Xalapa, Ver.– No existen cifras exactas, pero se estima que de 2006 a la fecha se han producido en Veracruz entre tres mil a 20 mil desapariciones de personas y se da por hecho que las «desapariciones forzadas» tuvieron su auge entre 2010 y 2016, cuando el estado fue gobernado por un grupo de jóvenes llamados duartistas porque los comandaba Javier Duarte.

Lo anterior deriva del informe llamado «Hasta Encontrarlos», que fue elaborado por
la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Litigio Estratégico en Derechos Humanos (IDHEAS) y el colectivo de familiares Solecito del estado de Veracruz.

Existe información fidedigna y bien documentada de al menos 22 casos específicos de desapariciones forzadas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, cuando Erick Lagos Hernández fue subsecretario y después secretario de Gobierno y Luis Ángel Bravo Contreras, el Fiscal General del estado.

Con declaraciones de familiares, fotografías, videos, documentos ministeriales y más evidencias, dicho informe fue presentado apenas en octubre de este 2022 ante la Corte Penal Internacional, solicitándole abrir un examen preliminar.

Información difundida por el diario Contra Réplica revela que las referidas organizaciones no gubernamentales remitieron el informe completo y presentaron una denuncia en contra del gobierno mexicano por las desapariciones ocurridas entre 2012 y 2016, en el estado de Veracruz.

Información que es pública, difundida a través de medios informativos y redes sociales, señala que durante el periodo gubernamental del «Duartismo» presuntamente policías estatales, ministeriales y municipales, habrían cometido atrocidades generalizadas como levantones, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
por motivos políticos en contra de personas defensoras de derechos humanos, activistas, luchadores sociales y periodistas incómodos.

Precisamente, algunos activistas y defensores de los derechos humanos aseguran que éstas violaciones y crímenes de lesa humanidad se fueron perfeccionando hasta convertirse en Veracruz en una política de Estado desarrollada para infundir terror y
mantener el control social, político y económico de la entidad: el poder por el poder.

Según Contra Réplica, el informe conjunto presentado ante La Haya tiene “bases razonables para afirmar que se cometió el crimen de lesa humanidad de desaparición forzada de competencia de la Corte Penal Internacional en el estado de Veracruz, como parte de un ataque sistemático contra la población civil de dicho estado”.

También explica que, se han contabilizado, 22 casos ocurridos entre noviembre de 2012 y julio de 2016 que incluyen a 7 víctimas luego encontradas en la fosa clandestina Colinas de Santa Fe, en las afueras de la ciudad de Veracruz (la cual contiene un total de 305 cuerpos). 

En este sentido se detalla como aspecto relevante que en el estado de Veracruz se localizan las dos fosas clandestinas más grandes de América Latina: Colinas de Santa Fe, con 305 cuerpos en el municipio de Veracruz y El Arbolillo, con 310 cuerpos en Alvarado, mismas que fueron localizadas por la organización firmante, Solecito.

Cabe recordar que Javier Duarte de Ochoa, el ex gobernador, fue detenido en abril de 2017 en Guatemala y se le dictó sentencia de 9 años de prisión en septiembre de 2018 tras declararse culpable de los delitos de asociación delictiva y lavado de dinero, pero tiene pendiente un proceso por posible desaparición forzada.

En el caso de Luis Ángel Bravo Contreras quien en aquellos tiempos fue el poderoso Fiscal General de Veracruz, fue detenido y puesto en prisión como presunto responsable de desaparición forzada de varias personas.

No obstante y después de varios meses de prisión y luego de arraigo domiciliario, en noviembre de 2019, el juez Décimo Quinto de Distrito, Samuel Renpe Cruz Torres, resolvió otorgar el amparo que dejó sin efecto la medida cautelar de dos años de arraigo domiciliario que había dictado la juez Mónica Segovia.

Por consiguiente el ex fiscal enfrenta su proceso en libertad, debido a que sigue activa la indagatoria por su presunta participación en la desaparición forzada de personas, de lo cual Bravo Contreras busca la absolución plena.

De acuerdo con una publicación de Sin Embargo del año 2017, «familiares de jóvenes desaparecidos (habían) documentado hechos ante la CIDH y la Fiscalía General del Estado de Veracruz en los que el ex Secretario de Seguridad Pública (Arturo Bermúdez Zurita), dejó su huella. Denuncian que está involucrado en al menos 40 casos de desaparición forzada.»

También se le abrió proceso por abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito y él devolvió al estado propiedades y dinero en efectivo por varios cientos de millones de pesos para reparar el daño.

Del que hasta el momento nada se dice y misteriosamente nadie toca, es al ex Secretario de Gobierno, Erick Lagos Hernández, quién también en reiteradas ocasiones ha sido señalado de estar involucrado en las desapariciones de personas.

Muchas veces fue cuestionado por los medios y unque siempre respondía con evasivas, en alguna ocasión aseguró que era falso que la Fiscalía Especializada para investigar y localizar a personas desaparecidas, dependiente de la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJ), fuera inoperante e ineficaz.

Al ser increpado por padres de jóvenes desaparecidos hartos de la impunidad, Lagos Hernández les dijo que se estaba “avanzando en muchos de los casos, otros están en proceso; si hay personal que está llevando a cabo las investigaciones y si faltan todavía varios casos por resolverse, pero precisamente en eso estamos”, les argumentó.

Hoy el ex secretario de Gobierno vive entre las sombras y ninguna autoridad lo llama a declarar sobre al menos esos 22 casos documentados de desaparición forzada presentados en el Tribunal Penal Internacional y que se habrían cometido durante el Duartismo.

De los cuales 7 fueron víctimas encontradas en la fosa clandestina Colinas de Santa Fe; 9 víctimas desaparecidas en la colonia Formando Hogar, ciudad de Veracruz y otras 6 víctimas desaparecidas en la ciudad de Veracruz. 

Por otra parte, el Colectivo por la Paz Xalapa, en compañía de familiares de desaparecidos, han denunciado la desaparición forzada de personas a manos de presuntos elementos de seguridad pública del estado.

De acuerdo a dicho Colectivo, de 50 casos que hace acompañamiento, 20 se trata de personas sustraídas con lujo de violencia por elementos uniformados, algunos a bordo de supuestas patrullas con números tapados.

Así pues, el tribunal de La Haya ya realiza las investigaciones correspondientes y aún hay mucha tela de donde cortar, muchas pruebas por considerar y a muchos ex duartistas por llamar a cuentas.

Por Severo Mirón