03 Abr 2025

Este día, frente a una multitud fervorosa y con la bandera ondeando detrás como telón teatral, Donald Trump proclamó el “Día de la Liberación Económica de Estados Unidos”. Liberación de qué, exactamente, no fue del todo claro. Pero el contenido de su anuncio sí lo fue: un arancel base del 10% para todas las importaciones, y tarifas mucho más elevadas —de hasta el 60%— para países con los que Estados Unidos mantiene déficits comerciales considerables. El mundo entero sintió el eco de esas palabras como si se tratara de un cañonazo diplomático.

En ese mismo acto, quedó abolido, en la práctica, el espíritu del sistema multilateral que se había construido tras la Segunda Guerra Mundial. La Organización Mundial del Comercio, con sus reglas, paneles y compromisos recíprocos, fue despojada de poder por decreto. Ya no es el déficit fiscal o la deuda pública lo que preocupa al imperio; es el déficit comercial como síntoma del pecado económico. La pena: sanción, castigo, arancel.

México, aunque no fue incluido directamente en la lista de los países con aranceles punitivos, recibió una advertencia disfrazada de deferencia. Trump afirmó que el T-MEC se mantiene, pero recordó que todo lo que no esté en estricto cumplimiento con el tratado enfrentará aranceles del 25%. La amenaza es más amplia de lo que parece. Incluye autos que no cumplen con las reglas de origen actualizadas, productos agroindustriales con controversias sanitarias y bienes manufacturados que contengan insumos considerados “sensibles” por la nueva narrativa económica estadounidense.

Además, se oficializó un arancel del 25% a todas las importaciones de cerveza y de latas de aluminio vacías, golpeando de lleno a uno de los sectores más simbólicos y exitosos de las exportaciones mexicanas: la industria cervecera. En 2024, México exportó más de 5 mil millones de dólares en cerveza, más del 80% con destino a Estados Unidos. Hoy, esa espuma comienza a evaporarse bajo el calor de la política.

Pero lo más delicado es el uso político de la cláusula de “seguridad nacional”. Bajo ese argumento, el gobierno estadounidense ha sostenido que puede imponer medidas unilaterales contra cualquier país que considere una amenaza, incluso si existe un tratado vigente. Y ahí es donde México queda vulnerable, pues la administración Trump ha vinculado en sus discursos recientes los flujos migratorios, el tráfico de fentanilo y los desequilibrios comerciales, como si fueran tres cabezas del mismo monstruo. Esta narrativa permite el uso de herramientas legales para castigar importaciones, aún sin romper formalmente el T-MEC.

La declaración oficial de la Casa Blanca es precisa: los productos mexicanos que cumplan estrictamente con el T-MEC quedarán exentos de los nuevos aranceles, lo cual puede atribuirse como un gran logro del Secretario de Economía, Marcelo Ebrard ante sus distintas gestiones con las contrapartes. Sin embargo, los que no cumplan enfrentarán un 25%, y en sectores como la energía y el potasio, incluso si cumplen parcialmente, se aplicará un 10% adicional si se considera que no encajan en las prioridades de seguridad nacional. Si en el futuro se eliminan las órdenes ejecutivas relacionadas con el fentanilo y la migración, los bienes no conformes pasarán a enfrentar un arancel del 12%.

Esto no es una política comercial. Es una arquitectura jurídica de presión. Un tablero donde se coloca a México en un estado de condicionalidad permanente, vigilado no solo por reglas comerciales, sino por percepciones políticas, discursos de seguridad nacional y métricas migratorias.

En este contexto, la llamada “autonomía inteligente” que México podría buscar —diversificación de socios, mayor integración con Asia, relanzamiento de relaciones con Europa y América del Sur— se convierte en un ejercicio de alto riesgo si no va acompañado de una profunda reconversión industrial, de una nueva política fiscal, mayor capacidad técnica de las autoridades locales para recaudar e invertir estratégicamente, una estrategia nacional de innovación, infraestructura logística de clase mundial y una diplomacia económica profesionalizada. Sin esos pilares, el intento de autonomía será simplemente una ilusión vulnerable a nuevos embates.

Las consecuencias inmediatas no tardarán. Las inversiones planeadas en el norte del país ligadas a la relocalización por nearshoring entran en zona de incertidumbre. Las cadenas de valor en sectores clave como autopartes, acero, agroindustria y energía enfrentan una ola de revisiones. El peso mexicano sufre presiones, la confianza empresarial se enfría y los escenarios de crecimiento para 2025 ya han sido ajustados a la baja. Lo que parecía una guerra comercial lejana se convierte, para México, en una crisis de proximidad estructural.

