·       Toda la propiedad privada en el país pasa a ser del estado

·       El gobierno retiene el dominio pleno de terrenos, casas, edificios

·       La propiedad pasa al gobierno y este te permite vender tu concesión

Por Miguel Ángel Cristiani G.

La atención de la opinión pública se ha estado enfocando hacia la llamada Reforma del Poder Judicial sobre la elección de jueces mediante elección popular, pero un tema que seguramente habrá de ser mucho más polémico, es el de la reforma a la propiedad privada, que se ha manejado en redes sociales también se habrá de proponer en la próxima legislatura federal.

En un audio que está circulando se escucha la que parece ser la voz de Mario Delgado presidente de Morena y futuro secretario de educación, quien en una entrevista radiofónica afirma:

“Claro, el punto es que no seguirás teniendo tus concesiones como antes.

Lo que poseías antes de la nueva constitución seguirá siendo tuyo.

No, en realidad no seguirá siendo tuyo porque se ha transformado de propiedad privada a una concesión reconocida por el estado, la cual puedes vender, pero sigue siendo una concesión ya que toda la propiedad privada del país pasa a ser del estado.

Todo lo que invertiste en tu casa, la concesión no equivale a una propiedad. Cuando posees una propiedad, ejerces legalmente el dominio sobre ella, tanto que pagas un impuesto por la traslación de dominio, es decir, pagas por transferir la propiedad a otro nombre.

Con la nueva propuesta monetaria, desaparece la traslación de dominio porque el gobierno retiene el dominio pleno de terrenos, casas, edificios.

La nueva constitución establece que tendrás una concesión, no la propiedad.

La propiedad pasa al gobierno y este te permite vender tu concesión.

El gobierno autorizará esa venta y la nueva constitución indica que puedes acordar el precio con el comprador, pero recuerda, son concesiones y pueden ser revocadas.”

Ese proyecto de reforma constitucional en realidad es una amenaza a la propiedad privada.

La reciente iniciativa de reforma a la Constitución en materia de propiedad privada pone en riesgo todo lo que hemos construido y logrado a través del esfuerzo y el trabajo duro.

Esta reforma busca socavar los pilares de la propiedad privada, uno de los principios más básicos de una sociedad libre y próspera. Si se aprueba, podríamos ver cómo nuestros derechos sobre nuestras propias casas y bienes se ven gravemente disminuidos o incluso eliminados por completo.

Debemos estar alerta y bien informados sobre los peligros que entraña esta reforma constitucional. No podemos permanecer pasivos mientras nuestros derechos son amenazados.

Debemos hacer oír nuestra voz y participar activamente en este debate crucial.

 Informémonos, para frenar esta iniciativa que pone en riesgo todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Nuestras casas, nuestros ahorros y nuestro futuro están en juego. ¡No podemos permitir que se nos arrebate la propiedad privada!

La iniciativa de reforma constitucional pretende eliminar gradualmente la propiedad privada en favor de un sistema de «propiedad social». Esto significaría que el Estado tendría un control cada vez mayor sobre los bienes inmuebles y los recursos productivos, limitando significativamente los derechos de los ciudadanos como propietarios.

Algunas de las medidas clave que se han propuesto incluyen:

·       Restricciones más severas sobre la compra, venta y herencia de propiedades.

·       Mayores impuestos y gravámenes sobre la propiedad privada.

·       Expropiaciones y nacionalizaciones de empresas y bienes raíces bajo el argumento del «interés social».

·       Limitaciones en el uso y disposición de las propiedades, con mayor injerencia estatal.

·       Redistribución forzosa de propiedades y recursos hacia programas de «vivienda social».

Estas medidas socavarían los cimientos de la propiedad privada, pilar fundamental de una economía de mercado y una sociedad próspera. Sin la seguridad de poder disfrutar plenamente de los frutos de nuestro trabajo y esfuerzo, perderíamos gran parte de nuestra libertad individual y la capacidad de planificar nuestro futuro con certeza.

Además, la eliminación de la propiedad privada tendría graves consecuencias económicas, como la disminución de la inversión, la reducción de la productividad y el empobrecimiento general de la población. Nuestro derecho a decidir sobre nuestros bienes y propiedades sería severamente limitado.

Para más información consulta nuestra página https://www.xn--bitacoraspolticas-ovb.com/

Esta es opinión personal del columnista

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Por Ing. Fernando Padilla Farfán

La reforma migratoria es uno de los temas más controvertidos y urgentes en la agenda política actual, no solo en países receptores de inmigrantes como Estados Unidos y los estados miembros de la Unión Europea, sino también en naciones de tránsito y origen. La movilidad humana, impulsada por factores económicos, políticos y sociales, presenta desafíos y oportunidades que requieren respuestas coordinadas y comprehensivas.

En las últimas décadas, la migración internacional ha aumentado significativamente. Según datos de la ONU, hay aproximadamente 281 millones de migrantes en todo el mundo, lo que representa el 3.6% de la población global. Las razones para migrar son diversas: búsqueda de mejores oportunidades económicas, escapar de conflictos y persecuciones, reunificación familiar, y efectos del cambio climático, entre otros.

El aumento en los flujos migratorios ha llevado a muchos países a reforzar sus fronteras, implementando medidas estrictas de control y seguridad. Estas políticas, aunque destinadas a prevenir la migración ilegal y la trata de personas, a menudo resultan en situaciones humanitarias críticas en las fronteras.

