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Carlos Jesús Rodríguez – Jueza en prisión, víctima de excesos de un poder temporal

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POR SI ACASO…

*Difícil alterar amparo; quedan impresos en libro de registro

*Claudia Guerrero, otra perseguida solo por decir la verdad

ES TAN evidente el afán del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez de mantener en prisión, al costo que fuere, a la jueza Angélica Sánchez Hernández, vinculada a proceso por los presuntos delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, luego de su detención el viernes en la ciudad de México, que ahora el mandatario usurpando, nuevamente, el papel de la Fiscalía del Estado y ahora, del Poder Judicial, se atreve a decir que la juzgadora en prisión preventiva oficiosa por un año, falsificó un amparo a favor de Itiel “N”, alias “El Compa Playa”, y todavía “dio fe sobre la supuesta suspensión para su liberación” del penal federal Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, algo que se antoja casi imposible e inverosímil, ya que un amparo difícilmente podría alterarse puesto que se inscribe, al momento de ser expedido, en el libro de registros del juzgado de distrito que lo emite, quedando en ese sitio la evidencia en caso de que remotamente hubiera alguna anomalía –como podría suceder con algún error tipográfico que no es falsificación- que, por otra parte, la instancia contra la que se emite la suspensión tiene manera de corroborarlo. Las propias autoridades penitenciarias del Penal Federal de Ramos Arizpe, en el Estado de Coahuila, estaban obligadas a corroborar la veracidad del documento, pues no hacerlo, y solo dejarse llevar por la versión de una persona en torno a una supuesta suspensión, podría traer consecuencias. Por ello, la postura del mandatario Estatal tiene más un sesgo justificativo del porque aprehendieron a la juez, y no una certeza legal que acredite la comisión de un ilícito que, insistimos, es casi imposible que ocurra, ya que los amparos los emites el Poder Judicial de la Federación y no la justicia Estatal. En todo caso, si el amparo fue falsificado, correspondería a la Fiscalía General de la República presentar la denuncia correspondiente, lo mismo que el Juez de Distrito al que se lo falsificaron, y no a la del Estado o al Poder Judicial de la Entidad.

ENTENDEMOS QUE el mensaje del Gobernador García Jiménez está más dirigido al pueblo bueno, dado la crítica que se ha dejado sentir en contra de su persona, y no para la sociedad que ha estudiado un poco y entendemos lo básico del derecho. Es una manera de justificar una arbitrariedad, pero aceptando sin conceder que, en efecto, el amparo fue falsificado, que lo muestre, que lo presente como evidencia, porque en derecho la prueba es determinante, Y es que la jueza, al acatar la determinación de una autoridad Federal, solo evitó la aplicación  del artículo 262 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: 1.-Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; 2.-Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; 3.-No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; 4.-En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y 5.-Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo.

PERO LEJOS de exhibir el amparo “falsificado” o en qué consistió la manipulación del mismo, el Gobernador despotrica, como es su costumbre en contra de medios de comunicación, políticos, organizaciones defensoras de los derechos humanos e instancias de defensoría como la Organización de las Naciones Unidas (ONU-DH) por pronunciarse en contra de las arbitrariedades que se cometen en Veracruz contra quienes no son afines al gobierno en turno. “¿Esa es la jueza que defienden comentaristas de radio, televisión y politiqueros?”, se pregunta García Jiménez al cuestionar a quienes lo acusan de autoritarismo a ultranza, principalmente líderes políticos que sin conocimiento profundo del tema han reclamado violaciones a los derechos humanos. Por otra parte, los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias no son graves y no ameritan prisión preventiva oficiosa, por lo que el juez que lleva la causa, muy cuestionado por cierto, debió permitirle llevar su proceso en libertad.

