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Marco Antonio Aguirre R. – La policía estatal atraca a los veracruzanos

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columnista invitado

Místicos y Terrenales

* Esto ocurre en todo el estado, todo el tiempo

* Y lo sabe hasta el gobernador Cuitláhuac García

Marco Antonio Aguirre Rodríguez

Desde hace varios días circula en las aplicaciones de mensajería una carta que acusa abiertamente: “La policía estatal asalta a los veracruzanos todas las noches: son “lacras” que han permanecido desde Arturo Bermúdez”.

En la misma se señala que en todo el estado de Veracruz se repite “un fenómeno que muestra lo podrida y corrupta que es la policía estatal: todas las noches asaltan a las personas que tienen la desgracia de cruzarse en su camino, alegando cualquier clase de circunstancias”.

Ciertamente la policía de Veracruz, tanto la estatal, como la ministerial y hasta las municipales, tienen fama de ejercer abuso de poder en contra de la población.

Lo más grave es que la actitud de los cuerpos policíacos es alentada por el ejemplo que el propio gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, les impone, al negarse a acatar la ley, como lo acaba de demostrar la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que le pidió al Senado que lo llame a cuentas para que explique porque se negó a acatar dos recomendaciones de éste órgano, que también forma parte de la 4T.

Las actividades delincuenciales de elementos de la policía estatal han sido evidenciadas en distintos momentos.

Uno de los casos más sonados, recientemente, fue el de la odontóloga Karen Rodríguez Fitz, que durante la madrugada del domingo 12 de marzo fue sometida salvajemente por un grupo de policías, quienes para completar “la cuota” la detuvieron sin razón alguna y hasta la ficharon.

La saña en su contra fue de tal tamaño que tuvo que intervenir la Comisión Estatal de Derechos Humanos para liberarla.

La Red de Mujeres Feministas de Veracruz documentó que la odontóloga alcanzó a escuchar que una mujer policía le decía a otra que ya tenían cubierta su cuota.

Pero no es el único caso de reclamo contra las arbitrariedades de la policía estatal.

Como ejemplo, también, el 13 de marzo pobladores del municipio de Cuitláhuac se plantaron afuera del palacio municipal para exigir el cese de los abusos por parte de la Fuerza Civil de Seguridad Pública; en su mayoría fueron motociclistas quienes señalaron que son acosados por los uniformados, quienes por cualquier motivo les imponen multas costosas.

Como apunta “Ciudadanos de Veracruz por la Seguridad y Contra la Corrupción”, lo peor es que estas “multas” ni siquiera son reportadas a la Secretaría de Finanzas o contabilizadas en la Secretaría de Seguridad Pública, si no que quedan entre los jefes policíacos.

Más recientemente, el 3 de abril, habitantes de Tezonapa se manifestaron en la cabecera municipal y bloquearon el camino hacia Palmar y Cosolapa, acusando que los policías junto con elementos de Tránsito del estado, colocan retenes para supuestamente revisar que los vehículos tengan los documentos en regla, pero antes piden un apoyo de hasta cinco mil pesos para permitirles el paso.

O sea, el vil asalto a la población.

Esto también es una muestra de que lo asentado en el escrito, de que las agresiones de la policía estatal contra la población se dan en todo el estado y que por lo mismo, es imposible que sean desconocidas por el subsecretario de Operaciones, Rafael Ángel González Uscanga, que es quien tiene a su cargo lo operativo de la policía estatal, y hasta por el titular de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla.

Y también es una evidencia que apunta que las mismas se realizan hasta con la la complacencia del “honesto” gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien cada vez que le hablan del mal actuar de la policía estatal lo niega y hasta acusa a quienes se lo dicen de querer manchar su buena imagen.

Otra denuncia pública contra la brutalidad policíaca, se dio en Cosoleacaque, donde Salma Hernández Flores acusó que la noche del jueves 24 de noviembre, se encontraba junto con sus sus hijos, de 5 y 16 años, dentro de su camioneta particular, cerca de su domicilio, en la congregación Kilómetro 17 de Cosoleacaque, y fueron interceptados por la patrulla con número de serie 22-2852.

Tras revisarlos, cuando el mayor de sus hijos intentaba grabarlos comenzaron a golpearlo y a la madre una mujer policía la cacheteo.

Los policías les quitaron dinero y celulares, para luego llevarlos a la cárcel de Palma Sola, en Coatzacoalcos.

