ALMA GRANDE
Por Ángel Álvaro Peña
La seguridad en Tamaulipas tiene muchos años que desapareció. Es el estado con más ex gobernadores en la cárcel o a punto de entrar a ella.
El último de los gobernadores que no pidió la cárcel ni tuvo cuentas pendientes con la justicia fue Américo Villarreal, padre del actual gobernador, quien gobernó la entidad de 1987 a 1993.
De ahí en adelante, todos han pisado la cárcel: Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington, Eugenio Hernández Flores, la excepción fue Egidio Torre Cantú, cuyo hermano Rodolfo, fue asesinado cuando era candidato a la gubernatura. Producto de la inseguridad que priva en la entidad.
El más reciente gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, primer gobernador del PAN en Tamaulipas, está acusado de terrorismo, tráfico de migrantes, robo de piezas de arte, crímenes contra de la paz, violencia sexual en conflicto, crimen organizado y violación de los Derechos Humanos. Tiene una ficha roja de Interpol con su nombre y es buscado, por lo que a pesar de que se considera un prófugo de la justicia su partido lo quiere convertir en candidato a la Presidencia de la República.
La violencia en Tamaulipas fue muy similar y a veces superior a la de estados que se caracterizan por sus muertes violentas, como Sonora. Ahora el que mayor índice de asesinatos es Guanajuato que está muy por arriba de todos los demás estados, habitualmente violentos.
Así, Tamaulipas, mostró su voluntad de transformación con la votación a favor de Américo Villarreal, lo que significó un cambio evidente en materia electoral, a pesar de las amenazas y el voto comprado para elegir un nuevo dirigente.
La vocación de los tamaulipecos es de izquierda, la influencia política y social de personajes como don Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, a quien le costó la libertad haber apoyado la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas en 1988, cuando se cometió en su contra el fraude electoral en favor de Carlos Salinas de Gortari.
Tamaulipas es un estado clave para los flujos migratorios irregulares, debido a que forman parte de la ruta del Golfo -una de las más usadas- y porque es el estado que comparte una frontera de 641 km con Estados Unidos, es decir, representa un 20 por ciento de la zona limítrofe norte.
Tarea difícil sin duda es la de algunos presidentes municipales del sur de Tamaulipas que a pesar de lo complejo de su tarea y los riesgos que implica preservar la ley, porque son un dique de contención de migrantes y delincuentes, ceben prácticamente detectarlos sin violentar sus derechos y mantener la paz en sus localidades, lo cual representa una tarea que se antoja casi imposible y sin embargo, ellos lo logran, como es el caso del presidente municipal de Ciudad Madero, la tierra de “La Quina”, Adrián Oseguera Kernión, quien ha sido reelecto, precisamente por la verticalidad de su administración y la firmeza de sus conceptos políticos.
Aquí lo interesante es ver que Tamaulipas se ha convertido en el estado de tránsito migratorio parte del conocido Triángulo Norte de Centroamérica, conformado por guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, de estas personas, los que más recurrieron a traficantes en 2019 fueron las guatemaltecas y las salvadoreñas: más de 90%, mientras que las hondureñas, si bien cruzan en su mayoría por Tamaulipas, menos de 40% utilizó coyote, cifras reveladas por Missing Migrant Project de la Organización Internacional para las Migraciones.
Tamaulipas en los gobiernos de Calderón y Peña sufrió los más altos niveles de violencia, aunque fue en 2010 cuando en la entidad percibió un recrudecimiento.
En Tamaulipas hay un despliegue de 12 mil 753 elementos de personal operativo de los cuales 10 mil 154 elementos operativos federales, incluidos 2 mil 862 Guardia Nacional, 4 mil 492 del Ejército y 2 mil 800 de la Marina, por 2 mil 599 policías estatales.
En Tamaulipas están implicadas autoridades del pasado en esta violencia que impera todavía, porque al erradicar este tipo de intereses la reacción es violenta, pero al atacar por el origen de la inseguridad es rechazada por completo y no hay regreso de las costumbres que terminaron convirtiéndose en vicios.
De ahí en adelante se han contabilizado sucesos como desapariciones, violencia por las plazas y asesinatos masivos, recapitulemos uno de los casos emblemáticos que han definido el riesgo que representa para los migrantes transitar por Tamaulipas.
La Masacre de San Fernando en 2010 donde fueron asesinadas 72 personas, 58 hombres y 14 mujeres, provenientes de Ecuador, Honduras, Brasil y El Salvador. En ese entonces la encargada del Instituto Nacional de Migración era la panista Cecilia Romero Castillo, a quien nunca nadie tocó ni con el pétalo de una rosa.
Según informes fueron acribilladas por el cártel de Los Zetas, luego de ser secuestradas y negarse a trabajar para esa organización delictiva.
En 2011, un año después, ahí mismo en San Fernando fueron exhumados 193 cadáveres de 47 fosas clandestinas en las que se incluían más migrantes.
Otro caso fue en manos de 12 agentes de la Policía estatal en 2021, durante el sexenio de Cabeza de Vaca, en la localidad de Santa Anita, municipio de Camargo, donde se localizaron restos humanos calcinados de 19 personas, 16 de origen guatemalteco y 3 mexicanos.
La violencia se enraizó en territorio tamaulipeco debido al crimen organizado, por lo cual se han registrado desapariciones, amenazas, secuestros, asesinatos y toda clase de delitos contra la población civil.
Esta violencia contra los tamaulipecos ha convertido a la entidad en uno de los estados con mayor porcentaje de desplazados de México, pues se estima que de 2015-2020 -periodo del gobierno de Cabeza de Vaca-, 12 mil 517 tamaulipecos dejaron su residencia y se desplazaron a otra entidad por la violencia e inseguridad, lo cual representa un volumen importante de personas, ya que tan sólo en 2020 el estado tenía una población de 3,528 millones de habitantes.
Resaltemos que estas víctimas fueron principalmente en los municipios de Nuevo Laredo, Matamoros, Mier y Reynosa.
Ahora bien, Tamaulipas no cuenta con una legislación específica en materia de desplazamiento forzado que permita la identificación de este fenómeno, así que las personas que se encuentran en esta situación no es posible ayudarles, brindarles atención o una reparación integral.
Con esta radiografía del estado es posible saber porque el presidente López Obrador ha puesto sus ojos en Tamaulipas, porque la nueva Aduana Nacional tendrá base en Nuevo Laredo y porque se hará cargo un nuevo batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es porque Tamaulipas es uno de los 18 estado más inseguros del México.
PEGA Y CORRE
El gobernador priísta del Estado de México, Alfredo del Mazo, ya entregó la plaza y hasta la Presidencia de la República al decir que ya se vio formando parte del gabinete de Claudia Sheinbaum. Con esa oposición para qué queremos competencia electoral… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
Esta es opinión personal del columnista
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