• La magistrada Beatriz Rivera Hernández manifestó que no es su voluntad ser ratificada en el cargo tras la conclusión de su nombramiento.

El Pleno de la LXVI Legislatura del estado de Veracruz aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) por el cual se determina la no ratificación de la ciudadana Beatriz Rivera Hernández para que pueda ejercer el cargo de magistrada por cinco años más a la conclusión de su nombramiento.

Lo anterior, durante la Novena Sesión Ordinaria y con fundamento en diversas disposiciones de las constituciones políticas general y local, así como de las leyes orgánicas de los poderes Legislativo y Judicial, respectivamente, que establecen los principios de supremacía constitucional, voluntad de las partes, interpretación legislativa, libre desarrollo, razonabilidad, objetividad, imparcialidad, práctica parlamentaria, certeza y seguridad jurídica, así como la voluntad expresada de la persona involucrada.

En el Acuerdo, la Jucopo refiere el análisis del Dictamen Técnico emitido por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en cuanto al razonamiento respecto a no hacer mayor estudio de los elementos dispuestos en el Artículo 210 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, dado que era innecesario al actualizarse la determinancia de la voluntad expresada por la magistrada Beatriz Rivera Hernández, quien manifestó que no es su voluntad ser ratificada en el cargo por un periodo más de cinco años.

El documento expone que, si bien la magistrada Beatriz Rivera Hernández es idónea por satisfacer los requisitos constitucionales exigidos para continuar en el cargo, no puede ser desatendida su voluntad expresada con respecto al proceso de ratificación, ya que, además de ser un elemento de estudio preliminar y preferente, deviene determinante para la toma de la decisión que realiza el Poder Legislativo.

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• Como resultado del Foro Consultivo con personas con discapacidad, diputadas y diputade presentan la propuesta, que contiene las aportaciones de personas con discapacidad.

El Pleno de la LXVI Legislatura dio trámite a la iniciativa de decreto que reforma al Artículo 145 del Código Civil para el Estado de Veracruz, presentada por la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables de este Congreso.

Las diputadas Anilú Ingram Vallines y Ana Miriam Ferráez Centeno, así como el diputade Ky Durán Chincoya, presidenta, secretaria y vocal de dicha comisión, presentaron la propuesta en concordancia con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la acción de inconstitucionalidad 144/2020 y su acumulada 185/2020.

De esta manera, la Comisión pretende que la nueva redacción del Artículo 145 del Código Civil sea, “para el caso de personas mayores con discapacidad, que aún se encuentren bajo tutela de excónyuges, en la sentencia de divorcio deberán establecerse las medidas correspondientes para su protección, de conformidad con la legislación vigente, y en estricto apego al ejercicio de sus derechos humanos. La sentencia de divorcio deberá establecer la reparación del daño en caso de violencia familiar contra cualquiera de las personas integrantes de la familia”.

Previamente, las diputadas y el legislador exponen que, en cumplimiento con la sentencia, se emitió la Convocatoria para el Foro Consultivo dirigido a personas con discapacidad, mismo que fue realizado el pasado 25 de junio en el Congreso local, con la finalidad de escuchar las aportaciones de este sector poblacional en relación con las modificaciones necesarias al Artículo 145 del Código Civil.

En el Foro Consultivo participaron de manera presencial 193 personas con discapacidad más cinco de manera virtual, de las cuales, un total de 198, 15 se identificaron con discapacidad auditiva; 45, motriz; 22, visual; 4, psicosocial; 5 de talla baja; 19, intelectual y 88 son familiares, personas que cuidan o apoyan, así como integrantes de organizaciones e instituciones de y para personas con discapacidad.

Durante la realización del Foro se contó con las medidas para garantizar la accesibilidad en la infraestructura, mediante ascensor, rampas y rutas de acceso libre para personas con discapacidad motriz.

Asimismo, se implementaron los ajustes razonables, tales como la interpretación en Lengua de Señas Mexicana, la presencia de personas facilitadoras para la comunicación de personas con discapacidad intelectual y se brindaron servicios de apoyo, ayuda y acompañamiento a quienes lo requirieron.