Al mismo tiempo, se desmorona el principio multilateral sobre el cual México edificó su estrategia de inserción global desde los años noventa. El comercio ya no es un sistema de reglas; es un sistema de advertencias. No importa cumplir el tratado si mañana el tratado puede ser reinterpretado, condicionado o desmantelado por un decreto presidencial amparado en “seguridad nacional”.

Pero el mundo no termina en América del Norte. Y el sismo es global.

China recibió la embestida frontal: un arancel del 60% a sus exportaciones. La respuesta fue inmediata. Beijing anunció represalias específicas, restricciones a empresas tecnológicas estadounidenses, bloqueo selectivo a granos y la aceleración de sus acuerdos comerciales con África, América Latina y el sudeste asiático. Además, lanzó una nueva fase de internacionalización del yuan, para reducir su dependencia del dólar y construir un sistema financiero alternativo.

La Unión Europea fue colocada en el umbral de una crisis diplomática: 20% de arancel general, incluidos automóviles alemanes, maquinaria francesa, productos farmacéuticos belgas y vinos italianos. Bruselas convocó a una cumbre de emergencia. Francia propuso una tasa espejo. Alemania exigió una exención sectorial. Italia y España hablaron de retaliación simbólica. Pero la verdadera revolución se gesta en voz baja: la construcción de una autonomía estratégica frente a Estados Unidos.

Japón y Corea del Sur enfrentan un castigo del 24%. Ya iniciaron conversaciones con Australia, Vietnam, Malasia y la India para relanzar una alianza comercial post-TPP. Al mismo tiempo, sus bancos centrales comenzaron a intervenir para estabilizar sus monedas.

Vietnam y Tailandia, con aranceles del 46% y 36%, son penalizados por haber emergido como plataformas manufactureras de alta eficiencia. Redirigen exportaciones a Europa y China, y fortalecen su infraestructura logística. Reino Unido, aún en pos-Brexit, recibió un arancel del 10%. Downing Street se ha replegado en su silencio.

Brasil, Argentina y Chile, que habían contemplado con cautela la ruptura entre Washington y Pekín, ven ahora una oportunidad y una amenaza. Ofrecen litio, granos y tecnología agroindustrial. Reavivan vínculos con Europa y China. Reestructuran sus políticas de alianzas y financiamiento.

Y en las sombras, Rusia capitaliza el desorden. Aprovecha la fragmentación para promover una arquitectura comercial paralela, monetaria y energética, que erosione el orden económico occidental.

Este episodio no es una anécdota electoral. Es un giro filosófico en la política económica global. Se abandona la idea de que el comercio genera paz para abrazar la noción de que el comercio es guerra con otras armas. La economía se vuelve territorio de soberanías confrontadas, de mercados fragmentados y de bloques que levantan murallas en lugar de puentes.

Este momento no tiene precedentes en su alcance ni en su ambición. Lo que está en juego no es solo la dirección del comercio global, sino la idea misma de comunidad internacional. Se rompe el principio de reciprocidad multilateral para instalar la ley del más fuerte. Se abandona la eficiencia para abrazar el castigo. Se disuelve la cooperación para fundar el chantaje.

Si la economía es una ciencia moral, como alguna vez se dijo, entonces este es el momento de mayor inmoralidad estructural de nuestra era. Porque aquí no se castiga al poderoso, sino al sistema. Y con él, a millones de personas cuya calidad de vida depende de la estabilidad de reglas que están siendo arrancadas como páginas de un libro olvidado.

Pero hay un margen para la respuesta. La historia no está escrita. La pregunta ahora es quién tendrá el valor, la inteligencia y la voluntad política para imaginar un nuevo paradigma donde el comercio recupere su sentido: construir bienestar compartido y no alimentar guerras encubiertas.

Porque de todas las lecciones del siglo XXI, quizás la más importante sea ésta: cuando las economías se aíslan, las sociedades se apagan.

México debe leer este momento con la madurez de una potencia media que se juega su destino. Las respuestas tácticas ya no bastan. Se requiere visión de largo plazo. Se requiere construir una política económica que respire autonomía, que sepa resistir, pero también que sepa negociar, integrar, innovar y conducirse técnicamente con responsabilidad histórica para tomar decisiones por difíciles que parezcan.

Porque el comercio, cuando se convierte en campo de batalla, transforma a las economías en trincheras. Y México, si quiere evitar convertirse en víctima, deberá dejar de pensar como frontera y encontrar respuestas vacías en el nearshoring y comenzar a actuar como nodo estratégico y promotor de la innovación y el emprendimiento para un mejor mañana.

¿Voy bien o me regreso? 

Hoy no me vienen a la mente placeres culposos para compartir. Solo van más flores para Greis y Alo.

Esta es opinión personal del columnista