TRAS LA VERDAD
Mario Aburto Martínez, de acuerdo al juez de distrito que lo sentenció el 5 de octubre de 2004, fue el asesino solitario que privó de la vida a Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994.
En primera instancia la pena de prisión fue de 48 años, para después ser modificada y reducida a 45 años, vía apelación, el 16 de diciembre del año de la ejecutoria.
En el año 2021, el entrometido de AMLO, dijo que se revisaría el caso y verificarían si no había sido torturado el asesino confeso. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, a cargo de la señora Piedra, ni tarda ni perezosa, determinó que sí había sido torturado Mario Aburto.
Luego intervendría la fiscalía General de la República en un asunto ya sentenciado y ejecutoriado; volver a “revivir” el asunto sentenciado. Solo le falto a López Obrador, como en el caso de los 43 asesinados de Ayotzinapa, decir que él se haría cargo de la investigación. AMLO quiere legislar como aquel “decretazo” que le tiró la SCJN; investigar como en el asunto de la muerte de los de la Línea 12 del Metro, lo de Ayotzinapa o que decir los quemados de Tlahuelilpan, asunto que sentenció López con la absolución de los involucrados.
AMLO, siempre atento para obtener beneficios políticos.
Así que la Fiscalía bajo su mando, intentó, sin éxito alguno, “rascar” con el propósito de involucrar a funcionarios de primer nivel en tiempos de Carlos Salinas de Gortari y Manlio Fabio Beltrones.
No lograron involucrar a nadie, como ha sido en el caso de los 43 normalistas asesinados de Ayotzinapa, metieron a la cárcel al entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam y tras Tomás Zerón y otros más. A todos los quieren encarcelar más por cuestiones políticas que por razones de responsabilidad penal.
Lo mismo hicieron con la Licenciada Rosario Robles Berlanga, dos veces Secretaria de Estado en el gobierno de Enrique Peña; acusada políticamente y encarcelada injustamente. Después de varios años salió absuelta. Lo mismo sucederá con Murillo Karam, si resiste el cruel encierro. AMLO nunca se disculpó con Rosario. Por absolver a sus enemigos políticos el presidente López encontró “razones” para fustigar y vituperar a jueces, magistrados y ministros. “El corrupto es el presidente Andrés López Obrador”.
La procuración de justicia y aplicación de la justicia en manos de políticos perversos. El mazo de los políticos. Así logran doblar a los “adversarios. Amenazas o cárcel. Y así trae a otros más la administración de la #4T.
A casi 30 años de distancia, el asunto de Mario Aburto resurge, dada la posibilidad de que obtenga su libertad, a consecuencia de diversos juicios en el fuero federal. El problema no solo es político, también de naturaleza jurídica.
Las autoridades de entonces, dado que se trató del homicidio de un candidato a la Presidencia de la República, el fuero federal se hizo cargo del asunto y no las autoridades locales por tratarse de un “simple homicidio”. Fue considerado como “magnicidio” por el Ministerio Público y el juez de distrito aceptó la competencia, no declinó al fuero común.
Por cierto, en el inter otros inculpados fueron absueltos; aseguraban que se trató de un complot urdido desde la Presidencia de la República y militantes del PRI. Nunca nadie ha podido demostrar esa hipótesis.
El General del Estado Mayor Presidencial Domiro Roberto García Reyes, fue el responsable de la frustrada seguridad de Luis Donaldo Colosio; acusado y absuelto. Durante las investigaciones hasta brujerías hicieron valer las autoridades, como el Procurador Pablo Chapa Bezanilla, quien encontró unos huesos humanos en sus pesquisas, ayudado por una “vidente”, los cuales nada tuvieron que ver; fue destituido del cargo. Crearon una subprocuraduría especial para hacerse cargo de la investigación. Conclusión, Aburto fue el asesino solitario y purga la pena de prisión.
A casi 30 años de distancia resulta que el ministerio público y el juez se equivocaron del fuero de competencia, no debió ser federal sino estatal, por esa razón un tribunal colegiado pide al juez aplique el código estatal para imponer la pena y no el Código Penal Federal.
Nada de que Mario Aburto es inocente. No, simplemente en votación dividida los magistrados anulan la pena para volver a imponer otra con base en la legislación del Estado de Baja California, municipio de Tijuana, en Lomas Taurinas, para ser exacto se cometió el homicidio. AMLO no ha logrado salirse con la suya. Aunque pugna por la libertad del homicida, como lo hace con el “Chapo Guzmán”, a quien pretende traer a México para que purgue su pena de prisión en nuestro país. AMLO el defensor de criminales.
Periodistas aseguran que la pena máxima de prisión por la comisión del delito de homicidio en el código penal de Baja California, es de 30 años, luego el año próximo dejaría la cárcel y obtendría su libertad. Ahondan las dudas los medios de comunicación.
Ignoran que, en todos los códigos penales del país, existen las “agravantes”, como son la alevosía, premeditación y ventaja; las agravantes hacen creer las penas de prisión. Y pueden incrementarlas hasta en una mitad más de la sanción.
Así las cosas, si el juez de distrito consideró agravantes, estas deberán prevalecer; lo que ordena la ejecutoria del tribunal es aplicar la pena en base al código penal de Baja California y bien puede incrementar la pena máxima de 30 años, tomando en consideración las agravantes. La peligrosidad del delincuente Mario Aburto ya fue tasada, no puede ser alterada. Lo que no podrá hacer el juez, es incrementar la pena de 45 años.
Así las cosas, AMLO se quedará con las ganas de sacar libre al sentenciado y colgarse la estrellita; Aburto no podrá ser absuelto. Sigue siendo culpable del homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta. No habrá políticos priistas o expriístas inculpados. Y la señora Piedra también se quedó en medio del juego sucio de su patrón.
El tema es de expertos en Derecho Penal, no de periodistas, mucho menos de políticos.
Por Héctor Parra Rodríguez
Esta es opinión personal del columnista
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