CUITLAHUAC, POR otra parte, dice que “la jueza es imputada por poner mentiras en un documento legal (firmado por ella), como el hecho de ¡inventar un amparo que no existe! con la finalidad de presionar al director del penal para que libere al delincuente ¿esa es la jueza que defienden comentaristas de radio, televisión y politiqueros?”, aunque, insistimos, si el amparo no existe y la jueza solo transmitía de saliva una instrucción de liberación de un detenido en un penal Federal, el Gobernador está jugando con la inteligencia de las autoridades de aquel reclusorio, ya no serían tan ingenuos en dejar en libertad a un procesado solo porque recibieron una llamada de una jueza veracruzana. Eso es incauto, por lo que el titular del Ejecutivo Federal está obligado a probar en que consiste la falsedad del documento, mostrarlo o recurrir al libro de registro del juzgado de distrito, para que con una copia en mano fortalezca sus dichos ante los medios, pues insistimos: García Jiménez solo trata de congraciarse con el pueblo bueno que estaría obligado a creerle todo por las migajas que recibe desde el Gobierno Federal, lo que les induce a acatar todo como corderitos sin chistar, bajo riesgo de perder sus canonjías. Por cierto, el mandatario se lava las manos y argumenta que fue el propio Poder Judicial del Estado el ente que hizo la denuncia en contra de Sánchez Hernández, pues carga con el antecedente de haber liberado ya una vez a “El Compa Playa” por el homicidio del diputado local priista Juan Carlos Molina. “Es en cumplimiento de sus atribuciones (como) el Poder Judicial del Estado señala de delitos a la jueza, no el Ejecutivo”, aunque si esto fuera cierto, debería dejar que sea esa instancia y no el ejecutivo quien lleve la voz cantante en las denuncias que hace a través de medios de comunicación o conferencias de prensa, salvo que sea el vocero del Poder Judicial y de la Fiscalía Estatal, lo que, por otra parte, sería una ilegalidad.

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CONOZCO A Claudia Guerrero Martínez desde hace muchos años. Tengo la certeza de que es una periodista crítica, echada para adelante, madre de un joven médico que realiza su posgrado en el extranjero, y ella lo apoya como solo una mamá generosa y amorosa suele hacerlo. Se trata, por otra parte de una profesionista que con esfuerzos ha logrado concretar su maestría y doctorado, lo que la convierte en ejemplo para muchas mujeres que luchan. Pero al gobierno Estatal –y sus hordas- no les gusta la crítica y usan el poder para amedrentar y perseguir a quienes la ejercen inventando cualquier pretexto. Por ello, vaya desde estas líneas nuestro afecto y solidaridad perenne a la amiga, periodista y profesionista entrega al quehacer cotidiano de servirle a la sociedad llevándole la verdad, aunque con ello ponga en riesgo su integridad y libertad. Vaya que los gobiernos solo cambian de siglas. OPINA [email protected]

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Gilberto Haaz Diez – Los tiros a Donald Trump

