ALMA GRANDE
Por Ángel Álvaro Peña
Cuando llegó al Senado, Olga Sánchez Cordero, había recibido 9.6 millones de pesos por concepto de pensión como exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde que comenzó su retiro en diciembre de 2015.
Su pensión era tan alta que, al llegar a Gobernación, anunció que donaría su salario de más de 100 mil pesos, pero que mantendrá su pensión como exministra, de 229 mil pesos mensuales en 2018.
De acuerdo con el artículo 94 de la Constitución y el Artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, todos los ministros de la Suprema Corte que se retiran habiendo cumplido con el periodo para el que fueron designados, tienen derecho a un “haber por retiro de carácter vitalicio”.
Olga Sánchez Cordero fue ministra de la Corte del 26 de enero de 1995 hasta el 30 de noviembre de 2015, es decir, poco más de 20 años. A pesar de ser senadora por Morena votó para que no se retiraran los 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial, ya que tenía intereses muy claros en que se mantuvieran dichos recursos tomados, a la mala, del erario público, producto del subejercicio del Poder Judicial, y que, en lugar de regresar a la Tesorería, hicieron su cuenta de ahorros.
El Poder Judicial, el único de los poderes que no es electo por el pueblo en un país que se dice democrático, tiene fama de corrupto y lo es. Claro, con sus muy respetables excepciones. Se sabe que el nepotismo es condición esencial para que los altos mandos puedan ejercer su trabajo. Así, hijos, parejas, novias, papás, sobrinos, primos, tíos, cuñados, suegras, de al menos 500 jueces, ocupan plazas en tribunales y juzgados.
Según una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, que encabeza Claudio X. González, señala que 112 jueces y magistrados que habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos y 27 a sus papás. Además, 7 mil 148 servidores públicos del Poder Judicial que comparten espacio laboral con sus parientes.
En otra información la Auditoría Superior de la Federación, detectó 59 casos de trabajadores de la Corte que tienen, al menos un hermano laborando con ellos. En su revisión de la cuenta pública 2018, la ASF, señaló que la Corte carece de reglas para evitar el nepotismo al interior de la institución.
En octubre de 2019, el entonces presidente de la suprema Corte señaló “focos de corrupción y nepotismo”.
En cuanto a Olga Sánchez Cordero se sabe que la hija, la hermana y seis sobrinos y sobrinas trabajan en el Poder Judicial en cargos públicos de alto nivel, ya que quien menos gana percibe casi 40 mil pesos mensuales.
Por eso nunca aceptó que los fideicomisos desaparecieran, aunque la votación del Congreso fue aplastante. La creación de esos fideicomisos es como si a un niño se le diera para comprar tortillas y en lugar de regresar el cambio, se lo guardara para cuando se jubilara. Eso, es en español claro, un robo, y esos fideicomisos del Poder Judicial fueron un robo orquestado desde hace muchos años sólo para unos cuantos.
En los fideicomisos nunca hubo dinero de los trabajadores, ese recurso fue creciendo en manos del Poder Judicial, pero, así como no es producto de cuotas sindicales ni de depósitos de su sindicato, tampoco tienen derecho a gozar de un solo peso de dichos fideicomisos. Quienes tienen derecho a tener acceso a ese dinero no pasa de los 1,000 jueces, magistrados y ministros de altos vuelos.
La hija de Sánchez Cordero, Paula García Sánchez Cordero es Magistrada en el Consejo de la Judicatura Federal, una de sus sobrinas, María Gabriela Nachón García, es directora del Instituto de Ciencias de la Salud, en la Universidad Veracruzana, recibe un salario mensual de 212,340 pesos más un millón 276 mil 516 pesos “por concepto de prestaciones”.
María de la Asunción Sánchez Cordero Dávila, hermana de Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, es presidenta de la Mesa Directiva del Senado, ocupa un cargo como Subdirectora de Área, en la Dirección General de Comunicación Social y Vocería en el CJF.
Las tres sobrinas, María del Rocío García Raba, María Alejandra García Raba y María Gabriela Nachón García ocupan, respectivamente, cargos en el CJF, en la SCJN y en la Universidad Veracruzana.
Rocío gana 39 mil 205 pesos mensuales como Coordinadora Técnico B; Alejandra es Subdirectora de Cursos y Talleres en la SCJN y gana 60 mil 205 pesos y Gabriela, de la UV, gana 65 mil 515 pesos.
Los sobrinos, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann, Francisco Luis García Raba y Enrique de Jesús Nachón García tienen, respectivamente, cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en el gobierno de Veracruz.
Jorge Emilio es Secretario Técnico de Estudios Constitucionales en el TEPJF. El otro, Francisco, es Subdirector de Área en la SCT, con un sueldo de 46 mil 608 pesos”.
El nepotismo de Olga Sánchez Cordero, explica la postura respecto a los fideicomisos que no quería que desaparecieran porque sus familiares dentro del Poder Judicial eran de los pocos trabajadores que tenían acceso a ese dinero que no regresaron a la Tesorería de la Federación y lo desviaron para su beneficio.
El nepotismo pareciera ser una práctica delictiva dentro de la administración pública que no ha podido desterrarse. No tiene color ni ideología, simplemente se practica como parte del patrimonio de los servidores públicos incluso como una especie de prestación social de los funcionarios de todos los gobiernos.
PEGA Y CORRE.- El líder nacional del PAN quiere que se restituya el Fonden, no se puede revivir a un vivo. El Fonden existe, lo que desapareció fue el fideicomiso que permitía que todo mundo metiera mano sin explicar el destino de los recursos. Ese tipo de acciones son las que extraña una oposición que tiene el desastre como arma y el dolor ajeno como ideología…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
Esta es opinión personal del columnista
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