Tuvieron la suerte de que una hermana de Salma, María, se dio cuenta de los hechos y los siguió, pero también la amenazaron con detenerla, sobre todo si los seguía grabando, y para evitarlo le quitaron el celular.

Después de algunas horas detenidos, los liberaron, pero tuvieron que pagar 5 mil pesos para sacar la camioneta del corralón a donde la llevaron.

La brutalidad policíaca es tanta, que incluso Eleazar Guerrero Barrera, director de Vinculación de Seguridad Pública, y sobrino del gobernador, en Córdoba declaró el año pasado que: “Es visible que existe miedo de la ciudadanía respecto a los elementos que conforman la policía municipal, estatal y la Fuerza Civil, en este caso el entrevistado exhortó a la población a conocer cada una de las áreas que conforman la SSP donde la creación de aplicaciones de seguridad, adiestramiento canino y entrenamientos especiales son parte de los hombres y mujeres que conforman los cuerpos de seguridad”.

La nota sobre éste particular está en https://www.elsoldecordoba.com.mx/local/no-denuncian-actos-delictivos-en-veracruz-por-temerle-a-los-policias-7921077.html .

Otro caso de robo en todo lo alto, fue el denunciado por Emilio Vergara Pérez, de Minatitlán, que acusó que los policías estatales le quitaron 25 mil pesos que le había depositado uno de sus hijos para la compra de materiales. Lo bajaron del taxi en que viajaba y después del atraco le dijeron que se quedara callado.

Los ejemplos de los abusos y asaltos de la policía estatal contra la población de Veracruz son muchos más y cada uno de los pocos que han sido denunciados han quedado en la impunidad, porque la SSP ni siquiera hace una simulación de investigar.

Los policías son solapados y hasta encubiertos, porque deben cubrir una cuota.

Y el titular de la dependencia, Cuauhtémoc Zúñiga, lo permite y protege, al igual que el gobernador Cuitláhuac García.

Éste es el escrito que hizo circular “Ciudadanos de Veracruz por la Seguridad y Contra la Corrupción”.

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La policía estatal asalta a los veracruzanos todas las noches: son “lacras” que han permanecido desde Arturo Bermúdez

Ciudadanos de Veracruz por la Seguridad y Contra la Corrupción

En todo el estado de Veracruz se está repitiendo un fenómeno que muestra lo podrida y corrupta que es la policía estatal: todas las noches asaltan a las personas que tienen la desgracia de cruzarse en su camino, alegando cualquier clase de circunstancias.

Estos actos delincuenciales los cometen los policías con la protección del subsecretario de Operaciones, Rafael Ángel González Uscanga, que es quien tiene a su cargo lo operativo de la policía estatal, la tolerancia del secretario de Seguridad Pública en la entidad, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla y la complacencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Ni el gobernador ni el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pueden alegar desconocimiento de la situación, porque a Cuitláhuac García se lo han expuesto hasta alcaldes de su mismo partido, así como otras personas, mientras que a Cuauhtémoc Zúñiga se lo han planteado en diversas reuniones que ha tenido con diferentes sectores sociales.

Eso, además de que les han mostrado que los policías estatales protegen a la delincuencia organizada, porque aún cuando saben quienes son los que hacen los cobros de “piso” o de “protección”, nada hacen para detenerlos y mucho menos para acabar con las bandas que realizan estos delitos.

Los atracos se producen tanto en las grandes ciudades de la entidad, como en las ciudades medias y pequeñas, y hasta en poblaciones menores.

No hay punto de la entidad que se salve de éste terrible atraco criminal que realiza la policía estatal.

Se esperaba que éste fenómeno fuese eliminado o por lo menos que disminuyese con la llegada del nuevo titular de Seguridad Pública en la entidad, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, por su condición de ser parte de la Armada de México, pero esto no ocurrió e incluso podría ser que hasta haya aumentado.

La policía estatal está a cargo de Rafael Ángel González Uscanga, quien con el grado de capitán de navio, también es parte de la Armada de México.

Esto muestra, que al menos en Veracruz, la presencia de militares en las fuerzas armadas no le da seguridad a la población y que el titular de la dependencia, Cuauhtémoc Zúñiga, además de que conoce de estos atracos, está de acuerdo en los mismos y obtiene prebendas de estos.

Elementos de la policía estatal inconformes con esta situación, tanto por el daño que se le hace a la población, como por la afectación a la imagen de la corporación policíaca, mencionaron que algunos de esos asaltantes incluso vienen desde la época de Arturo Bermúdez o fueron reincorporados en este gobierno a la llegada del anterior titular de la dependencia, el regiomontano Hugo Gutiérrez Maldonado, y en lugar de ser removidos, se les mantuvo en sus posiciones con el ahora secretario Cuauhtémoc Zúñiga.

