• Presenta la diputada Janix Liliana Castro Muñoz iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

La Mesa Directiva de la LXVI Legislatura turnó a la Comisión Permanente de Procuración de Justicia la iniciativa, autoría de la diputada Janix Liliana Castro Muñoz, que tiene como finalidad el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dotándola de autonomía e independencia plenas en el ejercicio de su función.

En la Novena Sesión Ordinaria, se dio trámite a la propuesta de reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en la que se precisaría que la Fiscalía Anticorrupción es el ente del Ministerio Público en la entidad con competencia exclusiva en los delitos por hechos de corrupción, y así equiparar su grado jerárquico al de la Fiscalía General del Estado (FGE) solo por cuanto al conocimiento de los asuntos que les competen.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, se pretende dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, específicamente en cuatro categorías. La primera, administrativa, para que cuente con la facultad de decidir de forma independiente sobre el régimen laboral y administrativo, cese o baja de sus servidores públicos, fijación de montos salariales, creación o supresión de áreas. La segunda, técnica, para disponer libremente los actos, métodos y procedimientos, adecuados para ejecutar las acciones en la persecución de sus metas y objetivos.

La tercera, gestión, que conlleva la disposición de recursos propios y suficientes para el ejercicio de sus atribuciones, de acuerdo con las necesidades y exigencias que requiera el servicio. La cuarta y última, decisión, relacionada con la competencia específica y particular para emitir sus propias determinaciones en los asuntos puesto a su conocimiento, sin necesidad de recurrir a recomendación u opinión de un agente externo.

Por otra parte, se eliminaría la porción normativa que designa a la Fiscalía Anticorrupción como área administrativa integrante de la estructura orgánica de la FGE, en virtud a la equiparación de ambas entidades como el Ministerio Público de la entidad. En concordancia, se delimita la competencia en materia de combate a la corrupción, para que la investigación y judicialización de los delitos por hechos de corrupción, correspondan exclusivamente a la Fiscalía Anticorrupción.

Además, se modifica la atribución indelegable de la FGE para que mantenga la expedición de nombramiento, determinación de cambios de adscripción; concesión de licencias y aceptación de renuncias, separación, remoción, bajas o ceses de su personal de confianza, con excepción de los miembros de la Fiscalía Anticorrupción, cuya facultad se circunscribe únicamente para dicha entidad.

Se reduce la potestad para solicitar la remoción del Fiscal Anticorrupción, de acuerdo con las causales legales establecidas, correspondiendo únicamente al Congreso del Estado; eliminando de este modo la facultad que compartía la FGE, puesto que se busca eliminar toda disposición normativa que implique una facultad sesgada de subordinación ante cualquier organismo o entidad.

Otra de las disposiciones que prevé esta iniciativa es el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción y a su titular, estableciendo facultades correspondientes para éste último, a fin de que cuente con un amplio catálogo de funciones y atribuciones que le permitan ejercer su encargo sin mayor limitante que la propia ley, dotando de un marco de seguridad jurídica que respalde su actuación frente a los particulares sujetos a sus procedimientos, como a la colaboración con otras entidades y organismos.

Se prevé la desaparición de áreas de la FGE que lleven a cabo funciones en materia de Combate a la Corrupción para ser trasladadas a la estructura orgánica de la Fiscalía Anticorrupción, que, de igual forma, atraerá todos los asuntos que se encuentren en trámite para asumir su conocimiento, seguimiento y resolución.

De aprobarse la iniciativa y para efectos del presente ejercicio presupuestal, la FGE generaría las adecuaciones administrativas y financieras para cumplir con las disposiciones de la modificación, garantizando la subsistencia actual de los recursos humanos, materiales y financieros de la Fiscalía Anticorrupción.

Como consecuencia de esta reforma, el Congreso del Estado iniciaría el procedimiento de nombramiento de un nuevo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, para lo cual contará con 30 días naturales para emitir la convocatoria respectiva.

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• Mayor participación de autoridades y particulares, promueve Anilú Ingram Vallines.

Para que se otorgue a las autoridades municipales atribuciones más precisas en materia de combate al Cambio Climático y se reconozca a quienes se sumen a esta labor, la diputada Anilú Ingram Vallines presentó una Iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático y a la Ley Orgánica del Municipio Libre.

En uso de la palabra desde la tribuna durante la Novena Sesión Ordinaria, la legisladora refirió datos del Banco Mundial, según los cuales, el 15 por ciento del territorio mexicano, 68 por ciento de su población y 71 por ciento de su economía están expuestos a las consecuencias adversas de dicho fenómeno, y por entidades federativas, Veracruz es una de las que corren mayores riesgos.

