Xalapa, Ver.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó imponer sanciones derivadas de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y gastos de los periodos de obtención del apoyo de la ciudadanía de las personas aspirantes a candidaturas independientes y de precampaña presentados por los partidos políticos, a diversos cargos.

Lo anterior, como parte del trabajo de fiscalización del Instituto en el marco del Proceso Electoral Local Ordinario y Concurrente 2023-2024 en los estados de Aguascalientes, Baja California, Colima, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Puebla, Tamaulipas y Tlaxcala.

En sesión extraordinaria, el Consejero Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, aseguró que esta tarea del INE abona de manera relevante a la certeza en los procesos electorales por dos razones.

“La primera es que permite conocer de manera veraz y oportuna el origen, monto y aplicación de los recursos que tanto los partidos políticos, las precandidaturas y las personas aspirantes a candidaturas independientes ejercieron en sus actividades orientadas a buscar la postulación a un cargo electivo”, subrayó.

La segunda razón, sostuvo, es que la fiscalización permite adoptar las medidas correctivas conducentes en caso de detectar irregularidades o infracciones a la normatividad, en aras de fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia.

De este modo, el procedimiento cumple una doble finalidad: “además de constituirse como un blindaje para corregir el comportamiento contable y financiero de los sujetos obligados, de la misma manera, evita que intereses como los recursos de procedencia ilícita o grupos de presión puedan intervenir en la igualdad en la contienda”, enfatizó el Consejero Montaño.

Además, en el marco del Día Internacional de las Mujeres, reconoció que aún queda mucho por hacer para que las precandidatas y candidatas compitan en igualdad de condiciones con los hombres, “situación que pasa necesariamente por la vida interna de los partidos políticos”.

Montaño precisó que, en la etapa de precampañas en las entidades de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tlaxcala, la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) revisó 429 informes y, después de su análisis, se determinó que los partidos políticos reportaron ingresos por 9 millones 146 mil 259 pesos y gastos por 8 millones 987 mil 500 pesos.

Entre las conductas sancionables más recurrentes, la UTF detectó los egresos no reportados, la presentación extemporánea de los informes, los eventos informados posterior a su realización o el mismo día, así como la omisión de presentar el informe de precampaña. Producto de estas conductas, las resoluciones plantearon sanciones globales -de manera preliminar- por un millón 948 mil 651 pesos.

En cuanto al periodo de obtención de apoyo ciudadano en ocho entidades, los documentos aprobados dan cuenta de la revisión de 56 informes en los que las y los aspirantes a una candidatura independiente reportaron ingresos por 834 mil 157 pesos y gastos por 648 mil 379 pesos.

Luego de la verificación a cargo de la UTF, se detectaron 13 casos de omisión en la presentación de informes de apoyo de la ciudadanía: uno de Aguascalientes, tres de Michoacán y nueve de Tamaulipas. De manera global, se impusieron sanciones -de carácter preliminar- a las personas aspirantes infractoras que ascienden a 137 mil 144 pesos.

Cabe mencionar que las sanciones económicas aprobadas pueden variar debido a las votaciones particulares, así como erratas y adendas circuladas en el desarrollo de la sesión.

En sus intervenciones, las consejerías coincidieron en la importancia del trabajo de fiscalización a cargo del Instituto y advirtieron que se debe atender la presentación de los informes de ingresos y gastos por medios diferentes al Sistema Integral de Fiscalización, ya que se ha detectado como una actitud recurrente.

Más adelante, el pleno dio cumplimiento a tres sentencias de las salas regionales Ciudad de México, Monterrey y Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia de fiscalización.