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Marco Antonio Aguirre R. – Cuitláhuac y la protección a los acosadores sexuales en su gobierno

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columnista invitado

Místicos y Terrenales

* Hay por lo menos 104 casos de acoso sexual reconocidos por el gobierno de Cuitláhuac

* Y no hay evidencias de castigo a los acosadores

Por Marco Antonio Aguirre Rodríguez

Un reportaje de Latinus sobre el acoso sexual que sufren mujeres de la policía estatal por parte de Carlos Enrique Santos Hernández, jefe de la ayudantía del mandatario y encargado de su seguridad personal, puso de nuevo el tema en la palestra, en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Y evidenció una vez más, que en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, los atentados contra las mujeres no se castigan, como tampoco se hace con la mayoría de los delitos.

Cuitláhuac García ha demostrado una y otra vez su carácter misógino y protector de los agresores, en lugar de las víctimas.

En el trabajo elaborado por Cecilia Reynoso para Latinus, se muestra el testimonio de dos mujeres policía sobre los acosos sexuales que se dan en la Secretaría de Seguridad Pública (ssp) por parte de los mandos de la misma hacia las mujeres.

En ese trabajo se citó a Ricardo Alarcón, presidente de la asociación civil Resistencia Ciudadana Xalapeña (RCX), quien mencionó que eran 17 los casos de acoso sexual de los que esa instancia tiene conocimiento por parte de -tan sólo- dicho funcionario.

CUITLÁHUAC Y LA PROTECCIÓN A LOS ACOSADORES SEXUALES EN SU GOBIERNO

Y Cuitláhuac García éste martes 7 de marzo, dio una vez más muestras de que lo suyo es proteger a los agresores y no impulsar el castigo hacia los mismos.

De entrada, en lugar de tan sólo ofrecer que se investigarían las denuncias y que se actuaría en consecuencia, Cuitláhuac dijo que desconocía las denuncias.

En cambio aseguró que Carlos Enrique Santos Hernández ya había sido dado de baja de su ayudantía desde el 16 de enero, porque fue requerido por la Secretaría de Marina.

Aunque es probable que haya mentido también sobre esto.

¿Porqué?

Porque en el directorio de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), hasta este martes 7 de marzo en la tarde -casi dos meses después- seguía apareciendo en el puesto,

Nadie lo había relevado en sus funciones.

Otro detalle con Santos Hernández, es que siempre pedía que lo llamaran “capitán”, pero en el mismo directorio de la SSP aparece como “C” o ciudadano, mientras que los demás enlistados tienen algún titulo profesional. De hecho, al buscar su curriculum, el mismo no existe. Entonces, lo de “capitán”, está en duda.

Ricardo Alarcón, de Resistencia Ciudadana, hizo la denuncia pública el 23 de enero, de éste año.

Ahora, después del reportaje de Latinus Ricardo Alarcón mencionó que se incrementaron las denuncias de acoso sexual y ya son 27 las mujeres y un elemento masculino, acosados en la SSP, que se han acercado a esa instancia.

Pero Cuitláhuac García dice que no sabe nada de las denuncias, tal como también respondió el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, el 24 de enero.

El cerrar los ojos ante las imputaciones, es porque no existe voluntad de castigar las infracciones, ni de detener ese tipo de actitudes inconvenientes.

Aún cuando son generalizadas.

Las mujeres policía que se atrevieron a denunciar mencionaron que todo empieza cuando “los comandantes te empiezan a piropear…que bonito cuerpo te dejó la academia…todo comienza con caricias, tocadas de hombro o tocadita de espalda, ya empieza bajar más de la cintura a la pompi”.

A las que no acceden las sacan de la comodidad de las oficinas y las mandan a las “zonas rojas” del estado.

Y en la SSP asumen la misma actitud que Cuitáhuac García: negar los hechos y pedir que no se hagan públicas las denuncias.

Lo que se busca, en la instancia oficial, es proteger a los depredadores sexuales, no a las víctimas.

En el caso de la SSP es notoria la inacción de la titular de la Unidad de Género, Adriana Bertryl Córdoba Alarcón, quien debería encargarse de estos casos, pero la cual nunca ha intervenido.

