CDMX
Mario Delgado y «Alito» Moreno buscar perpetuarse al frente de Morena y el PRI
Ciudad de México.– La no reelección de cargos políticos en México es casi una religión, pero no son pocos los que tienen la tentación de saltársela por vías opacas. Lo está intentando Alito Moreno, líder nacional del PRI, y también el presidente y la secretaria general de Morena, Mario Delgado y Citlalli Hernández, respectivamente, por citar unos ejemplos que estos días se debaten en los tribunales correspondientes. Ambos partidos modificaron sus estatutos para prorrogar sus cargos y lo justificaron por la inconveniencia de iniciar la renovación con un proceso electoral a la vista. El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal tiene que votar ahora el proyecto de resolución que ya ha redactado la magistrada Janine Otálora, en el que declara “inconstitucional” la modificación estatutaria de Morena. Si el pleno acepta su criterio jurídico, sería un precedente que también puede acabar con las pretensiones de Alito Moreno de seguir en la dirigencia del PRI más allá de lo que su partido prevé legalmente.
En el III Congreso Nacional de Morena se establecieron algunas modificaciones en los estatutos que a nadie pasaron por alto: aquellos cambios permitían que Mario Delgado y Citlalli Hernández siguieran desempeñando sus funciones más tiempo del determinado. Un grupo de militantes recurrió esa decisión ante el INE, que en un primer momento les dio la razón. El caso escaló hasta el Tribunal Electoral Federal, donde ahora, en el proyecto de resolución, se tacha de “inconstitucional” ese paso y le da un tirón de orejas a Morena: “Comienza a ser recurrente la prorrogación de los titulares en los cargos partidistas”, dice el proyecto. Señala que quienes detentaron el cargo en 2015 lo concluyeron en 2020, dos años más de lo previsto en los estatutos, mientras que los actuales “pretenden dejar el cargo en 2024″, cuando les corresponde abandonarlo este agosto. “Aprobar la prórroga […] propicia la perpetuidad de los altos cargos directivos partidarios, lo que se traduce en una violación al derecho de los demás afiliados”, advierte la resolución de Otálora.
El enfado en estos casos proviene, efectivamente, de la propia militancia. Recientemente, se quejaba Miguel Ángel Osorio Chong de las intenciones del líder de su partido, el priista Alito Moreno, que hizo una jugada prácticamente idéntica a la de los morenistas. Alito se concedió tres meses más con la misma justificación, estar a las puertas de un proceso electoral, que una vez iniciado no permite cambio de dirigencias. Esto le permitiría alargarse hasta septiembre. La ley electoral, el controvertido plan B, le cambió el paso, porque la campaña para los comicios de 2024 empezaría en noviembre. Para solucionar ese pequeño imprevisto, Alito ya no hablaba de tres meses, sino de 90 días hábiles, de tal forma que pudiera llegar a la fecha electoral. “El señor quiere quedarse en el partido, pegarlo al inicio del proceso electoral y entonces quedarse un año más”, denunciaba recientemente en una entrevista Osorio Chong, antaño buen amigo de Alito Moreno y hoy adversarios del mismo color. Pero el INE tumbó las expectativas del dirigente, que ahora se las verá con el Tribunal Electoral.
El proyecto de Otálora cierra la vía a quienes pretender prorrogar sus cargos argumentando una cuestión excepcional, o sea, las exigencias de una coyuntura concreta. “Un partido político nacional se encuentra todos los años participando en procesos electorales, por lo cual no es posible calificar la razón como excepcional, relevante, extraordinaria ni transitoria”, avisa el texto. Recuerda a los morenistas que esos cargos son por tres años y que deben dejar pasar un periodo entero antes de postularse al siguiente y último mandato. Tratar de modificar eso con un artículo transitorio, como se hizo, “vulnera al Estatuto [del partido] y al sistema democrático” porque “no existió la posibilidad de que militantes que aspiraran a ocupar dicho cargo pudieran registrarse y contender para ser elector en asamblea o a través de la encuesta”.
En todo caso, sostiene el proyecto jurídico, si el partido lo estima pertinente, “podrá extender o acortar los mandatos de los referidos cargos” en el futuro, para que no coincidan con los procesos electorales federales. Pero no ahora por una vía que se tacha de “inconstitucional”.
Otálora insta al partido a respetar el sistema democrático; por más que disponga de autonomía para regular sus asuntos internos y autodeterminación, “ello no resulta suficiente para que aprueben una norma que contravenga los principios constitucionales electorales”. Si el pleno del Tribunal aprueba este proyecto de resolución contra las pretensiones de prórroga de Morena, el líder del PRI debe poner sus barbas a remojar.
Con información de El País
Ciudad de México. – La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una audiencia a los “testigos de identidad reservada” que la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV), utilizó para presuntamente montar un caso de doble asesinato en contra del empresario Itiel Palacios García, luego de que se les prohibió declarar ante las autoridades estatales.
Este martes integrantes de la Secretaría de Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), presidida por la ministra presidente de la SCJN, Norma Piña Hernández, tuvieron una audiencia virtual con Francisco Jaimes, Juan Hernández, Emilio Pulido, supuestos testigos reservados de la FGV.
Los tres originarios de Playa Vicente, Veracruz, y su abogado, Rafael Hernández, denunciaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) entre enero y febrero de este año, que la FGEV robó sus identidades para realizar presuntas denuncias falsas para inculpar por un doble homicidio ocurrido en 2018 a Itiel Palacios García.