La iniciativa fue turnada, para su estudio y dictamen, a la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.

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• Presenta la diputada Janix Liliana Castro Muñoz iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

La Mesa Directiva de la LXVI Legislatura turnó a la Comisión Permanente de Procuración de Justicia la iniciativa, autoría de la diputada Janix Liliana Castro Muñoz, que tiene como finalidad el fortalecimiento de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dotándola de autonomía e independencia plenas en el ejercicio de su función.

En la Novena Sesión Ordinaria, se dio trámite a la propuesta de reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, en la que se precisaría que la Fiscalía Anticorrupción es el ente del Ministerio Público en la entidad con competencia exclusiva en los delitos por hechos de corrupción, y así equiparar su grado jerárquico al de la Fiscalía General del Estado (FGE) solo por cuanto al conocimiento de los asuntos que les competen.

De acuerdo con el texto de la iniciativa, se pretende dotar de autonomía a la Fiscalía Anticorrupción, específicamente en cuatro categorías. La primera, administrativa, para que cuente con la facultad de decidir de forma independiente sobre el régimen laboral y administrativo, cese o baja de sus servidores públicos, fijación de montos salariales, creación o supresión de áreas. La segunda, técnica, para disponer libremente los actos, métodos y procedimientos, adecuados para ejecutar las acciones en la persecución de sus metas y objetivos.

La tercera, gestión, que conlleva la disposición de recursos propios y suficientes para el ejercicio de sus atribuciones, de acuerdo con las necesidades y exigencias que requiera el servicio. La cuarta y última, decisión, relacionada con la competencia específica y particular para emitir sus propias determinaciones en los asuntos puesto a su conocimiento, sin necesidad de recurrir a recomendación u opinión de un agente externo.

Por otra parte, se eliminaría la porción normativa que designa a la Fiscalía Anticorrupción como área administrativa integrante de la estructura orgánica de la FGE, en virtud a la equiparación de ambas entidades como el Ministerio Público de la entidad. En concordancia, se delimita la competencia en materia de combate a la corrupción, para que la investigación y judicialización de los delitos por hechos de corrupción, correspondan exclusivamente a la Fiscalía Anticorrupción.

Además, se modifica la atribución indelegable de la FGE para que mantenga la expedición de nombramiento, determinación de cambios de adscripción; concesión de licencias y aceptación de renuncias, separación, remoción, bajas o ceses de su personal de confianza, con excepción de los miembros de la Fiscalía Anticorrupción, cuya facultad se circunscribe únicamente para dicha entidad.

Se reduce la potestad para solicitar la remoción del Fiscal Anticorrupción, de acuerdo con las causales legales establecidas, correspondiendo únicamente al Congreso del Estado; eliminando de este modo la facultad que compartía la FGE, puesto que se busca eliminar toda disposición normativa que implique una facultad sesgada de subordinación ante cualquier organismo o entidad.

Otra de las disposiciones que prevé esta iniciativa es el fortalecimiento de la Fiscalía Anticorrupción y a su titular, estableciendo facultades correspondientes para éste último, a fin de que cuente con un amplio catálogo de funciones y atribuciones que le permitan ejercer su encargo sin mayor limitante que la propia ley, dotando de un marco de seguridad jurídica que respalde su actuación frente a los particulares sujetos a sus procedimientos, como a la colaboración con otras entidades y organismos.

Se prevé la desaparición de áreas de la FGE que lleven a cabo funciones en materia de Combate a la Corrupción para ser trasladadas a la estructura orgánica de la Fiscalía Anticorrupción, que, de igual forma, atraerá todos los asuntos que se encuentren en trámite para asumir su conocimiento, seguimiento y resolución.

De aprobarse la iniciativa y para efectos del presente ejercicio presupuestal, la FGE generaría las adecuaciones administrativas y financieras para cumplir con las disposiciones de la modificación, garantizando la subsistencia actual de los recursos humanos, materiales y financieros de la Fiscalía Anticorrupción.

Como consecuencia de esta reforma, el Congreso del Estado iniciaría el procedimiento de nombramiento de un nuevo Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, para lo cual contará con 30 días naturales para emitir la convocatoria respectiva.

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