De hecho en Seguridad Pública existe el “Pronunciamiento de cero tolerancia al hostigamiento y

al acoso sexual”, el cual fue firmado por el mismo titular de la dependencia, Cuauhtémoc Zúñiga, el 25 de octubre de 2022.

Así que ni para que diga que desconoce ese documento.

En ese pronunciamiento se anota que “En esta Institución quedan estrictamente prohibidas las conductas de hostigamiento sexual y/o acoso sexual” y la primera que describe es:

“Utilizar el grado policial y/o nivel superior jerárquico para intimidar, sugerir o forzar a una persona a someterse a intereses o deseos sexuales”.

Y ese es precisamente el mecanismo más usado.

Pero no sólo en Seguridad Pública se dan esos casos, si no que también se presentan en el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (Ipax), donde hay una lista de casi 20 casos conocidos y en las que nada se ha hecho contra los acosadores.

Uno de los últimos casos en el Ipax, fue la denuncia que realizó una trabajadora en contra de Melquíades González Jerezano, quien la acosaba siguiéndola para todas partes. Melquíades González tiene en su historial el haber sido detenido por el ejército cuando era comandante de la policía municipal de San Juan Evangelista, por portar un arma no matriculada, el 24 de abril de 2009.

HAY POR LO MENOS 104 CASOS DE ACOSO SEXUAL RECONOCIDOS POR EL GOBIERNO DE CUITLÁHUAC

Pero los casos son más, muchos más, tantos que tan sólo el secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, se atrevió a reconocer que existen 104 expedientes de hostigamiento y acoso sexual abiertos en el gobierno de Cuitláhuac García, tan sólo por parte del Instituto Veracruzano de las Mujeres, en las distintas dependencias de la administración estatal.

Esto lo hizo luego de que en su comparecencia por el cuarto informe de gobierno de Cuitláhuac García, la diputada local por el PRI, Anilú Ingram, le pidió conocer el detalle de estos señalamientos.

En ese mismo contexto al secretario de Desarrollo Social del gobierno de Cuitláhuac García, Guillermo Fernández Sánchez, le reclamaron que siguen los casos de acoso sexual en ese dependencia y éste prefirió hacerse el occiso.

Primero, de los casos que se hicieron públicos, Héctor Rivera Castillo, renunció como director Jurídico y luego a Ismael García Rodríguez, director de Políticas de Desarrollo Regional, sólo lo cambió de lugar, para protegerlo.

El número que dio Eric Cisneros, es una muestra de como -también- en el gobierno de Cuitláhuac García tratan de ocultar estos casos, pues en su cuarto informe de gobierno se anota que por el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Administración Pública Estatal, a cargo de la Contraloría General del Estado (CGE), se atendieron al 31 de octubre de 2022, durante ese año, 88 quejas de este tipo en dependencias estatales.

El dato lo recuperó Fabiola González, en un trabajo que realizó para el Diario de Xalapa, publicado el 24 de enero de 2023

En ese reportaje apunta que de las 88 quejas, 86 fueron calificadas como procedentes, pero solo nueve fueron concluidas, es decir, apenas un 10. 5 por ciento del total de las denuncias aceptadas.

Esto sin contar la cifra negra, de las personas que no se atreven a denunciar por temor a perder su trabajo, que debe ser muy superior.

¿Hay resultados de las denuncias por acoso?.

Fabiola González en su publicación señala que no hay evidencia de que algún funcionario del gobierno estatal haya sido sancionado de alguna forma: “hasta el 19 de enero de 2023, no existen informes oficiales que detallen las resoluciones, o refieran las sanciones aplicadas a funcionarios o servidores públicos agresores, derivados de los procesos de investigación a cargo de la CGE, por conductas de hostigamiento y acoso sexual”.

En septiembre de 2022, la Dirección General de Responsabilidades Administrativas de la CGE, refería solo “una” destitución (nada más UNA), de las 86 quejas aceptadas en 2022.

Por cierto, la CGE no atendió todos los casos, pues dentro del mismo cuarto informe de gobierno 2022, la Contraloría reportó que daban seguimiento sólo a 78 casos, mientras que 6 los declaró concluidos (sin especificar como se dio esto) y 1 estaba en proceso de resolución.