Su modus operandi es el mismo en todo el estado.

Se ubican en las cercanías de centros de diversión nocturnos, a la espera de personas que salgan de los mismos en sus vehículos, para detenerlos más adelante y acusarlos de llevar aliento alcohólico, aunque carecen de atribuciones para hacer esa detenciones y por lo mismo no tienen dispositivos de alcoholímetro.

Su señalamiento de aliento alcohólico es sólo porque así lo dicen.

Después de eso le empiezan a “armar” un panorama lo más negro posible al desgraciado o desgraciada que tuvo la mala fortuna de caer en sus manos, para que la persona se asuste y les de las cantidades de dinero que pidan.

Estos montos llegan a ser de decenas de miles de pesos.

En estos atracos hay personas a las que secuestran, y las mantienen incomunicadas hasta que les entreguen las cantidades que les exigen o que sus familiares “paguen” el rescate.

De hecho se menciona que ha habido personas desaparecidas después de haber sido detenidas por la policía estatal, al igual que vehículos.

Tan sólo en el cuartel de San José, en Xalapa, han aparecido varios hombres muertos en el interior e incluso se dio el caso de un hombre que se murió a bordo de una patrulla policíaca.

Incluso existe una versión de que en Córdoba, el comandante de la policía estatal en esa ciudad, se peleó con el abogado que está a cargo en esa zona, llegando hasta los golpes, porque le quitaron 70 mil pesos a una persona y uno de ellos le dijo al otro que sólo eran 50 mil pesos los entregados.

También hubo una pelea a golpes por el botín de los atracos (porque es un botín, al ser producto de un acto ilegal) en Ciudad Mendoza.

El monto mínimo que piden es de 300 pesos, por “la multa”, hasta por “faltas al bando de policía y buen gobierno”, el cual no pueden aplicar porque es una atribución de la autoridad municipal, o por cualquier otro pretexto.

Este dinero, del cual debería de llevarse un registro puntual, sin embargo no aparece en la contabilidad de la policía estatal y de la Secretaría de Seguridad Pública, lo que muestra que en los actos de corrupción también está involucrado Ulises Rodríguez Landa, jefe de la Unidad Administrativa de la SSP, quien es parte del grupo del subsecretario de Finanzas, Eleazar Guerrero Pérez, primo de Cuitláhuac García.

A esto le suman que los vehículos que detienen se los llevan a un corralón particular, jalados por una grúa particular, cuyas empresas cobran las cantidades que se les antoja.

Estás empresas llegan a pedir hasta 18 mil pesos por liberar un vehículo, de acuerdo con sus criterios propios, pues no existe ningún reglamento que regule su actividad.

En estos casos ha habido incluso señalamientos de que hay vehículos que no pueden arrancar cuando los entregan, porque les hacen falta piezas y los grueros sólo dicen que “así estaban” cuando los recogieron.

Los policías no involucrados en estos enjuagues apuntan que cada empresa le entrega una iguala a los responsables de cada zona y que estos reparten sus cuotas a sus superiores, hasta llegar al secretario de Seguridad Pública.

Una de las empresas involucradas en este negocio del arrastre de vehículos es Grúas Méndez, a la cual identifican como propiedad de Erick Lagos.

Presumen que en las empresas de grúas igualmente están involucrados el secretario de Gobierno, Eric Cisneros, así como el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados local, Juan Javier Gómez Cazarín, porque después de que emprendió una campaña anunciando que iba a proponer legislación para regular a las empresas grueras que operan con la SSP, dejo todo como está.

Igualmente se sospecha que Eric Cisneros y Eleazar Guerrero son propietarios de empresas de grúas para estos levantamientos o por lo menos que están coludidos con algunas de las mismas.

Los atracos también se dan contra motociclistas, alegando a veces que no traen casco protector o que carecen de placas.

El levantamiento de las motocicletas, que en algunos casos es instrumento de trabajo, lo hace la SSP igualmente de forma indiscriminada.

Este tipo de atracos que los policías estatales hace cada día, en todo el estado, dejan millones de pesos diarios y sus latrocinios son conocidos hasta por el gobernador Cuitláhuac García, el cual nada hace por detenerlos.

Esto es una de las causas del porque en Veracruz la seguridad pública sigue siendo muy deficiente.

