Ciudad de México.- El Gobierno de México exhibió a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) , Norma Lucía Piña, y a la secretaria ejecutiva de Disciplina del CJF, María Gabriela Rolón Montaño, por desechar una queja administrativa contra una juez federal.

El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Luis Rodríguez Bucio, detalló en la conferencia matutina de Palacio Nacional detalló que la queja desechada fue contra la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, del estado de Aguascalientes.

El funcionario de SSPC apuntó que Álvarez Rodríguez ha sostenido criterios parciales beneficiando a los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco “N”, un pepenador que fue detenido en diciembre de 218 por elementos de la Fiscalía de Aguascalientes y escoltas del exgobernador Martín Orozco.

Los presuntos responsables de la desaparición fueron identificados como René “N”, Gerardo Omar “N”, Pablo “N” y Víctor “N”.

“Las actuaciones de la juez Álvarez Rodríguez podrían absolver a los procesados del delito de desaparición forzada de José Francisco ‘N’”, dijo Rodríguez Bucio.

Piña Hernández, quien fue elegida como presidenta de la Suprema Corte a principio de año, ha tenido fricciones con el presidente Andrés Manuel López Obrador antes y después de acceder al cargo.

El mandatario mexicano ha mantenido desde la elección de la ministra Piña Hernández una confrontación constante con el Poder Judicial.

Con información de López-Dóriga Digital

Ciudad de México. – La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, dijo que es importante distinguir entre la necesaria legitimización del uso de las instituciones públicas como un medio para obtener aprobación social.

Advirtió que no debemos confundir legitimización con popularidad.

Con información de Agencias

Ciudad de México. – Un juez federal mandó dejar sin efecto la orden de aprehensión contra Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con el fallo emitido por el juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, se le otorgó un amparo a la exfuncionaria debido a que el juez de control que ordenó la captura no fundó ni motivó la resolución.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso ya un recursos de revisión ante un Tribunal Colegiado donde se determinará si confirma, revoca o modifica la sentencia.

En octubre de 2020 se libró la orden de captura por parte de la FGR a través de un juez de Control del Penal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, sin embargo, esta orden nunca fue cumplimentada.

Rosario Robles se encontraba en prisión desde 2019, por permitir el desvío de fondos públicos por unos 255.6 millones de dólares.

La extitular de la entonces Sedesol fue liberada en agosto de 2022 y el motivo de su liberación fue que se acogió al criterio de oportunidad, que ofrece el Gobierno mexicano para colaborar en la pesquisa de funcionarios y actores presuntamente inmiscuidos en la ‘Estafa Maestra‘.

La defensa legal de la exfuncionaria argumentó que Robles, de 66 años, padece hipertensión, rinitis crónica y problemas en la cadera, los cuales fueron acreditados durante su encierro.

Con información de López-Dóriga Digital