¿Y los demás?. Pues la Contraloría estaba tratando de que no pasara nada… para los agresores.

Como en el caso de Fernando Quirarte Vargas, quien en 2020 fue obligado a renunciar a la Dirección de Gobernación, de la Secretaría de Gobierno (Segob), con Eric Cisneros como su jefe y protector, por la denuncia de acoso sexual que interpuso en su contra Paloma LG, la cual acusó que en marzo del 2019 sufría insinuaciones, tocamientos e indirectas.

En este caso la Contraloría determinó que no hubo faltas graves que sancionar, por instrucción directa de la titular de la dependencia, Mercedes Santoyo Domínguez, quien prefirió quedar bien con quien la puso en el cargo que la protección de las mujeres.

Fernando Quirarte cuando salió de su cargo inicial, sólo fue cambiado de área, a la Junta de Mejoras de la Segob, donde también victimizó a otras mujeres por acoso sexual y laboral, quienes presentaron denuncias y quejas en el órgano de Contraloría Interna y la Unidad de Género.

Pero igual, tampoco nadie las atendió.

Fernando Quirarte tenía (tiene) todo el apoyo de Eric Cisneros, porque en el 2018 prestó sus salones, hoteles y hasta dio apoyos económicos, para la campaña de Cuitláhuac García.

Ese era su gran escudo protector.

Paloma interpuso una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), la cual emitió la recomendación 002/2022, dos años después de recibida la misma, por el caso de “Hostigamiento sexual por parte de un funcionario de la Secretaría de Gobierno, obstaculización del acceso a la justicia en sede administrativa de la Contraloría General del Estado y omisiones en la atención por el Instituto Municipal de las Mujeres de Xalapa, perteneciente al H. Ayuntamiento de Xalapa”.

Pero además de la CEDH, el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) sentenció que si se cometió el delito.

Ambas instancias revirtieron el “no pasa nada” de Eric Patrocinio y de la contralora Mercedes Santoyo.

En su resolución el TEJAV exhibió que ni Contraloría, ni el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), ni la propia Secretaría de Gobierno (SEGOB) mediante sus órganos internos de control, actuaron con debida diligencia en las denuncias por acoso, hostigamiento y amenazas contra Paloma LG.

Esto fue -probablemente- una de las grandes determinantes por las que el gobierno de Cuitláhuac García quitó a los magistrados del Tejav para poner otros a su modo.

En este caso, como en los pocos más en los que ha habido algún tipo de sanción o repercusión, ha sido porque la víctima en lugar de intimidarse se mantiene en su reclamo e insiste en su petición de justicia.

El resto de las denuncias, y todas las mujeres que no se atreven a denunciar, son una muestra de que el gobierno de Cuitláhuac García para nada es protector de las mujeres, si no que por el contrario, es completamente misógino, y por el contrario, a quienes protege es a los violentadores, como en el caso de su jefe de ayudantía.

Cuitláhuac García sigue demostrando que para nada es el gran místico del estado que quisiera ser y mucho menos el que necesita la entidad.

Esta es opinión personal del columnista

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Omar Zúñiga – La gran Ana Miriam

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DE PRIMERA MANO

*El silencio ominoso

*Hasta Cisneros contesta

*Américo se va a la Sala Superior

*Denuncian corrupción en CECYTEV

Por Omar Zúñiga

El pasado 7 de julio dieron inicio en todo el país las mentadas “Asambleas Informativas sobre la Reforma al Poder Judicial” que busca imponer Andrés Manuel López Obrador antes de irse a La Chingada (su rancho de Palenque).

Xalapa por supuesto no fue la excepción, y la diputada federal electa por el distrito 10, la misma que dijo que López Obrador “le daba asquito”, Ana Miriam Ferráez, encabezó esta “asamblea informativa”, que se realizó bajo una carpa en Plaza Lerdo…, similar a un circo, sí.

En ese momento, Ana Miriam dio la bienvenida a asistentes y ponentes del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, “a la reunión de información y concientización sobre uno de los temas de mayor relevancia que se encuentra actualmente en la discusión nacional, y que sin duda es la Reforma Judicial, la cual traerá grandes beneficios al pueblo de México”.

