ALMA GRANDE
Por Ángel Álvaro Peña
Los periodistas estamos en la línea de fuego. Cualquiera puede ser el siguiente. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se ha convertido en el organismo público que sólo lleva la contabilidad de los homicidios.
Porque todavía no se cumplen dos meses de este año, y ya asesinaron a un periodista en la colonia San José, de Tula, Hidalgo, se trata del comunicador y activista ambiental Abisaí Pérez Romero, quien cubría temas ecológicos en el programa de radio local Son Politikón-FM.
Fue reportado como desaparecido el domingo 12 de febrero, su cuerpo fue encontrado un día después y luego fue identificado por la Procuraduría estatal el jueves 16 de este mes, aunque la dependencia no puede asegurar, hasta el momento, que se trate de un asesinato.
A finales de enero del año pasado los periodistas de Hidalgo se solidarizaron con las víctimas de asesinato Lourdes Maldonado y Margarito Martínez, de Tijuana, así como José Luis Gamboa de Veracruz, en un plantón en la Plaza Juárez, de Pachuca. Esta es la primera vez que la delincuencia, organizada o autorizada, asesina a un periodista en Hidalgo.
En los últimos tres sexenios han sido asesinados 260 periodistas, hasta el año pasado, en los últimos 3 sexenios, con Abisaí Pérez Romero, suman 261. En el mandato de Andrés Manuel López Obrador van 64.
El derecho elemental de todo ser humano es la vida, y ésta es arrebatada a los periodistas en México, en mayor índice que si hubiera una guerra en su territorio.
Se afirma oficialmente que en el sexenio de Felipe Calderón hubo 101 homicidios de periodistas, mientras que en el de Enrique Peña Nieto, 96.
De por los 13 casos que el Gobierno reconoce el año pasado, suman 32 personas detenidas, de las que 21 están procesadas y 3 más están sentenciadas. Se han destinado más de 1,800 millones de pesos en medidas de protección, mientras que en el sexenio anterior solo se erogaron 782 millones de pesos.
Para 2023, hay un presupuesto previsto de 569 millones de pesos, un aumento anual de 46 por ciento, acompañado de otro, aprobado este año del 70 por ciento, en las plazas para pertenecer al Mecanismo, que, si bien se han renovado, la negligencia prevalece y seguirá así hasta que no sean erradicados todos los burócratas de sexenios pasados de la Junta de Gobierno.
El deterioro del Mecanismo es progresivo, producto de diferentes factores que dan como resultado que los homicidios contra comunicadores continúan. En el sexenio pasado los escoltas formaban parte de la Policía Federal Preventiva, integrada por elementos capacitados, entrenados para cuidar personas.
Al iniciar este sexenio el Mecanismo contrató al Servicio de Protección Federal, organismo desconcentrado, ante la desaparición de la Policía Federal, dejando en la indefensión a los inscritos en el Mecanismo, porque mientras la PFP contaba con escoltas capacitadas dentro y fuera del país, para cuidar personas, Protección Federal tenía la tarea original de resguardar edificios y oficinas, que no exige una capacitación adecuada como para proteger la vida de periodistas.
A partir de la llegada de la actual administración el deterioro arrojó sus víctimas, y como los intereses ocultos de la delincuencia advierten que la impunidad es fácil de alcanzar tratándose de matar periodistas, la lista sigue creciendo. Porque lo primero que hicieron los integrantes de la junta de Gobierno del Mecanismo prefirieron quedar bien con las nuevas autoridades que garantizar la integridad de los comunicadores, iniciando un proceso de austeridad, con el único objetivo de conservar su chamba, pero descuidando el objetivo principal de la dependencia para la que trabajan que es la de ofrecer un servicio preventivo que evite el homicidio de los periodistas.
Ante esta restricción que la junta de Gobierno impuso contra la integridad de los periodistas, se retiraron escoltas, se redujeron gastos, se regateó la gasolina, se desamparó a los periodistas sin importar si estaban en estado de vulnerabilidad. Hubo quienes debieron ampararse para continuar obteniendo un derecho que los miembros de la Junta de Gobierno consideran que se les hace un favor.
Porque en el colmo del absurdo hay periodistas que reciben protección del Mecanismo por órdenes de un juez. Lo que quiere decir que es el Poder Judicial el que protege a los comunicadores a través de un amparo, y no la Segob que es una secretaría dependiente del Ejecutivo.
El panorama que proyecta el Mecanismo muestra que desconoce totalmente la práctica de los periodistas a los que dice proteger, por lo que su actuación no sólo es improvisada, sino que muestra desorden indisciplina y descontrol.
Un ejemplo claro es la burocratización de las condiciones que imponen a los comunicadores inscritos en el mecanismo, a quienes les exigen que, en caso de viaje, presenten con tres días de anticipación la solicitud de viáticos para los escoltas, cuando el ejercicio periodístico se define en cada minuto. Si hay algo que cubrir en otro estado el periodista debe asistir de inmediato. Dejándolo sin escoltas o bien, obligándolo a que él pague los gastos de quienes lo protegen, con el riesgo de que no le sea reembolsado su dinero. La burocracia del Mecanismo desconoce el día a día de los periodistas.
Pero no son así de precavidos a la hora de cambiar de escoltas al periodista, quien está a expensas de los cambios de personal que el Mecanismo decida a la hora que se les antoja, lo cual, en lugar de representar una protección, significa un peligro mayor, porque es gente desconocida para el periodista que debe entrar a su vida diaria, de un día para otro, cuando, en realidad, es un completo desconocido. Al comunicador nadie le avisó que habría cambios en el personal que resguarda su integridad. El Mecanismo se da el lujo de cambiar de escoltas tan continuamente como crea necesario. Y si se queja el comunicador de la sustitución de escolta sin aviso previo, al día siguiente le cambian otro, para mostrar que es el Mecanismo el que escoge la estrategia de seguridad, aunque esté equivocada, lo cual implica un peligro mortal. En ese sentido, el periodista puede estar abriendo las puertas de su casa a su propio asesino.
PEGA Y CORRE
Por primera vez en la historia y como parte de la “igualdad laboral entre hombres y mujeres” en la Armada de México, la Secretaría de Marina nombró a la Teniente de Navío del Cuerpo General Carla Iveth Cevallos Peyrot, como la primera mujer Comandante de una Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima, quien se desempeñará en la Octava Región Naval con sede en Mazatlán, Sinaloa. Las mujeres, por fin, son reconocidas en todos los ámbitos de la vida del país… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
Esta es opinión personal del columnista
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