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columnista invitado

Como en el caso del atentado a JFK, hubo muchos errores. El disparo que por poco mata a Donald Trump, a sus 78 años, aunque algunas versiones señalan que la herida fue porque el disparo del francotirador dio en el Telepronter, ese cristal que se usa para los discursos y ahí van leyendo los políticos, cuando Kennedy el error del Servicio Secreto fue no haber peinado bien la zona donde desde las azoteas y un puente y el famoso edificio de la librería Oswald le disparó a Kennedy, Oswald y otros en Dallas, Texas. Donald era un expresidente, cuando la bala o el cristal le pegó en la oreja y al darse cuenta que sangraba, se tiró al suelo, el Servicio Secreto comenzó a operar y cubrieron su cuerpo con el de ellos, siguiendo el protocolo que marca esos incidentes. CNN en español comenzó la cobertura y no la dejó hasta las altas horas de la madrugada del otro día. No era para menos. Cuando anunciaron entre ellos que el tirador había sido abatido por otro francotirador de élite, entonces levantaron a Trump y casi cargando sus 120 kilos lo llevaron a la camioneta y huyeron al primer hospital. Los protocolos del Servicio Secreto, eso lo he visto en documentales, indican que un presidente o candidato,  cuando lo tienen en actos de campaña, lo primero que anda tras de ellos es una ambulancia donde llevan su tipo de sangre y toman en cuenta cuál es el primer hospital cercano al acto para llegar rápido y salvar la vida al herido. Lo llevaron al cercano. Las agentes femeninas del Servicio Secreto, atentas con la pistola en la mano, aguardando lo que pudiera venir. Siempre en un atentado a un político hay sospechas de que pueda ser un acto terrorista y atrás de eso llegue la bomba o el explosivo. El cerco de seguridad estuvo bien implementado, al entrar a un acto pasas los arcos que detectas si hay armas, el asunto es que no checaron las azoteas y desde una de ellas, a 150 metros, disparó el tipo y por poco le quita la vida a un candidato presidencial que va arriba en las encuestas y que inquieta a los demócratas y a Biden con su coco desorientado. No sería anecdótico, llegaron periodistas y cuenta uno de ellos de la BBC que alertó a un policía que vio a alguien dirigirse hacia las partes aledañas con un rifle en la mano. Algo similar a aquel que se habló en Dallas que llegaron a tirarle desde la cerca del frente al presidente Kennedy y luego caminando con su rifle se fueron varios de ellos a las estaciones del tren, la gente los confundió con gente de seguridad, cuando eran parte del complot. La tele comenzó a hablar de esos crímenes, desde el de Lincoln pasando por el de JFK y el atentado a Ronald Reagan (1981) a sus 70 años, que por poco le cuesta la vida cuando era presidente y que, cuando iba subiendo al auto, le disparó el tirador y el Servicio Secreto no se dio cuenta que el presidente iba herido, hasta que notaron que había sangre en su ropa y al hospital cercano llegaron para salvarle la vida. Atentados a políticos y magnicidios siempre habrá. Nunca falta un loco o un idealista o un complot de algunos para cambiar las señales en los gobiernos. Marios Aburtos, el de Colosio, habrá siempre. O John Hinckley Jr., el de Reagan. Por lo pronto, este tiro del francotirador cambió el panorama  este sábado, para volverlo un sábado de atentado, con todo y que es víspera de las finales, la de  tenis de Wimbledon, la de España-Inglaterra y la de Colombia-Argentina en futbol, pero eso ya será el domingo en todo el día. Los memes comenzaron a llegar, los dos mejores fueron el de Joe Biden, diciendo: ‘Lamento el atentado al presidente JFK’ y el otro: ‘El tirador era de la Selección Mexicana.

Por aquello de que siempre fallan.

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Ángel Álvaro Peña – El Mecanismo de Gobernación esconde burocratismo

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ALMA GRANDE

Por Ángel Álvaro Peña

Hace seis años, como ahora sucede, los integrantes de la junta de gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se encuentran otra vez, agazapados para que en la transición de gobierno los haga permanecer en sus puestos y no sean despedidos. Como sucede en cada sexenio, los burócratas del Mecanismo, que depende de la Subsecretaría de Gobernación, de Derechos Humanos, Población y Migración, encabezada todavía por Arturo Medina Padilla, tienen como único compromiso preservar el empleo, a costa de lo que sea.

Es una tradición del Mecanismo, desde diciembre de 2018, mantener un burocratismo creciente basado en la inactividad y el cuidado exagerado del presupuesto, en nombre de la austeridad republicana, mientras mueren periodistas en las calles del país.

Los periodistas han tenido que enfrentarse a una burocracia que inició hace seis años con Jorge Ruiz, como cabeza de una Junta de Gobierno mediocre, donde no se evitaron los homicidios, después siguió Aarón Mastache, cuya incapacidad fue premiada por el entonces subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien está listo para incorporarse a la nueva administración federal, no obstante haber sido engañado y manipulado en ese entonces.

Su soberbia es tal que los periodistas en peligro deben ampararse para continuar con la protección del Mecanismo pero ellos se pasan las órdenes judiciales por el arco del triunfo, como sucede con el amparo No. 663/2023, emitido por el Tribunal Séptimo de Distrito en el estado de Veracruz, donde se ordena regresar el servicio del Mecanismo a un comunicador. Pero en lugar de acatar lo dispuesto por el juez se aplazan indefinidamente las audiencias para regresar la protección. Del 5 de abril se trasladó al 7 de mayo y de esta fecha a julio, poniendo en peligro la vida de este periodista, y siguen, sin restaurar la cobertura todavía.

Cada vez peor la protección a periodistas que ahora con Enrique Irazoque, no sólo se volvieron más estrictos los filtros para acceder sino que se vulnera el derecho otorgado por la máxima autoridad judicial como lo es un juez. Irazoque se convierte no sólo en un delincuente por no acatar la orden, sino en cómplice de lo que pudiera sucederle a este comunicador.