Dijo que entre algunos de los puntos más importantes de la iniciativa presidencial se encuentran que los ministros de la Corte, consejeros, magistrados y jueces sean “electos por el pueblo en junio de 2025”; así como la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial que investigue y sancione a jueces por corrupción, tráfico de influencias, nepotismo, complicidad con presuntos delincuentes y corrupción.

Y repitió que “se busca establecer un mecanismo para que la Corte no pueda suspender leyes en beneficio de la mayoría del pueblo expedidas por el Congreso de la Unión, y que esas suspensiones beneficien a unos cuantos intereses económicos, políticos y de grupos”.

La realidad es que no fui invitado a ese foro, pero también debo reconocer que no me tomé la molestia de informarme para estar ahí.

Sin embargo, en la rigurosidad que me mantiene en este negocio, a partir del lunes 8 de julio, es decir un día después, busqué con insistencia a la diputada Ana Miriam Ferráez.

La intención era (es) platicar sobre el tema, que me interesa sobremanera, no es poca cosa la que está en juego.

Los argumentos que esgrime la diputada, no por justos y bien trovados dejan de ser puro cuento, pues sólo repite y repite lo que dice el presidente, parafraseando al ínclito, “repite como loro”.

No hay una argumentación de peso que nos diga que esa reforma, como está redactada, deba ser aprobada, como un hecho necesario para la vida democrática de este país.

Mis preguntas en todo caso son, -¿porqué deben elegirse por voto popular los jueces y magistrados, si en todo caso la promesa de esa campaña debe ser la realización de justicia pronta y expedita; o cómo serían las promesas de campaña?

-¿Cuánto van a costar esas elecciones?

-¿Cómo se podrán financiar las campañas de los aspirantes a puestos de elección popular?

-¿Cómo evitar que dinero del crimen organizado permee en las campañas de quienes buscan impartir justicia?

Estas preguntas y varias más se quedan sin respuesta, pues lo único que obtuve en la búsqueda de la diputada, fue un ominoso silencio.

Ana Miriam Ferráez, diputada federal electa por Xalapa hoy está impugnada por su adversario Américo Zúñiga Martínez, quien en la impugnación de primera instancia, le asignaron más votos, y ahora está a la espera de una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A manera de contexto, hasta Ivonne Cisneros contestó cuando se le cuestionó sobre el primer paquete de reformas propuesto por le presidente.

¿Usted quiere una diputada que guarde silencio ante los reclamos ciudadanos?… ¡yo, no!

*****

Para documentar el optimismo…,  un director más que se sintió intocable durante la administración de Cuitláhuac García está ya en la mira de Rocío Nahle.

Se trata del flamante director del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV), Javier Baizabal Cordero.

A través de una carta, -en la que los denunciantes nos piden el anonimato, pero están plenamente identificados- advierten que este oscuro personaje ha difundido entre los agremiados del sindicato y personal de oficinas administrativas, que no deberían ser leales a la gobernadora.

Este servidor de lo público, protegido por Cuitláhuac García Jiménez habría defraudado no solamente a los empleados, si no también a las arcas del CECYTEV, inflando salarios y  protegiendo a gente como Wendy Garrido Arenas, sobrina de Eleazar Guerrero Pérez (primo del gobernador), a quien le habrían asignado un salario mucho mayor al de personal administrativo, que es el que detenta.

El mismo ex subsecretario de Media Superior y Superior (SEMSYS), Jorge Uscanga  Villalba.

Jorge Domínguez ex encargado de deportes y cultura de la SEMSYS (mismo origen de Uscanga Villalba), una vez que fue dado de baja de la SEV, llegó al CECYTEV para ser cobijado bajo la sombra protectora, de Javier Baizalbal.

También tendría en nómina a la esposa del chofer del diputado electo, Zenyazen Escobar, como aviadora.

Además, entre las múltiples irregularidades de Baizabal Cordero estaría también la creación de empresas fantasma.

Las preguntas que privan entre los empleados afectados del CECYTEV, es  -¿Por qué es intocable?-, -¿cuántos favores le deben?-, -¿qué sucedió con los maestros a los que dejó sin empleo?-, -¿qué sucedió con las denuncias de las mujeres que sufrieron de hostigamiento y acoso laboral?

