Por José Sobrevilla
En los años ochenta, en la Sierra Norte de Puebla había 98 concesiones mineras para la explotación de oro, plata y zinc; también ocho proyectos para la construcción de hidroeléctricas y varios gaseoductos. La defensa del territorio y del agua había unido a una buena parte de los pueblos afectados y fue en aquella coyuntura en que Jesús Ramírez Cuevas realizó el documental “Sierra Norte por la Vida”, un documento interesante donde los habitantes exponen libremente sus preocupaciones por los daños que todo ello traería a las comunidades; el montaje del documental fue de Guillermo Llaguno, y la producción de la cooperativa Tosepa Titaniske y Monopié.
La versión original fue realizada en 1981 y se remasterizó en 2012. En la producción ejecutiva participó Miguel Ángel Pichardo. Con imágenes de la sierra y la vida cotidiana de los 13 entrevistados quienes eran habitantes de los pueblos de Cuetzalan, Zoquiapan, Tuzamapan, Zautla, Olintla, Santa María Ixtacamaxtitlán, San Miguel Tzinacapan. La fotografía la realizaron Jesús Ramírez Cuevas y Guillermo Llaguno, con la participación en el equipo de producción de José Luis Marín, Pablo Cuitláhuac Ramírez, Adrián Fuentes, Matilde Miledi y Gabriel Ramírez.
Es un trabajo altamente recomendable por su denuncia y porque rescata un momento histórico en la lucha de la sociedad contra el daño al medio ambiente de las empresas mineras y las hidroeléctricas, donde la música juega un papel preponderante al ritmo de las imágenes y en la cual participaron Luis Pérez Ixoneztli, Ipan In Xiktli Metztli, México Mágico Cósmico − En el ombligo de la luna: In Altepetl Tonal − El pueblo del Sol; Xochiyaoyoloh – Guerras Floridas, Ketzalkoatl Yauh Miktlan – Ketzalkoatl Viaja a Miktlan, e Ipan In Xiktli Metztli – En el Ombligo de la Luna.
La denuncia, la indignación, y el reclamo de los entrevistados hacía evidente su preocupación y no era para menos; por aquellos años México era uno de los principales países proveedores de minerales del mundo y, en 2015, hasta llegó a ocupar el decimoséptimo lugar en la producción total de minerales, con un valor de 209,326 millones de dólares. En 2016, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, señalaba que en la primera década del siglo XIX la producción minero-metalúrgica había crecido, en términos reales, a una tasa promedio anual de 3.9%, superando en más del doble el crecimiento de la economía nacional en su conjunto (1.7%).
Pero ¿qué ha pasado con esa lucha registrada en el video documental desde 1981 a la fecha?
Como todos sabemos, Puebla no ha sido productor de oro y plata, sin embargo, el gobierno de Enrique Peña Nieto, en 2015, concesionó alrededor de 169,320 hectáreas en 103 títulos mineros, donde los principales minerales para explotar, según el Sistema de Administración Minera (SIAM), serían oro (18%), plata (18%), zinc (16%), cobre (15%) y plomo (13%).
“En la Sierra Norte de Puebla se han realizado actividades de exploración de dos proyectos mineros de oro, plata y cobre. El proyecto Ixtaca que está ubicado en el municipio de Ixtacamaxtitlán, se encuentra en etapa avanzada de exploración y lo ejecuta Minera Gavilán, S.A. de C.V., empresa mexicana subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals. Esta empresa, descubrió en el 2010 que en la zona había mineralización de oro y plata en el subsuelo, con una ley de 2 gramos de oro por tonelada equivalente”.
El 27 de marzo pasado, medios como Ángulo7 dieron cuenta de que los pueblos maseual, tutunakú y mestizo de la Sierra Norte de Puebla recordaban que, entre febrero y marzo, fueron resueltos dos juicios de amparo y con ellos se cancelaban cinco concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán, Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac, sin embargo, lamentaban que se mantuviera la ley minera del 26 de junio de 1992.
También el Diario El País, señalaba el 18 de marzo de 2022 (Teresa de Miguel) que, “tras ocho años de lucha, el pueblo indígena Maseual de la Sierra Norte de Puebla había conseguido evitar que la minería se abriera paso en sus montañas. En una decisión inapelable, un tribunal federal ha anulado esta semana tres concesiones que autorizaban al Grupo Ferrominero extraer oro y cobre a cielo abierto en los municipios de Tlatlauquitepec, Yaonáhuac y Cuetzalan porque las autoridades no consultaron a las comunidades antes de dar los permisos. La decisión supone un nuevo contratiempo para la industria minera en México después del histórico fallo del Tribunal Supremo, que por primera vez canceló dos concesiones mineras en Tecoltemi, también en el Estado de Puebla, bajo el mismo argumento de no contar con el consentimiento de la población”.
Pero los conflictos continúan ahora a nivel legislativo, ya que −según esto− Las reformas a la Ley Minera, asegura El Universal se aprobaron en fast track en abril en las cámaras de Diputados y Senadores, con oposición de algunos legisladores del bloque opositor, al considerar que no se escucharon a los expertos, y que no se debatió suficientemente el tema en el que se declara al litio patrimonio de la nación.
Incluso la acción de inconstitucionalidad que interpusieron 43 senadores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural contra las reformas a la Ley Minera en materia de litio, fue admitida a trámite por la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, y dio un plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación, para que el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo federal rindan su informe y remitan copia certificada de los antecedentes legislativos del decreto impugnado y del Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se publicó.
Lo anterior quiere decir que la lucha de los habitantes de la Sierra Norte de Puebla no está terminada aún y, pese a los movimientos y la organización que han logrado establecer sus habitantes; ahora la batalla se libra en el terreno legal donde están involucrados los intereses de los legisladores de ambas cámaras y de los grupos políticos de oposición.
Justo hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicó seis jurisprudencias sobre la obligación de realizar consultas previas para otorgar concesiones mineras en zonas habitadas por comunidades indígenas.
Estos criterios deberán ser acatados, a partir de hoy para resolver cualquier juicio pendiente sobre el tema. Las legislaciones surgieron a raíz de la aprobación, el 16 de febrero pasado, de un amparo para la comunidad indígena de Tecoltemi, Puebla, en contra de los permisos otorgados a la canadiense Almaden Minerals Ltd para explotar una mina de oro y plata a cielo abierto en la zona serrana de sus territorios ancestrales.
Los ministros coincidieron en que el gobierno violó los derechos a la salud y a un medio ambiente sano de los pueblos nahuas al no preguntarles sobre una medida que repercute directamente en su bienestar, publicó este día el diario La Jornada.
Esta es opinión personal del columnista
También te puede interesar ver: José Sobrevilla – Proceso electoral 2022, trascendencia e impactos