Isaac Carballo Paredes | Poza Rica, Ver. | 25 Nov 2025 - 16:01hrs
Abogados de esta ciudad sostuvieron un encuentro con Rosalba Hernández Hernández, Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, para exponer la urgencia de mejorar las condiciones en las que opera la Ciudad Judicial, instalaciones que consideraron insuficientes y poco dignas para el ejercicio de la justicia.
Reunidos en el Auditorio Municipal “Rafael Hernández Ochoa”, los profesionales detallaron carencias que van desde la falta de espacios adecuados hasta problemas que comprometen la atención al público. Indicaron que, en ocasiones, se ven obligados a trabajar sentados en el suelo, sin acceso a sanitarios funcionales y enfrentando oficinas extremadamente pequeñas, lo que afecta tanto a litigantes como a los ciudadanos que acuden a los juzgados.
La situación adquiere mayor relevancia al tratarse de edificios donde operan juzgados clave, como el Segundo Civil y el Cuarto y Octavo Familiar, que reciben a personas de toda la región. Abogadas presentes denunciaron también que las mesas de atención para asuntos que requieren confidencialidad se encuentran en un mismo espacio sin divisiones, lo que vulnera la privacidad de los casos expuestos.
Durante la reunión, la Magistrada Presidenta tomó nota de cada una de las inquietudes y afirmó que todas serán atendidas con puntualidad. Adelantó además que existe disposición del gobierno municipal para mejorar el servicio de recolección de basura, así como próximos acercamientos con autoridades correspondientes para optimizar el predio donde se ubica la Ciudad Judicial.
“Somos un tribunal de puertas abiertas, estamos con ustedes y vamos a atender sus demandas”, aseguró y se comprometió también a buscar los mecanismos de actualización y capacitación para los abogados, para mejorar sus condiciones de trabajo.
Los litigantes subrayaron que no solo faltan accesos adecuados a estacionamientos y sanitarios, sino que incluso el baño para personas con discapacidad es utilizado como almacén de expedientes. A ello se suma la falta de rampas y adecuaciones para personas con movilidad limitada, lo que consideraron un incumplimiento a las normas de accesibilidad y una barrera injustificada para quienes buscan justicia.
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