Todas esas preguntas esperan respuesta y la esperan de la gobernadora electa Rocío Nahle, pero no sólo eso, sino que también haya una investigación seria en contra de este funcionario y que en su caso, exista un castigo ejemplar.

¡Qué barbaridad!

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Esta es opinión personal del columnista

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Miguel Ángel Cristiani – La reforma a la propiedad privada

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·       Toda la propiedad privada en el país pasa a ser del estado

·       El gobierno retiene el dominio pleno de terrenos, casas, edificios

·       La propiedad pasa al gobierno y este te permite vender tu concesión

Por Miguel Ángel Cristiani G.

La atención de la opinión pública se ha estado enfocando hacia la llamada Reforma del Poder Judicial sobre la elección de jueces mediante elección popular, pero un tema que seguramente habrá de ser mucho más polémico, es el de la reforma a la propiedad privada, que se ha manejado en redes sociales también se habrá de proponer en la próxima legislatura federal.

En un audio que está circulando se escucha la que parece ser la voz de Mario Delgado presidente de Morena y futuro secretario de educación, quien en una entrevista radiofónica afirma:

“Claro, el punto es que no seguirás teniendo tus concesiones como antes.

Lo que poseías antes de la nueva constitución seguirá siendo tuyo.

No, en realidad no seguirá siendo tuyo porque se ha transformado de propiedad privada a una concesión reconocida por el estado, la cual puedes vender, pero sigue siendo una concesión ya que toda la propiedad privada del país pasa a ser del estado.

Todo lo que invertiste en tu casa, la concesión no equivale a una propiedad. Cuando posees una propiedad, ejerces legalmente el dominio sobre ella, tanto que pagas un impuesto por la traslación de dominio, es decir, pagas por transferir la propiedad a otro nombre.

Con la nueva propuesta monetaria, desaparece la traslación de dominio porque el gobierno retiene el dominio pleno de terrenos, casas, edificios.

La nueva constitución establece que tendrás una concesión, no la propiedad.

La propiedad pasa al gobierno y este te permite vender tu concesión.

El gobierno autorizará esa venta y la nueva constitución indica que puedes acordar el precio con el comprador, pero recuerda, son concesiones y pueden ser revocadas.”

Ese proyecto de reforma constitucional en realidad es una amenaza a la propiedad privada.

La reciente iniciativa de reforma a la Constitución en materia de propiedad privada pone en riesgo todo lo que hemos construido y logrado a través del esfuerzo y el trabajo duro.

Esta reforma busca socavar los pilares de la propiedad privada, uno de los principios más básicos de una sociedad libre y próspera. Si se aprueba, podríamos ver cómo nuestros derechos sobre nuestras propias casas y bienes se ven gravemente disminuidos o incluso eliminados por completo.

Debemos estar alerta y bien informados sobre los peligros que entraña esta reforma constitucional. No podemos permanecer pasivos mientras nuestros derechos son amenazados.

Debemos hacer oír nuestra voz y participar activamente en este debate crucial.

 Informémonos, para frenar esta iniciativa que pone en riesgo todo lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Nuestras casas, nuestros ahorros y nuestro futuro están en juego. ¡No podemos permitir que se nos arrebate la propiedad privada!

La iniciativa de reforma constitucional pretende eliminar gradualmente la propiedad privada en favor de un sistema de «propiedad social». Esto significaría que el Estado tendría un control cada vez mayor sobre los bienes inmuebles y los recursos productivos, limitando significativamente los derechos de los ciudadanos como propietarios.

Algunas de las medidas clave que se han propuesto incluyen:

·       Restricciones más severas sobre la compra, venta y herencia de propiedades.

·       Mayores impuestos y gravámenes sobre la propiedad privada.

·       Expropiaciones y nacionalizaciones de empresas y bienes raíces bajo el argumento del «interés social».

·       Limitaciones en el uso y disposición de las propiedades, con mayor injerencia estatal.

·       Redistribución forzosa de propiedades y recursos hacia programas de «vivienda social».

