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Noreste | Ciudad Madero, Tamaulipas | 26 Jul 2026 - 10:49hrs

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) aclararon de manera contundente que carecen de facultades legales para autorizar, regular o supervisar escuelas privadas que operen bajo el concepto de "militarizadas".

Estos pronunciamientos oficiales surgen en respuesta al trágico feminicidio de Dafne Zapata Quintos Martínez, una adolescente de 13 años que perdió la vida en julio pasado durante un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

​A través de un comunicado oficial, la Sedena puntualizó que, de acuerdo con su Reglamento Interior vigente desde 2008, la dependencia no tiene ninguna relación institucional con el plantel involucrado ni con ninguna otra institución privada de naturaleza similar.

Explicaron que la educación castrense es competencia exclusiva de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional.

​Por su parte, la SEP respaldó esta postura y reiteró que en México no existe un marco normativo que permita impartir educación básica bajo modalidades "militarizadas" en el sector privado.

Mario Delgado, titular de la dependencia federal, condenó los hechos y calificó de inadmisible que, bajo la falsa premisa de una supuesta instrucción militar, se pretenda normalizar o encubrir actos de violencia y abuso contra menores de edad.

En tanto, las autoridades educativas en Tamaulipas ya evalúan las medidas administrativas correspondientes respecto a los permisos otorgados a dicha academia en años pasados.

​El trágico caso de Dafne, quien de acuerdo con la autopsia falleció por asfixia y presentaba golpes en el rostro, ha conmocionado al país.

Hasta el momento, las investigaciones han derivado en la captura de tres presuntos responsables , Danna Yanina “N”, Jorge Luis Ponce Ortega, identificado como el director de la Academia Militarizada Marina Doenitz y Estrellita Mora Díaz, imputados por el delito de feminicidio.

Sin embargo, la familia de la víctima exige que las investigaciones se amplíen hacia todos los adultos presentes el día del crimen, mientras la defensa de la detenida sostiene que su representada también fue víctima de malos tratos al interior de la institución, abriendo nuevas líneas de investigación en este complejo caso.