La selección para que un periodista solicitante de protección pueda acceder a este servicio sino que se le retira, en una inexplicable depuración que pone en peligro su vida, si a la junta de Gobierno se le ocurre, en cualquier momento, que no es merecedor de esta cobertura donde la vida está de por medio, ya sea por antipatía, ahorro o depuración de la plantilla.

Dicha Junta cree que la protección se trata de un favor cuando es un derecho, como si tener gente las 24 horas cerca de un periodista fuera agradable. Porque esos mismos escoltas hacen las funciones de espías, quienes informan de la vida privada de los comunicadores que reciben este servicio, y conocer sus actividades con precisión, al mismo tiempo, que evalúan, una y otra vez, si el periodista requiere el servicio.

Basta ver las prioridades de un Mecanismo pasivo, mediocre y sin sensibilidad, en la última reunión de la Junta de Gobierno, mientras evaluarán la posibilidad de que entren a recibir el servicio ocho personas, discutirán la permanencia de la protección de 25 comunicadores, mostrando que su prioridad es restar y no sumar el servicio. Por si fuera poco, hay 20 modificaciones de medidas; esto quiere decir que para la Junta de Gobierno es prioridad revisar el servicio que se proporciona a afiliar a más periodistas en peligro.

Por ello, en este momento, prefieren el bajo perfil a trabajar, la última reunión de dicha junta fue hace un par de meses, a pesar de la responsabilidad de sus tareas. En los últimos siete años han sido asesinados ocho periodistas que estaban inscritos en el Mecanismo, lo cual habla de la ineficacia de este grupo que se ha amafiado alrededor de sus cargos y lo que menos les interesa es la vida de los comunicadores.

La llegada de la Cuarta Transformación marcó un rígido esquema de admisión de los periodistas como si la protección fuera un mercancía y no un derecho de quienes arriesgan su vida en la realización de su trabajo.

Ante esta realidad, Amnistía Internacional elaboró un documento denominado “Nadie garantiza mi seguridad”. Donde se denuncia la ineficacia del Mecanismo, a través de un análisis donde señala: “El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, una institución federal, sigue siendo una parte esencial de los esfuerzos gubernamentales en México para que el país sea un lugar más seguro para los y las periodistas, pero sólo podrá cumplir esta función si aborda de forma adecuada sus propias deficiencias”.

Añade que México es el país más peligroso del hemisferio occidental para periodistas, desde 1992. Desde que comenzó el siglo actual, al menos 141 periodistas y personal de medios de comunicación han sido asesinados. Comenta que la impunidad es la norma en los crímenes contra la prensa.

El gobierno federal mexicano creó el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en 2012, después de años de presión de periodistas y organizaciones de la sociedad civil para que abordara las amenazas y ataques constantes contra personas defensoras y personal de medios de comunicación.

En los últimos 18 meses, Amnistía Internacional examina el Mecanismo mediante el estudio de una amplia variedad de información disponible públicamente sobre la institución y mediante documentos obtenidos a través de solicitudes de libertad de información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México.

Así como hace seis años, la burocracia que vive del presupuesto a través de la supuesta defensa delos periodistas y defensores de los derechos humanos, quiere seguir formando una mafia que sólo alienta la violencia contra los trabajadores.

En el actual sexenio han pasado varios secretarios de Gobernación que pudieron enderezar las responsabilidades de este loable esfuerzo que termina por agotar sus atribuciones aniquilando esfuerzos y buenas intenciones.

Esperemos que en la próxima administración hay la sensibilidad suficiente y la responsabilidad necesaria para que haya una profunda renovación que realmente proteja la integridad de los comunicadores.