Estas medidas socavarían los cimientos de la propiedad privada, pilar fundamental de una economía de mercado y una sociedad próspera. Sin la seguridad de poder disfrutar plenamente de los frutos de nuestro trabajo y esfuerzo, perderíamos gran parte de nuestra libertad individual y la capacidad de planificar nuestro futuro con certeza.

Además, la eliminación de la propiedad privada tendría graves consecuencias económicas, como la disminución de la inversión, la reducción de la productividad y el empobrecimiento general de la población. Nuestro derecho a decidir sobre nuestros bienes y propiedades sería severamente limitado.

Para más información consulta nuestra página https://www.xn--bitacoraspolticas-ovb.com/

Esta es opinión personal del columnista

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Fernando Padilla Farfán – Reforma Migratoria – Un desafío urgente y complejo

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Por Ing. Fernando Padilla Farfán

La reforma migratoria es uno de los temas más controvertidos y urgentes en la agenda política actual, no solo en países receptores de inmigrantes como Estados Unidos y los estados miembros de la Unión Europea, sino también en naciones de tránsito y origen. La movilidad humana, impulsada por factores económicos, políticos y sociales, presenta desafíos y oportunidades que requieren respuestas coordinadas y comprehensivas.

En las últimas décadas, la migración internacional ha aumentado significativamente. Según datos de la ONU, hay aproximadamente 281 millones de migrantes en todo el mundo, lo que representa el 3.6% de la población global. Las razones para migrar son diversas: búsqueda de mejores oportunidades económicas, escapar de conflictos y persecuciones, reunificación familiar, y efectos del cambio climático, entre otros.

El aumento en los flujos migratorios ha llevado a muchos países a reforzar sus fronteras, implementando medidas estrictas de control y seguridad. Estas políticas, aunque destinadas a prevenir la migración ilegal y la trata de personas, a menudo resultan en situaciones humanitarias críticas en las fronteras.

Un enfoque equilibrado que combine seguridad con rutas legales y seguras para migrantes puede ayudar a gestionar mejor los flujos migratorios, reduciendo la presión en las fronteras y permitiendo una migración ordenada.

Los migrantes a menudo enfrentan discriminación, explotación laboral y dificultades para acceder a servicios básicos como salud y educación. La integración social y cultural es otro reto significativo.

Políticas de inclusión que promuevan la igualdad de derechos y la participación activa de los migrantes en la sociedad pueden contribuir a una cohesión social más fuerte y a aprovechar el potencial económico y cultural que los migrantes aportan.

Existe un debate continuo sobre el impacto de la migración en los mercados laborales locales. Mientras algunos argumentan que los migrantes compiten con los trabajadores locales, otros señalan que los migrantes a menudo ocupan puestos que los locales no desean.

La migración bien gestionada puede ser un motor de crecimiento económico. Los migrantes suelen llenar vacíos en el mercado laboral y contribuir a la innovación y el dinamismo económico.

La política migratoria de Estados Unidos ha sido un tema divisivo. Con más de 11 millones de inmigrantes indocumentados, el sistema actual es ampliamente considerado ineficaz.

 La administración actual ha propuesto un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados, la modernización del sistema de visados, y la mejora de las condiciones en los centros de detención. También se busca abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica mediante inversiones en desarrollo y seguridad.

La crisis migratoria de 2015-2016 reveló las debilidades del sistema de asilo europeo, conocido como el Reglamento de Dublín, que sobrecarga a los países de entrada como Grecia e Italia.

La Comisión Europea ha presentado un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, que incluye mecanismos de solidaridad obligatoria entre los estados miembros, mejoras en los procedimientos de asilo, y cooperación con países de origen y tránsito para gestionar mejor los flujos migratorios.

La reforma migratoria es un asunto complejo que requiere un enfoque multidimensional y colaborativo. Las políticas deben equilibrar la seguridad con la humanidad, promover la integración y el respeto a los derechos humanos, y reconocer los beneficios económicos y sociales de la migración. Solo mediante un diálogo constructivo y soluciones innovadoras se podrán abordar los desafíos y aprovechar las oportunidades que presenta la migración en el mundo contemporáneo.

#fernandopadillafarfan

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