04 Mar 2026

En Veracruz, la lucha de las madres de personas desaparecidas se ha convertido en una de las expresiones más dolorosas y, al mismo tiempo, más valientes de la sociedad civil. Ante la ausencia de sus hijos e hijas, muchas mujeres han decidido salir a buscarlos por cuenta propia, recorriendo campos, carreteras y fosas clandestinas con una mezcla de esperanza, dolor y determinación.

En ese contexto, cualquier acción institucional que facilite su trabajo, garantice transparencia y fortalezca el acompañamiento del Estado debe analizarse con responsabilidad y una perspectiva profundamente humana.

Esta semana, colectivos de búsqueda protagonizaron protestas y bloqueos en el centro de Xalapa, particularmente frente al Palacio de Gobierno y en las instalaciones de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV). Las manifestaciones surgieron tras inconformidades por cambios en la logística y en los apoyos destinados para las labores de búsqueda. Cinco colectivos denunciaron presuntas restricciones para participar en jornadas, además de retrasos y modificaciones en la entrega de recursos para viáticos y traslados.

Las protestas incluyeron consignas dirigidas a la titular de la Comisión, Namiko Matzumoto Benítez, a quien algunas manifestantes acusaron de aplicar revisiones arbitrarias para determinar quién recibe apoyos. Este escenario evidencia que la relación entre autoridades y colectivos debe construirse desde la confianza, el respeto y la empatía hacia quienes viven una tragedia permanente.

Ante la situación, la gobernadora Rocío Nahle García informó que el diálogo con los colectivos se mantiene abierto y que el secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, sostuvo conversaciones con representantes de varios grupos para atender sus inquietudes. La mandataria aseguró que el Estado no ha reducido los recursos destinados a estas labores y que Veracruz aporta alrededor de 60 millones de pesos al año para respaldar a los colectivos de búsqueda.

También destacó inversiones en infraestructura forense, como el laboratorio de identificación de restos óseos en Nogales y la construcción de otro en Xalapa, proyectos que buscan fortalecer la identificación de restos humanos.

Uno de los puntos del conflicto es la comprobación del gasto de los recursos públicos destinados a las búsquedas. Nahle señaló que los apoyos no se están negando, pero deben comprobarse conforme a la ley, por lo que se brindará capacitación a los colectivos para integrar facturas, recibos o formatos que acrediten los gastos realizados.

Este planteamiento puede convertirse en una oportunidad para mejorar el acompañamiento institucional. Las madres buscadoras no deberían enfrentar barreras administrativas, pero tampoco puede ignorarse que se trata de recursos públicos que deben transparentarse.

Más allá del debate administrativo, es importante no perder de vista el fondo: las madres buscadoras representan una de las luchas más legítimas de nuestro tiempo. Han transformado el dolor en acción y han obligado al Estado a mirar una crisis que durante años permaneció invisibilizada.

Apoyarlas no es solo una obligación legal, es un imperativo moral. Porque cuando una madre busca a su hijo desaparecido, no debería hacerlo sola. Y cuando el Estado decide ayudarla, debe hacerlo con sensibilidad, responsabilidad y justicia.

PEGA Y CORRE: La salida de Andrés Mendiola de la Dirección de Prensa del Ayuntamiento de Poza Rica, a menos de dos meses del inicio del gobierno de Adanely Rodríguez, deja ver tensiones en el manejo de la comunicación pública. Cuando un área estratégica enfrenta diferencias profesionales, el mensaje trasciende lo administrativo: habla de la relación con la prensa y la apertura informativa. Más que un relevo, el municipio enfrenta el reto de reconstruir confianza y garantizar una comunicación institucional transparente. Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

Esta es opinión personal del columnista