Ciudadanos de Veracruz por la Seguridad y Contra la Corrupción

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Omar Zúñiga – La gran Ana Miriam

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DE PRIMERA MANO

*El silencio ominoso

*Hasta Cisneros contesta

*Américo se va a la Sala Superior

*Denuncian corrupción en CECYTEV

Por Omar Zúñiga

El pasado 7 de julio dieron inicio en todo el país las mentadas “Asambleas Informativas sobre la Reforma al Poder Judicial” que busca imponer Andrés Manuel López Obrador antes de irse a La Chingada (su rancho de Palenque).

Xalapa por supuesto no fue la excepción, y la diputada federal electa por el distrito 10, la misma que dijo que López Obrador “le daba asquito”, Ana Miriam Ferráez, encabezó esta “asamblea informativa”, que se realizó bajo una carpa en Plaza Lerdo…, similar a un circo, sí.

En ese momento, Ana Miriam dio la bienvenida a asistentes y ponentes del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, “a la reunión de información y concientización sobre uno de los temas de mayor relevancia que se encuentra actualmente en la discusión nacional, y que sin duda es la Reforma Judicial, la cual traerá grandes beneficios al pueblo de México”.

Dijo que entre algunos de los puntos más importantes de la iniciativa presidencial se encuentran que los ministros de la Corte, consejeros, magistrados y jueces sean “electos por el pueblo en junio de 2025”; así como la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que investigue y sancione a jueces por corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad con presuntos delincuentes y corrupción.

Y repitió que “se busca establecer un mecanismo para que la Corte no pueda suspender leyes en beneficio de la mayoría del pueblo expedidas por el Congreso de la Unión, y que esas suspensiones beneficien a unos cuantos intereses económicos, políticos y de grupos”.

La realidad es que no fui invitado a ese foro, pero también debo reconocer que no me tomé la molestia de informarme para estar ahí.

Sin embargo, en la rigurosidad que me mantiene en este negocio, a partir del lunes 8 de julio, es decir un día después, busqué con insistencia a la diputada Ana Miriam Ferráez.

La intención era (es) platicar sobre el tema, que me interesa sobremanera, no es poca cosa la que está en juego.

Los argumentos que esgrime la diputada, no por justos y bien trovados dejan de ser puro cuento, pues sólo repite y repite lo que dice el presidente, parafraseando al ínclito, “repite como loro”.

No hay una argumentación de peso que nos diga que esa reforma, como está redactada, deba ser aprobada, como un hecho necesario para la vida democrática de este país.

Mis preguntas en todo caso son, -¿porqué deben elegirse por voto popular los jueces y magistrados, si en todo caso la promesa de esa campaña debe ser la realización de justicia pronta y expedita; o cómo serían las promesas de campaña?

-¿Cuánto van a costar esas elecciones?

-¿Cómo se podrán financiar las campañas de los aspirantes a puestos de elección popular?

-¿Cómo evitar que dinero del crimen organizado permee en las campañas de quienes buscan impartir justicia?

Estas preguntas y varias más se quedan sin respuesta, pues lo único que obtuve en la búsqueda de la diputada, fue un ominoso silencio.

Ana Miriam Ferráez, diputada federal electa por Xalapa hoy está impugnada por su adversario Américo Zúñiga Martínez, quien en la impugnación de primera instancia, le asignaron más votos, y ahora está a la espera de una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A manera de contexto, hasta Ivonne Cisneros contestó cuando se le cuestionó sobre el primer paquete de reformas propuesto por le presidente.

¿Usted quiere una diputada que guarde silencio ante los reclamos ciudadanos?… ¡yo, no!

*****

Para documentar el optimismo…,  un director más que se sintió intocable durante la administración de Cuitláhuac García está ya en la mira de Rocío Nahle.

Se trata del flamante director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV), Javier Baizabal Cordero.

A través de una carta, -en la que los denunciantes nos piden el anonimato, pero están plenamente identificados- advierten que este oscuro personaje ha difundido entre los agremiados del sindicato y personal de oficinas administrativas, que no deberían ser leales a la gobernadora.

Este servidor de lo público, protegido por Cuitláhuac García Jiménez habría defraudado no solamente a los empleados, si no también a las arcas del CECYTEV, inflando salarios y  protegiendo a gente como Wendy Garrido Arenas, sobrina de Eleazar Guerrero Pérez (primo del gobernador), a quien le habrían asignado un salario mucho mayor al de personal administrativo, que es el que detenta.

