Xalapa, Ver.- Luego de que la Auditoría Superior de la Federación detectó daño patrimonial por más de 80 millones de pesos en el Poder Judicial del estado de Veracruz, correspondiente a la cuenta pública 2021, la magistrada presidenta del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, dio a conocer que de manera interna se integrará una denuncia para que quien resulte responsable, sea puesto ante la justicia.
La Auditoría Superior de la Federación observó al Poder Judicial por detectar que algunos trabajadores ganaron más de lo establecido por el tabulador y por la adjudicación de contratos de las ciudades judiciales y detectar que no fueron solventados 82 millones de pesos.
La presidenta del Poder Judicial subrayó que tras ser notificados por la no solventación del daño señalado y cometido durante la presidencia de la magistrada Isabel Romero Cruz.
“Este es un tema que le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación, no soy yo propiamente quien inicia los temas penales, si no que ellos mismos, al determinar un decremento patrimonial, ellos son los que proceden ante la FGR y seguramente nosotros tomaremos o vamos a tomar nuestras medidas desde la contraloría interna por el tema administrativo. Creo que sí le corresponde a la ASF, pero con independencia, también nosotros vamos a tomar nuestras medias, tanto penales como administrativas”.
En el mes de febrero se dio a conocer la tercera entrega del Informe de Seguimiento de las Observaciones de la ASF, donde se hizo un paquete de observaciones al Poder Judicial por pagar de más a trabajadores, incluso, por adjudicar de manera directa varias obras.
El Poder Judicial fue requerido para explicar porqué algunos trabajadores ganaron más de lo que establece el tabulador, el proceso de adjudicación de algunos contratos, especialmente de las ciudades judiciales.
La ASF auditó el capitulo de Servicios Personales. La Sefiplan remitió más de mil 96 millones para el pago de la nómina, al revisar el pago a 3 mil 906 trabajadores, se identificaron 56 pagos a 53 trabajadores en los que los conceptos de compensación temporal y compactable y bono único extraordinario era superior en 153 mil 852 pesos.
Además, se realizaron 31 movimientos de pago a 12 trabajadores por un importe de 568 mil 435 pesos, después de que causaron baja definitiva; otros siete pagos, entregados a seis trabajadores por 105 mil 392 pesos se transfirieron indebidamente a personas que estaban de licencia sin goce de sueldo.
En la revisión del proceso de contratación de obra, servicio o insumos, se detectó que el Poder Judicial del Estado realizó el 14.6 por ciento del total de procedimientos de adjudicación reportados, mediante procedimiento de invitación restringida; y el 85.4 por ciento por adjudicación directa.
Además, se observó como daño patrimonial la asignación de 13 contratos que fueron adjudicados de manera directa por un monto que supera los 15 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2022.
Por Héctor Juanz