlo con absoluta claridad: la justicia está por encima incluso de la política. Nosotros no hacemos pactos políticos con la justicia, eso lo digo con toda claridad”, aseveró la titular del Ejecutivo, reiterando que la autonomía de las fiscalías es un principio inquebrantable en la actual etapa de la vida democrática del país.

El caso que involucra al exfuncionario estatal chihuahuense ha adquirido una dimensión geopolítica y de seguridad nacional compleja, al destapar aristas sobre la actuación de agentes extranjeros en territorio nacional y su coordinación con autoridades locales en administraciones pasadas.

Las indagatorias buscan esclarecer el grado de conocimiento y participación de mandos ministeriales en operativos encubiertos en la región serrana, un tema que exige máxima transparencia y un escrutinio riguroso por parte de las autoridades federales y estatales competentes.

Con este pronunciamiento, el Gobierno de la República zanja los rumores sobre supuestas negociaciones políticas detrás de la captura, reafirmando que el combate a la impunidad y la sujeción de los servidores públicos al marco de la ley operan sin distingos partidistas.

Las autoridades federales reiteraron que continuarán colaborando institucionalmente con los órganos de justicia para garantizar el esclarecimiento total de los hechos investigados en la sierra chihuahuense.