El mismo ex subsecretario de Media Superior y Superior (SEMSYS), Jorge Uscanga  Villalba.

Jorge Domínguez ex encargado de deportes y cultura de la SEMSYS (mismo origen de Uscanga Villalba), una vez que fue dado de baja de la SEV, llegó al CECYTEV para ser cobijado bajo la sombra protectora, de Javier Baizalbal.

También tendría en nómina a la esposa del chofer del diputado electo, Zenyazen Escobar, como aviadora.

Además, entre las múltiples irregularidades de Baizabal Cordero estaría también la creación de empresas fantasma.

Las preguntas que privan entre los empleados afectados del CECYTEV, es  -¿Por qué es intocable?-, -¿cuántos favores le deben?-, -¿qué sucedió con los maestros a los que dejó sin empleo?-, -¿qué sucedió con las denuncias de las mujeres que sufrieron de hostigamiento y acoso laboral?

Todas esas preguntas esperan respuesta y la esperan de la gobernadora electa Rocío Nahle, pero no sólo eso, sino que también haya una investigación seria en contra de este funcionario y que en su caso, exista un castigo ejemplar.

¡Qué barbaridad!

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Miguel Ángel Cristiani – La reforma a la propiedad privada

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·       Toda la propiedad privada en el país pasa a ser del estado

·       El gobierno retiene el dominio pleno de terrenos, casas, edificios

·       La propiedad pasa al gobierno y este te permite vender tu concesión

Por Miguel Ángel Cristiani G.

La atención de la opinión pública se ha estado enfocando hacia la llamada Reforma del Poder Judicial sobre la elección de jueces mediante elección popular, pero un tema que seguramente habrá de ser mucho más polémico, es el de la reforma a la propiedad privada, que se ha manejado en redes sociales también se habrá de proponer en la próxima legislatura federal.

En un audio que está circulando se escucha la que parece ser la voz de Mario Delgado presidente de Morena y futuro secretario de educación, quien en una entrevista radiofónica afirma:

“Claro, el punto es que no seguirás teniendo tus concesiones como antes.

Lo que poseías antes de la nueva constitución seguirá siendo tuyo.

No, en realidad no seguirá siendo tuyo porque se ha transformado de propiedad privada a una concesión reconocida por el estado, la cual puedes vender, pero sigue siendo una concesión ya que toda la propiedad privada del país pasa a ser del estado.

Todo lo que invertiste en tu casa, la concesión no equivale a una propiedad. Cuando posees una propiedad, ejerces legalmente el dominio sobre ella, tanto que pagas un impuesto por la traslación de dominio, es decir, pagas por transferir la propiedad a otro nombre.

Con la nueva propuesta monetaria, desaparece la traslación de dominio porque el gobierno retiene el dominio pleno de terrenos, casas, edificios.

La nueva constitución establece que tendrás una concesión, no la propiedad.

La propiedad pasa al gobierno y este te permite vender tu concesión.

El gobierno autorizará esa venta y la nueva constitución indica que puedes acordar el precio con el comprador, pero recuerda, son concesiones y pueden ser revocadas.”

Ese proyecto de reforma constitucional en realidad es una amenaza a la propiedad privada.

La reciente iniciativa de reforma a la Constitución en materia de propiedad privada pone en riesgo todo lo que hemos construido y logrado a través del esfuerzo y el trabajo duro.

Esta reforma busca socavar los pilares de la propiedad privada, uno de los principios más básicos de una sociedad libre y próspera. Si se aprueba, podríamos ver cómo nuestros derechos sobre nuestras propias casas y bienes se ven gravemente disminuidos o incluso eliminados por completo.

Debemos estar alerta y bien informados sobre los peligros que entraña esta reforma constitucional. No podemos permanecer pasivos mientras nuestros derechos son amenazados.

Debemos hacer oír nuestra voz y participar activamente en este debate crucial.

 Informémonos, para frenar esta iniciativa que pone en riesgo todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Nuestras casas, nuestros ahorros y nuestro futuro están en juego. ¡No podemos permitir que se nos arrebate la propiedad privada!

La iniciativa de reforma constitucional pretende eliminar gradualmente la propiedad privada en favor de un sistema de «propiedad social». Esto significaría que el Estado tendría un control cada vez mayor sobre los bienes inmuebles y los recursos productivos, limitando significativamente los derechos de los ciudadanos como propietarios.

