Xalapa, Ver.- Luego de que se entregó a diputados locales copia de un expediente plagado de presuntas corruptelas, licitaciones amañadas, pago de favores, conflicto de intereses, millones de pesos devengados fraudulentamente con posibles empresas fantasma y una red de sobornos, se anticipa un escándalo y quizá hasta la destitución y encarcelamiento de altos funcionarios de la Universidad Veracruzana.

Trascendió este fin de semana que diputados locales de oposición solicitarán la comparecencia del Rector de la máxima casa de estudios del estado, Martín Gerardo Aguilar Sánchez, de Emilia Rodiles Justo, directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de la Secretaría de Desarrollo Institucional, así como del arquitecto Ignacio Federico Barajas Olea, jefe del departamento de Construcción Regional y Mantenimiento General, para que rindan un informe sobre diversas licitaciones de contratos de millonarias obras, presuntamente amañadas, dado que Barajas sería el principal operador de Rodiles y su cómplice en la asignación de los contratos a los «con$entido$».

De igual forma se pide auditar esos contratos, cuyos números de licitación obran en poder de Noreste y en los cuales se presume que hubo “vicios de amañamiento, simulación, contubernio o corrupción, que además de afectar el servicio a la comunidad universitaria, lesionan gravemente a empresas locales, legalmente constituidas y generadoras de fuentes de empleo que participan en los concursos que la UV realiza y que por no prestarse al pago de sobornos son relegadas a pesar de presentar las mejores propuestas y costos”.

Con base en la información a la que Noreste tuvo acceso, todo nace en la columna vertebral de la Secretaría de Desarrollo Institucional, esto es, la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, a cargo de Emilia Rodiles desde la administración de Sara Ladrón de Guevara y quien -durante este tiempo- habría tejido una amplia red de complicidades con empresas «ficticias» y otras de «amigo$».

Los inconformes aseguran que Emilia Rodiles y sus secuaces «arreglan de forma descarada los resultados de las licitaciones para dar los fallos a diestra y siniestra a sus compañías, a las cuales se les adjudican favorablemente los contratos sin importar que las empresas bien nacidas presenten mejores propuestas en los procesos de licitación».

En la inconformidad también se detalla que dichas «compañías» son favorecidas porque en los procesos de licitación «descalifican con argucias a quienes ocupan los dos primeros sitios y entonces así el tercero o cuarto lugar son beneficiados en los fallos finales con diferencias millonarias».

En varias oficinas del Palacio Legislativo, así como en el Órgano Superior de Fiscalización (ORFIS) se entregó la lista de las empresas involucradas en esta presunta red de podredumbre y corrupción que, de confirmarse, enlodaría la buena imagen del Alma Mater de los veracruzanos.

En el listado figuran las «empresas»:

REGIONAL DE PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV

MONTAJES DEL SURESTE SA DE CV

VICOOL /AIRE ACONDICIONADO (VÍCTOR GERARDO DOMINGUEZ AGUILAR) 

CODEGO SA DE CV

INMOBILIARIA CONSTRUCTORA ROSI SA DE CV

BORA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SA DE CV

ARQ NOE SUASTEGUI MORA

CONSTRUIG DE MARTÍNEZ SA DE CV

CONSTRUCCIÓN, DISEÑO Y ALTA COMERCIALIZACIÓN JESAM SA DE CV

FLOGRA CONSTRUYENDO SA DE CV

DUN INGENIERIA SA DE CV

CARRERA INGENIEROS SA DE CV

Cabe destacar que muchas de estas supuestas empresas «consentidas» tienen en su haber observaciones en la ejecución de la obra y están sujetas a auditorías, pero como todo está manipulado, eso no importa.

La presunta red de corrupción, que podría llegar incluso a la torre de Rectoría, involucra también al arquitecto Ignacio Federico Barajas Olea, jefe del Departamento de Construcción Regional y Mantenimiento General; al ingeniero Omar Said Bonilla Ortiz; al arquitecto Daniel Arturo Jiménez Fernández, jefe de auditoría; al contador José Guadalupe Eutimio Romero Pérez, contralor general, al ingeniero José Daniel Hernández Ortiz, jefe de la Unidad de Costos y a un sujeto de nombre Abel Martínez Sánchez, quien ya no aparece en la nómina de la Universidad, pero de forma externa opera en la simulación de las licitaciones con todos los antes mencionados y con el personal del departamento de Análisis de Costos y Control de Obra, quienes benefician a las compañías afines, con la generación de precios extraordinarios, inflados y hasta injustificables en la ejecución de las partidas del contrato y que define el destino de las obras licitadas por la Universidad Veracruzana.

Los denunciantes subrayan que resulta inconcebible y descepcionante que en el gobierno de la Cuarta Transformación donde se pregona la honestidad y la transparencia, de forma recurrente haya empresas serias que son burladas en procesos simulados, amañados, viciados, corruptos, en las diferentes etapas de las licitaciones y se van con un mal sabor de boca por la apertura de propuestas fraudulentas en las cuales el quebranto millonario al erario de la Universidad se observa a varias leguas de distancia.

Ha trascendido que ante esta queja y después del caso de las empresas fantasma de Javier Duarte de Ochoa, los focos de alarma se encendieron en el Congreso y en los días por venir los diputados llamarán al banquillo de acusados al Rector, a Emilia Rodiles y a Ignacio Federico Barajas para que informen al respecto.

Por Severo Mirón