Poza Rica, Ver.- Favoritismo en la Junta Federal número 44 con sede en esta ciudad, a favor de Petróleos Mexicanos, por su presidente DANIEL GÓMEZ HERNÁNDEZ.

Se dice que el funcionario actúa en complicidad con los representantes patronales y obrero, JOSÉ ASCENSIÓN BADILLO MARTÍNEZ y JOSÉ ANTONIO LOYDA ARIAS, respectivamente, quienes en pleno resuelven y firman los laudos que a todas luces son ilegales para favorecer a Pemex y así encubrir las deficiencias por parte de los apoderados legales de esa empresa, al defender los juicios.

Así lo denuncian trabajadores de esa ex paraestatal que fueron despedidos injustificadamente y demandaron ante esa autoridad laboral su reinstalación y otras prestaciones, en cuyos juicios la empresa en una mala estrategia jurídica, optó por contestar las demandas negando la relación de trabajo lisa y llanamente.

Los inconformes manifiestan que, conforme a derecho les corresponde acreditar únicamente la relación de trabajo, lo cual realizaron fehacientemente con un legajo de pruebas contundentes como lo son: tarjetas de trabajo, constancias laborales, inspecciones oculares e incluso con las credenciales originales que les fueron expedidas por Pemex, las cuales, dentro de los laudos, la misma autoridad reconoce que son prueba plena y con ello acreditan la relación de trabajo con Petróleos Mexicanos.

Es decir, la autoridad dentro del mismo laudo reconoce que los trabajadores cumplieron con su única carga probatoria, no obstante, finalmente en los resolutivos de dichos laudos, la junta absuelve a dicha empresa, con argumentos totalmente desatinados que no tienen nada que ver con la litis ni con las cargas probatorias en el juicio, por lo que, dichas resoluciones resultan notoriamente ilegales, circunstancia que incluso constituye un delito federal en contra de la administración de justicia que será denunciado ante la autoridad penal correspondiente, esto con la finalidad de evitar más atropellos por parte del pleno de esa junta, quienes le causan agravios a los trabajadores, pues de dictar un laudo congruente, conforme a derecho, en estos casos, tendrían que condenar a la empresa a reinstalar a esos trabajadores.

Dicha reinstalación podría ser al menos de manera provisional en lo que se hace firme el laudo, pero ahora tendrán que esperar más de un año en lo que se resuelven los juicios de amparo directo que han promovido y esto retrasa su reinstalación más de un año, lo que conlleva una grave afectación económica, por lo que, en su momento también demandarán a esa junta el pago de los daños y perjuicios que esos laudos ilegales les ocasiona por la vía civil y administrativa.

Los quejosos, dijeron que lo que se pretende es que cesen esas costumbres injustas que beneficias a Pemex, pues cuando se les hace ver la notoria ilegalidad de sus resoluciones con una tranquilidad y ligereza, responden:

“VÁYANSE AL AMPARO”, lo cual, es una respuesta totalmente irresponsable y aberrante como sus laudos, pues no consideran la necesidad de esos trabajadores de ser reinstalados en su empleo, los cuales, en primer lugar, padecieron de injusticia al ser despedidos injustificadamente de su empleo, y ahora, continúan sufriendo injusticias por parte de la autoridad encargada de impartirla, quien se ha convertido en un auténtico defensor más de petróleos mexicanos, pues ellos defienden mejor a esa empresa que sus mismos apoderados legales…, por qué será? $$

Por Redacción Noreste