Algunas de las medidas clave que se han propuesto incluyen:

·       Restricciones más severas sobre la compra, venta y herencia de propiedades.

·       Mayores impuestos y gravámenes sobre la propiedad privada.

·       Expropiaciones y nacionalizaciones de empresas y bienes raíces bajo el argumento del «interés social».

·       Limitaciones en el uso y disposición de las propiedades, con mayor injerencia estatal.

·       Redistribución forzosa de propiedades y recursos hacia programas de «vivienda social».

Estas medidas socavarían los cimientos de la propiedad privada, pilar fundamental de una economía de mercado y una sociedad próspera. Sin la seguridad de poder disfrutar plenamente de los frutos de nuestro trabajo y esfuerzo, perderíamos gran parte de nuestra libertad individual y la capacidad de planificar nuestro futuro con certeza.

Además, la eliminación de la propiedad privada tendría graves consecuencias económicas, como la disminución de la inversión, la reducción de la productividad y el empobrecimiento general de la población. Nuestro derecho a decidir sobre nuestros bienes y propiedades sería severamente limitado.

Para más información consulta nuestra página https://www.xn--bitacoraspolticas-ovb.com/

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Fernando Padilla Farfán – Reforma Migratoria – Un desafío urgente y complejo

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Por Ing. Fernando Padilla Farfán

La reforma migratoria es uno de los temas más controvertidos y urgentes en la agenda política actual, no solo en países receptores de inmigrantes como Estados Unidos y los estados miembros de la Unión Europea, sino también en naciones de tránsito y origen. La movilidad humana, impulsada por factores económicos, políticos y sociales, presenta desafíos y oportunidades que requieren respuestas coordinadas y comprehensivas.

En las últimas décadas, la migración internacional ha aumentado significativamente. Según datos de la ONU, hay aproximadamente 281 millones de migrantes en todo el mundo, lo que representa el 3.6% de la población global. Las razones para migrar son diversas: búsqueda de mejores oportunidades económicas, escapar de conflictos y persecuciones, reunificación familiar, y efectos del cambio climático, entre otros.

El aumento en los flujos migratorios ha llevado a muchos países a reforzar sus fronteras, implementando medidas estrictas de control y seguridad. Estas políticas, aunque destinadas a prevenir la migración ilegal y la trata de personas, a menudo resultan en situaciones humanitarias críticas en las fronteras.

Un enfoque equilibrado que combine seguridad con rutas legales y seguras para migrantes puede ayudar a gestionar mejor los flujos migratorios, reduciendo la presión en las fronteras y permitiendo una migración ordenada.

Los migrantes a menudo enfrentan discriminación, explotación laboral y dificultades para acceder a servicios básicos como salud y educación. La integración social y cultural es otro reto significativo.

Políticas de inclusión que promuevan la igualdad de derechos y la participación activa de los migrantes en la sociedad pueden contribuir a una cohesión social más fuerte y a aprovechar el potencial económico y cultural que los migrantes aportan.

Existe un debate continuo sobre el impacto de la migración en los mercados laborales locales. Mientras algunos argumentan que los migrantes compiten con los trabajadores locales, otros señalan que los migrantes a menudo ocupan puestos que los locales no desean.

La migración bien gestionada puede ser un motor de crecimiento económico. Los migrantes suelen llenar vacíos en el mercado laboral y contribuir a la innovación y el dinamismo económico.

La política migratoria de Estados Unidos ha sido un tema divisivo. Con más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, el sistema actual es ampliamente considerado ineficaz.

 La administración actual ha propuesto un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, la modernización del sistema de visados, y la mejora de las condiciones en los centros de detención. También se busca abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica mediante inversiones en desarrollo y seguridad.

La crisis migratoria de 2015-2016 reveló las debilidades del sistema de asilo europeo, conocido como el Reglamento de Dublín, que sobrecarga a los países de entrada como Grecia e Italia.

La Comisión Europea ha presentado un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que incluye mecanismos de solidaridad obligatoria entre los estados miembros, mejoras en los procedimientos de asilo, y cooperación con países de origen y tránsito para gestionar mejor los flujos migratorios.

La reforma migratoria es un asunto complejo que requiere un enfoque multidimensional y colaborativo. Las políticas deben equilibrar la seguridad con la humanidad, promover la integración y el respeto a los derechos humanos, y reconocer los beneficios económicos y sociales de la migración. Solo mediante un diálogo constructivo y soluciones innovadoras se podrán abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presenta la migración en el mundo contemporáneo.

#fernandopadillafarfan

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