24 Jul 2026

CURIOSO PERO cierto. En México la Presidenta Claudia Sheinbaum exige pruebas para proceder al arresto del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ante el pedimento de Estados Unidos con fines de extradición por colaborar con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de "Los Chapitos". El Departamento de Justicia presentó una acusación formal que incluye delitos como conspiración para importar narcóticos, introducir grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina a Norteamérica, posesión y conspiración para el uso de ametralladoras y artefactos destructivos, además de que lo imputan por recibir sobornos a cambio de brindar protección política y permitir la operación del cártel, socavando las instituciones públicas, por lo que el gobierno norteamericano ha solicitado su extradición, un proceso legal que actualmente se encuentra en desarrollo y que, presuntamente se encuentra sustentado en versiones de testigos protegidos a los que la mandataria nacional no les concede ningún crédito, pero en Veracruz, la Fiscalía General del Estado si da certidumbre a la versión de esos testigos, y en base a ello, la dependencia ha solicitado al Congreso local el desafuero (declaratoria de procedencia) de Raúl González Martínez, presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, quien está siendo investigado por su presunta relación con el caso del secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán. Y es que un testigo protegido, según ha trascendido, declaró que supuestamente el alcalde pidió a un grupo criminal que privara de la libertad a la comunicadora, en aras de recuperar una fotografía en la que aparecía con un arma de uso exclusivo del ejército. En torno al crimen, la Fiscalía ya ha detenido a varios elementos de la Policía Municipal por ese mismo caso. Por lo pronto, el Congreso de Veracruz ya notificó al edil sobre el inicio del procedimiento de desafuero, de tal suerte que el expediente se encuentra en la Comisión Permanente Instructora, instancia que revisará las pruebas y determinará si procede el retiro de su inmunidad procesal. Ahora bien, para que el alcalde pierda el fuero y pueda ser juzgado por la vía penal, el pleno del Congreso requerirá la votación a favor de las dos terceras partes de los legisladores, aunque hay quienes afirman que el tema es político, y que la caída del munícipe se veía venir, luego de que en Junio del año en curso confrontó a la subsecretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, Eusebia Cortés López cuando repartía sillas de ruedas en el municipio, por lo que el alcalde se opuso provocando una controversia, ya que el alcalde de MC, señalara que la acción se llevó a cabo sin coordinación con el Ayuntamiento.

LUEGO DE aquellos hechos, Raúl González Martínez sufrió los efectos de la confrontación, de la tormenta desatada en su contra, a tal grado que antes de ser acusado por un “testigo protegido” de ser el autor intelectual del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán, ya habían iniciado un proceso de declaración de procedencia o desafuero por una presunta negligencia administrativa, ya que su gobierno incurrió en la omisión de entregar el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los plazos establecidos por la ley, convirtiendo a Ixhuatlán del Sureste en el único de los 212 ayuntamientos del estado de Veracruz en incumplir con esta obligación fundamental de planeación. Al igual que ahora, en junio la solicitud formal para iniciar el procedimiento fue promovida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, adscrita a la Fiscalía General del Estado. El documento oficial, fechado a principios de julio de 2026, fue remitido al Congreso de Veracruz con el objetivo de que el Poder Legislativo evalúe la viabilidad de retirar la protección legal al funcionario para que enfrente las responsabilidades correspondientes.

PERO YA no fue necesario porque ahora tiene la Fiscalía, gracias a un “testigo protegido”, la versión “formal y contundente” de que el Presidente Municipal de Ixhuatlán del Sureste, emanado de Movimiento Ciudadano, podría ser el autor intelectual del violento secuestro, asesinato y quema o desintegración del cadáver de la periodista de Jáltipan, y si no lo fuera, alguien tiene que pagar los platos rotos, y que mejor que un alcalde de Movimiento Ciudadano que ha demostrado rebeldía al poder. Aclaramos: no tratamos de proteger al munícipe ya que si fuera realmente culpable, seríamos los primeros en exigir que se le aplique todo el peso de la ley, pero lo que mete ruido o duda, es que la Fiscalía General del Estado se base en la versión de un testigo protegido cuya identidad se desconoce porque es “protegido”, aunque sería mejor transparentar el proceso de desafuero y, posterior arresto y juicio para que no se comprometa al Gobierno del Estado, concretamente, al Ejecutivo en un hecho que podría estar viciado y contaminado por algunos quedabien. 

EL OTRO caso de desafuero en puerta corresponde al alcalde emecista de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, quien enfrenta una denuncia relacionada con la desaparición del empresario minero, Héctor Ramos Sánchez el pasado 14 de mayo, cuando junto con su escolta Ignacio López, desaparecieron tras acudir a la casa del munícipe donde, presuntamente, se reunió con un jefe de plaza, según la llamada que recibió la esposa por parte del hombre de negocios. Desde entonces se desconoce su paradero lo mismo que de su guardaespaldas. Por esa razón la Fiscalía del Estado solicitó al Congreso local una declaración de procedencia para poder juzgarlo por el delito de desaparición forzada cometida por particulares. En fin, MC se encuentra en el ojo del huracán, y de proceder ambos casos, el proceso electoral de 2027 no le será nada grato. Así las cosas…

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CON EL asesinato –el miércoles 22- de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, periodista y columnista político de Oaxaca, suman ya siete comunicadores asesinados en México en lo que va del año, en lo que constituye una ola de violencia que no tiene para cuando parar, y menos si el Estado mexicano es permisible con esos hechos al cubrirlos con el manto de la impunidad. De acuerdo con los conteos de Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Artículo 19, organizaciones que documentan ataques contra la libertad de expresión en México, los siete asesinados, hasta el momento, son los siguientes: el 22 de julio fue acribillado Francisco Alejandro Leyva Aguilar, afuera de una fonda, mientras comía, ubicada en San Pablo Etla, un municipio al norte de la capital de Oaxaca; el 16 de julio, Josué Martínez Contreras, director del medio Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado en Puebla, a pocos metros de su casa. Dos sujetos armados en motocicleta abrieron fuego contra el periodista. El 3 de julio, la comunicadora Roxana Berenice Guzmán Ramírez fue sustraída con violencia de su vivienda en Jaltipan, y sus restos calcinados fueron localizados semanas después. El 20 de junio, Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido como Alex Serna, fue localizado sin vida después de permanecer desaparecido desde el pasado 20 de junio en Zihuatanejo, Guerrero. Autoridades localizaron dos días después un cuerpo con huellas de violencia al interior de un tambo abandonado sobre la carretera federal Zihuatanejo-Acapulco. Serna recibió amenazas por hacer públicas irregularidades en una empresa deshidratadora de mango, ubicada en la comunidad de La Saladita. El 11 de junio, Luis Ángel López Valdés, quien trabajaba para el medio “Vanguardia de Veracruz”, fue asesinado por hombres armados cuando circulaba sobre la avenida 20 de noviembre de Poza Rica; el 18 de marzo Juan David Gámez, fue asesinado en Nuevo León, y el 8 de enero Carlos Leonardo Ramírez Castro fue acribillado en Veracruz al interior de un restaurante propiedad de su familia. Así las cosas con la libertad de expresión. OPINA carjesus30@hotmail.com 

Esta es opinión personal del columnista