• Ruth Callejas Roldán presenta iniciativa que adicionaría el artículo 23 Bis a la Ley de Defensoría Pública del Estado de Veracruz.

Xalapa, Ver.- Con la finalidad de contar con más mediadores y defensores públicos bilingües indígenas en favor de la justicia para personas de pueblos originarios, la diputada Ruth Callejas Roldán presentó a la Diputación Permanente una iniciativa que adiciona el artículo 23 Bis a la Ley de Defensoría Pública del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

La iniciativa, presentada durante la sexta sesión ordinaria, prevé establecer que, a fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal y a la asesoría jurídica en favor de las personas de los pueblos y comunidades indígenas, a través del acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional en que sean hablantes, el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública contará con una Defensoría Pública para el Pueblo y Comunidades Indígenas.

Esta Defensoría deberá tener traductores e intérpretes con conocimiento de la lengua y cultura de la de aquellos que representen.

Además, tendrá que realizar las gestiones necesarias para celebrar convenios de colaboración con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de estos fines y promoverá la formación, tanto de defensores públicos, como de asesores jurídicos bilingües indígenas.

Al justificar el contenido de su propuesta, la legisladora subrayó que en Veracruz hay un solo defensor público por cada 15 mil 798 habitantes indígenas:

“Esto a pesar que la Constitución General y la Ley disponen que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura”, refirió.

Destacó que, de acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda 2020, Veracruz es uno de los ocho estados del país donde se concentra el mayor número de población indígena con 663 mil 503 personas, lo que representa el 8.6 por ciento de su población; de los cuales 48 mil 059 personas no hablan español.

Por otra parte, la también vocal de la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales explicó que en México 7 mil 11 personas de los pueblos originarios están en prisión, de los cuales el 85.2 por ciento no tiene acceso a un intérprete.

“De acuerdo con la Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad de dos mil dieciséis, el 99 por ciento de las personas detenidas de los pueblos originarios termina únicamente en prisión preventiva, es decir, que prácticamente todos los indígenas arrestados pasan su proceso en la cárcel sin ser sentenciados”, agregó.

La iniciativa fue turnada, para su análisis y dictamen, a las Comisiones Permanentes Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y de Asuntos Indígenas y de las Comunidades Afrodescendientes. Se adhirieron las diputadas Anilú Ingram Vallines, Nora Jéssica Lagunes Jáuregui e Itzel Yescas Valdivia.

Redacción Noreste.

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