La Fiscalía de Veracruz utilizó la figura de “testigos de identidad reservada” a los que llamó 01/2023, 02/2023 y 03/2023, para integrar en la carpeta de investigación “supuestas pruebas nuevas” en contra de Itiel Palacios, cuando éste estaba a punto de ser liberado el 4 de junio del 2023 del Penal Federal de Ramos Arizpe, en Coahuila.
Hoy es conocido que los llamados “ceros” son Jaimes, Hernández y Pulido, nunca realizaron ninguna denuncia en contra de Itiel Palacios y aseguran que la FGEV utilizó documentos firmados en blanco por ellos por otros temas legales, para fabricar pruebas falsas en contra del empresario.
Los falsos testigos de la Fiscalía de Veracruz solicitaron declarar que ellos jamás denunciaron a Palacios García en audiencia con el juez Germán Jiménez Oseguera, sin embargo, éste se las negó y suspendió el proceso días después.
En la audiencia de este martes, los “testigos de identidad reservada” del caso con los integrantes del CJF se determinó emprender la supervisión de los juicios de amparos derivados del ilegal proceso penal instaurado por la Fiscalía del Estado de Veracruz.
El equipo de alto nivel del CJF integrante de la coordinación técnica aseguró que se abocarán a exponer a la Ministra Presidenta, Norma Piña, las irregularidades del caso.
Durante la reunión los funcionarios aseguraron que el caso llamó la atención de la SCJN y ya está en el ojo del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se les permitió tener la audiencia en videollamada este martes.
El abogado de los “testigos reservados” reiteró que se busca se les permita declarar, pero hacerlo sin coacción, ni amenazas de la Fiscalía de Veracruz, pues son objeto de intimidaciones, presiones y hostigamiento por parte de la Fiscalía desde que dieron a conocer que sus declaraciones en la carpeta de investigación 71/2023, son falsas.
Incluso, los tres testigos realizaron tres juicios de amparo en el que solicitan se les permita decir su versión en las audiencias de Itiel Palacios, teniendo como resultado tres resoluciones diferentes.
El equipo legal de Jaimes, Hernández y Pulido, explicó que en los amparos 588/2024 y 589/2024, el Juzgado Cuarto de Distrito en uno admite, pero en otro previene, cuando se trata de los mismos hechos, mostrando una incongruencia.
En un tercer juicio de amparo el 580/2024 que fue enviado al Juzgado Tercero, el titular desechó la solicitud, cuando son los mismos hechos que los otros dos amparos.
Ante esta situación los funcionarios del CJF informaron que se podría realizar una investigación por parte de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina y determinar por qué los jueces actúan de manera distintas en un mismo hecho.
Durante la audiencia también estuvieron presentes miembros del equipo legal de Itiel Palacios, quienes expusieron que buscan llamar la atención de la ministra Norma Piña por la relevancia del asunto.
Explicaron que Palacios García tiene tres autos de vinculación a proceso y a su vez tiene tres amparos concedidos por órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Boca del Río.
Además se tiene pendiente de resolver el amparo en revisión 81/2024 en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que son los mismos hechos de un amparo anterior y vinculado con los dichos de los testigos de Playa Vicente.
A pesar de que el Juez Cuarto de Distrito conoce de los amparos anteriores y tiene el acervo para aprovechar esos conocimientos, no se pronuncia u, omitió, pronunciarse respecto del origen y el motivo de la concesión del amparo 1106/2021.
En dicho amparo que fue confirmado por un Tribunal Colegiado de Distrito y en el amparo en revisión 92/2023, para que se valore que Itiel Palacios se encontraba en un Estado y una ciudad diferente a 360 kilómetros de distancia el día y en la hora de los asesinatos de los que se le culpa.
Los miembros del equipo de alto nivel de la ministra Norma Piña recabaron los datos y asesoraron a los defensores legales de Itiel Palacios, para que la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF atraiga el caso y se analice la actuación de los jueces Gregorio Arquímedes Loranca Luna y Rafael Bautista Cruz.
Los jueces de Veracruz que fueron denunciados en diversos órganos judiciales por las supuestas irregularidades en este caso son Germán Jiménez Oceguera y Urbino Alcaraz García, ambos denunciados por abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, incumplimiento a un deber legal y contra la administración de la justicia.
CDMX
Senadores presentaron una solicitud de juicio de amparo contra el exministro Arturo Zaldívar por distintos delitos
Ciudad de México.- Este martes senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) presentaron ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar por delitos presuntamente perpetrados durante su gestión al frente de la Suprema Corte.
El escrito fue dirigido a Graciela Báez, secretaria general de la Cámara de Diputados.
Entre los firmantes están los senadores Claudia Edith Anaya Mota, Manuel Añorve Baños, Claudia Ester Balderas Espinoza, José Alfredo Botello Montes, Gina, Andrea Cruz Blackledge, Ángel García Yañez, Kenia López Rabadán, Verónica Martínez García, Mayuli Latifa Martínez Simón, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, Francisco Javier Salazar Sáenz, María Guadalupe Saldaña Cisneros, Lilly Téllez y Mario Zamora Gastélum.
Entre los señalamientos a Zaldívar Lelo de Larrea se encuentran el desvío de recursos, encubrimiento de colaboradores ante denuncias de acoso sexual, así como las presiones a jueces y magistrados para la resolución de distintos asuntos a favor del gobierno federal, como lo reveló el presidente Andrés Manuel López Obrador en una conferencia matutina.
Con información de López-Dóriga Digital
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