Xalapa, Ver.- Por violar ocho artículos constitucionales, se promoverá juicio político contra el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, los y las magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Veracruz (TRIJAEV), anunció el senador Alejandro Rojas Díaz Durán.

Se incluye a Leticia Aguilar Jiménez magistrada presidenta del TRIJAEV; el magistrado Jaziel Cabrera Pacheco; las secretarias proyectistas, Jimena Martínez, Dolores Pichardo y Miriam López; así como las trabajadoras de dicho Tribunal, María Aurea Cortés García, Diana Mónica Barajas González y María del Rosario Martínez.

Al respecto, comentó que se debe al caso de la resolución que emitieron en contra del ciudadano Américo Zúñiga Martínez para tratar de inhabilitarlo de manera injustificada e ilegal por un año.

Díaz Durán también señaló la intromisión del diputado de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz, Juan Javier Gómez Cazarín, toda vez que el senador exhibió fotografías publicadas por comunicadores veracruzanos de este legislador local con la presidenta del TRIJAEV en un acto proselitista.

«Han violado la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución del Estado de Veracruz», manifestó el legislador de la Cámara Alta.

Al respecto, detalló que violan el artículo 41 de la Constitución al entrometerse los poderes Judicial y Legislativo en el proceso electoral, violando los principios de imparcialidad, de legalidad, de equidad y de democracia.

Aunado a lo anterior, acotó que violan el artículo 49 constitucional que señala la división de poderes, así como el 39 constitucional, que establece que la soberanía nacional reside en el pueblo, «porque los poderes públicos están para beneficiar al pueblo, no para atentar contra el pueblo, porque al tratar de inhabilitar de manera política a un actor político, a un ciudadano que está en una competencia electoral, están violando el principio de la soberanía nacional y de la soberanía popular veracruzana, porque están distorsionando con su actuación, interviniendo de manera ilegal en el proceso electoral».

El senador también comentó que se viola el artículo 94 constitucional, «porque todas las actuaciones de los magistrados, de los ministros, de los jueces, de los secretarios de estudio y cuenta, deben estar apegadas de conformidad con la ley».

Además, comentó que violaron el artículo 110 constitucional, porque en la inhabilitación de Américo Zúñiga «hay una motivación política, promovida por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez».

Asimismo, dijo que se viola el artículo 101 constitucional, pues en unos de sus párrafos establece como deben actuar ministros, magistrados y jueces de todo el país, «señala claramente que la sanción correspondiente por violar derechos humanos y por introducir elementos políticos en resoluciones judiciales y por actuar violando la Constitución y la Ley del Poder Judicial, la infracción será sancionada con la pérdida del respectivo cargo, así como de las prestaciones y beneficios que correspondan al mismo».

«Voy a iniciar el procedimiento y la promoción para que sean destituidos de su cargo, todos ellos, en el Consejo de la Judicatura Federal la próxima semana», adelantó en videoconferencia este viernes.

Asimismo, dijo que se integrarán en el expediente todas las pruebas para comprobar la violación sistemática a la Constitución y la impartición de la justicia «de manera política, parcial, vulnerando la autonomía e independencia del Poder Judicial».

Alejandro Rojas Díaz Durán cuestionó el hecho de que las magistradas del TRIJAEV se presten a ser «marionetas» del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

«Estos magistrados, magistradas y personal del Poder Judicial no honran respetando la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la Constitución del Estado de Veracruz, asimismo, están inflingiendo una humillación, al arrodillar a este Tribunal a modo, para que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez opere políticamente, como si fuera un instrumento político electoral».

De manera que, dijo, las y los magistrados de dicho Tribunal son una «vergüenza» para el Poder Judicial, por lo que procederá legalmente para que sean sancionados ejemplarmente y sean destituidos de sus cargos, así como inhabilitados.