Un enfoque equilibrado que combine seguridad con rutas legales y seguras para migrantes puede ayudar a gestionar mejor los flujos migratorios, reduciendo la presión en las fronteras y permitiendo una migración ordenada.

Los migrantes a menudo enfrentan discriminación, explotación laboral y dificultades para acceder a servicios básicos como salud y educación. La integración social y cultural es otro reto significativo.

Políticas de inclusión que promuevan la igualdad de derechos y la participación activa de los migrantes en la sociedad pueden contribuir a una cohesión social más fuerte y a aprovechar el potencial económico y cultural que los migrantes aportan.

Existe un debate continuo sobre el impacto de la migración en los mercados laborales locales. Mientras algunos argumentan que los migrantes compiten con los trabajadores locales, otros señalan que los migrantes a menudo ocupan puestos que los locales no desean.

La migración bien gestionada puede ser un motor de crecimiento económico. Los migrantes suelen llenar vacíos en el mercado laboral y contribuir a la innovación y el dinamismo económico.

La política migratoria de Estados Unidos ha sido un tema divisivo. Con más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, el sistema actual es ampliamente considerado ineficaz.

 La administración actual ha propuesto un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, la modernización del sistema de visados, y la mejora de las condiciones en los centros de detención. También se busca abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica mediante inversiones en desarrollo y seguridad.

La crisis migratoria de 2015-2016 reveló las debilidades del sistema de asilo europeo, conocido como el Reglamento de Dublín, que sobrecarga a los países de entrada como Grecia e Italia.

La Comisión Europea ha presentado un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que incluye mecanismos de solidaridad obligatoria entre los estados miembros, mejoras en los procedimientos de asilo, y cooperación con países de origen y tránsito para gestionar mejor los flujos migratorios.

La reforma migratoria es un asunto complejo que requiere un enfoque multidimensional y colaborativo. Las políticas deben equilibrar la seguridad con la humanidad, promover la integración y el respeto a los derechos humanos, y reconocer los beneficios económicos y sociales de la migración. Solo mediante un diálogo constructivo y soluciones innovadoras se podrán abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presenta la migración en el mundo contemporáneo.

#fernandopadillafarfan

Esta es opinión personal del columnista

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Por Ángel Álvaro Peña

Senador demócrata, feroz crítico de la administración actual en México, impulsor de que a los narcotraficantes se les denominen terroristas único demócrata que ha cuestionado la estrategia de seguridad de López Obrador, ahora resulta culpable de 16 cargos, entre los que s e encuentra soborno, extorsión, actuación como agente extranjero, obstructor de la justicia y varios cargos de conspiración por los que estaba acusado en un juzgado de Nueva York.

Resulta que el congresista, de 70 años, de ascendencia cubana, resulta ser hasta espía, luego de mostrar una máscara de conservador que llamó demasiado la atención, pero sobre todo encabezó una serie de críticas sobre el gobierno de México.

La Fiscalía los acusó a él y a su esposa Nadine de aceptar regalos millonarios por parte de Egipto y Catar para que los ayudase políticamente mientras estuvo en el cargo, hasta el punto de calificarlo como «agente extranjero».

Asumió la senaduría en 2006, y allí se convirtió en uno de los políticos más identificados con las causas latinas, alcanzando notoriedad como defensor de los inmigrantes.

Su postura radical siempre fue escandalosa y nunca guardó la compostura de un legislador serio sino que fue estridente y trató de llamar la atención como si fuera líder de algún grupo político dentro del Partido Demócrata. Estas actitudes y alteraciones en sus cuentas bancarias llamaron la atención del FBI, de correligionarios y de contrincantes políticos.

Entre los regalos que recibió de personalidades del extranjero fueron lingotes de oro, un Mercedes-Benz para su esposa y más de 480 mil dólares en efectivo, el FBI encontró metidos en armarios, chaquetas con su nombre otras prendas cuando la oficina registró su casa de Nueva Jersey en 2022.

Fue juzgado junto con tres empresarios, Wael Hana y Fred Daibes, José Uribe, éste último se declaró culpable y testificó durante el juicio, que duró nueve semanas.

Según la investigación, los cargos más graves de extorsión y fraude electrónico conllevan a un máximo de 20 años de prisión por cada cargo. En total, el senador demócrata se enfrenta a un máximo de 222 años de prisión por los 16 cargos si se cumplen consecutivamente. 

La sentencia contra el senador está prevista para el 29 de octubre, justo una semana antes de las elecciones presidenciales, cuyos resultados seguramente se verán influidos por dos variantes ocurridas en los últimos días como es el caso del atentado contra el posible candidato republicano a la Presidencia, Donald Trump, y este suceso que se convirtió en un verdadero escándalo político dentro y fuera de vecino país del norte.

Trump utilizó su atentado como consigna electoral y mal haría en no hacerlo. Es un buen publicista y sabe manejar los medios.

Faltan cuatro meses para las elecciones y los demócratas que mantienen la reelección de Joe Biden, como su única alternativa de gobierno, parecen estar en la lona.

PGA Y CORRE.- Una docena de congresistas demócratas se reunieron con la presidenta electa de México, en la casa de transición de Claudia Sheinbaum, donde se destacó la necesidad de mantener estrechas relaciones entre ambos países…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.

Esta es opinión personal del columnista

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