La propuesta consiste en reformar dichos ordenamientos para incluir a los ayuntamientos del estado entre las autoridades en materia de Cambio Climático, señalar que todos los ayuntamientos integrarán el Consejo Estatal para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del Cambio Climático, establecer la coordinación entre los gobiernos estatal y municipales, que éstos emitan sus opiniones conforme a los temas que señale el titular de la Secretaría del Medio Ambiente y que, por acuerdo del Cabildo, se otorgue estímulos fiscales a los particulares que en sus predios realicen acciones de mitigación en favor del medio ambiente.

Asimismo, que los ayuntamientos tomen los acuerdos procedentes como integrantes del Consejo Estatal para la Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático y facultar al Cabildo respectivo para otorgar los estímulos fiscales mencionados.

Esta Iniciativa, que se enmarca en los objetivos de desarrollo sostenible 3, 6, 11, 13, 15 y 16 de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, fue turnada a las comisiones permanentes unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y De Gobernación.

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• Respaldan diputadas y diputados el proyecto del Gobernador del Estado que fortalece y renueva la legislación estatal en la materia.

Con 33, sin votos en contra ni abstenciones, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el proyecto de Ley de Prevención, Atención y Asistencia de la Violencia Familiar en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a iniciativa del gobernador del estado, ingeniero Cuitláhuac García Jiménez.

Derivado de dicha iniciativa, el dictamen emitido por las comisiones permanentes unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y Para la Igualdad de Género indica que la institución familiar se debe entender como una célula social basada en el respeto a la dignidad de sus integrantes, formada con el propósito de procurar el sano desarrollo de la personalidad de los mismos.

De acuerdo con el proyecto, se busca reconocer a todos los tipos de familias establecidos por la ley, con el propósito de prevenir, atender y asistir el fenómeno de la violencia familiar en el estado con una ley armonizada a las necesidades sociales vigentes y una debida pertinencia cultural, bajo el principio de no discriminación y el enfoque de derechos humanos.

Se precisa que la propuesta surgió de la exigencia social de dar respuesta inmediata a los altos índices de casos de violencia familiar en la entidad, por la que se vulneran de forma constante los derechos humanos y la integridad física y psicoemocional de quienes por sus características especiales son más propensos a ser víctimas de violencia ejercida por otro integrante del grupo familiar, produciéndoles un daño físico, psíquico o económico, entre otros.

Añaden las comisiones dictaminadoras, que, ante la realidad que se evidencia de distintas maneras, se vislumbra un requerimiento urgente de establecer una ley actualizada y acorde tanto con los derechos humanos, como con las normas aplicables en esta materia. Por esto, el dictamen aclara que, aunque ya existen ordenamientos relacionados con el fenómeno de la violencia familiar, se busca unificar criterios y homologar la actuación de las instituciones, dependencias y organismos constitucionales autónomos del Estado intervinientes, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar este problema público en el estado.

Los principios rectores de la Ley de Prevención, Atención y Asistencia de la Violencia Familiar son: Pro persona, Igualdad y no discriminación, Dignidad humana, Buena fe, Presunción de inocencia, Interés superior de la niñez, Complementariedad, Oportunidad, Debida diligencia, Gratuidad, Máxima protección, Confidencialidad, De oficio, Debido proceso, Igualdad de género y Progresividad.

Esta ley consta de 52 artículos contenidos en diez capítulos: Disposiciones generales, Del Consejo Estatal para la Prevención, Atención y Asistencia de la Violencia Familiar, De las Instituciones Públicas Responsables, Del Sistema de Alerta Temprana de Violencia Familiar, De la Atención Especializada e Integral de la Violencia Familiar, Reglas Comunes Aplicables a los Procesos y Procedimientos de Violencia Familiar, Del Inicio de los Procesos y Procedimientos, Órdenes y/o Medidas de Protección y Seguridad, Medios de Impugnación, De la Comisión Permanente de Asuntos Legales, y once transitorios.

En la etapa de posicionamientos, por el Grupo Legislativo de Morena, la diputada Adriana Esther Martínez Sánchez manifestó el reconocimiento de esta bancada a la amplia visión y el inquebrantable compromiso del mandatario estatal “por incentivar acciones eficaces como esta herramienta jurídica que, al entrar en vigor, representará una esperanza para quienes están inmersos en esta forma de violencia”.

Con esta ley, dijo también la legisladora, “se estará concediendo a Veracruz las bases y los procedimientos para prevenir y erradicar la violencia familiar, así como asistir y atender integralmente a las personas receptoras de esa violencia para, en su caso, promover las sanciones y medidas necesarias entre quienes las generen”.

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