PEGA Y CORRE.- El 5º Foro para discutir la reforma Judicial se llevó a cabo en Xalapa, Veracruz, donde coincidieron en el mismo lugar quien intentó declarar un estado fallido en Veracruz, Ricardo Monreal, y el gobernador aludido Cuitláhuac García Jiménez, quienes se saludaron como si hubieran limado asperezas… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes

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Carlos Jesús Rodríguez – Crímenes políticos: nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá

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POR SI ACASO…

*Ataque contra Donald Trump dirán que fue autoatentado

*Asesinatos de Obregón, Colosio y Kennedy un misterio

EL ASESINATO de John Fitzgerald Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en Dallas, Texas, marcó un antes y un después en los crímenes políticos que se cometían en Estados Unidos y México. Y es que tras los hechos que conmovieron al mundo de aquellos tiempos, y cuando todo indicaba que se conocería el nombre del o los autores intelectuales de tan horrendo acontecimiento, Lee Harvey Oswald, arrestado en el lugar de los hechos, fue asesinado dos días después cuando era trasladado hacia la corte por Jack Ruby, un empresario nocturno y figura secundaria del hampa estadounidense, lo que impidió que se supiera quien o quienes habían ordenado el atentado contra el trigésimo quinto presidente de los Estados Unidos. Por lo hechos, un jurado encontró culpable a Ruby por el asesinato de Oswald, siendo sentenciado a muerte, pero estando convicto presentó más tarde una apelación en donde le garantizaron un nuevo juicio. Entre tanto, enfermó estando en prisión, murió de embolismo pulmonar por el cáncer de pulmón el 3 de enero de 1967, cuatro años después del crimen llevándose a la tumba muchos secretos. Y es que, como en el caso de Luis Donaldo Colosio Murrieta y su presunto asesino solitario, Mario Aburto Martínez –aun preso por ese magnicidio-, la Comisión Warren concluyó que Oswald había actuado solo. Sin embargo, el Comité Selecto de la Cámara sobre Asesinatos estimó en 1979 que pudo existir una conspiración en la que participaron varias personas. El tema ha sido muy debatido y existen múltiples teorías sin que ninguna tenga sustento suficiente. Era el cuarto presidente en funciones en ser asesinado: Abraham Lincoln, James A. Garfield y William McKinley sus antecesores ultimados.

EL CASO Luis Donaldo Colosio fue casi igual, con la diferencia de que Mario Aburto Martínez no fue asesinado, pero estuvo a punto de ser linchado. En este caso, hubo un confinamiento severo por más de 20 años, sin tener contactos con nadie en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez, un sitio para enloquecer a cualquiera. Otro detalle es que, tras la muerte de Luis Donaldo varias personas fueron asesinadas, y más de tres tenían un parecido con Aburto, por lo que queda en tela de duda si realmente el que está detenido fue el autor material o algunos de los liquidados o, incluso, Jorge Antonio Sánchez Ortega nacido en Sinaloa, y quien, al ser detenido, trabajaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional de la Secretaria de Gobernación (CISEN). El intervenido fue apresado a 15 metros del lugar donde cayó herido Luis Donaldo Colosio cuando parecía darse a la fuga. Su chamarra blanca tenía sangre: por eso fue trasladado por agentes a las oficinas de la PGR.

EN SU declaración rendida aseguró que fue asignado por la dependencia para asistir al evento e informar oportunamente sobre el acto político de Colosio. Sánchez Ortega aseguró que no vio el momento del asesinato de Luis Donaldo Colosio y reconoció desde la primera declaración que la sangre en su chamarra sí era del candidato pero que esto ocurrió porque alguien que iba cargando el cuerpo de Colosio lo manchó en la manga izquierda (vaya salida). La participación de Sánchez Ortega fue analizada por la Fiscalía Especial para el Caso Colosio, que llegó a la conclusión que los hechos sí sucedieron como los narró el agente del CISEN. Incluso se consignó que Sánchez Ortega sí tenía plomo en las manos, sin embargo, se descartó su participación en el caso. Sánchez Ortega primero aseguró que no iba armado el día del magnicidio, ya que dentro del trabajo que realizaba no se le permitía portar armas de fuego, pero estudios químicos completos de la prueba de Harrison Gilroy, conocida como Rodizonato de Sodio que se le realizó arrojó los siguientes resultados: “Palmar derecho positivo; dorsal derecho positivo; palmar izquierdo negativo; dorsal izquierdo positivo”. Es decir, el dictamen firmado por cuatro peritos químicos concluyó que en las manos de Jorge Antonio Sánchez Ortega existía la presencia de plomo y bario, lo que indicaba que había disparado recientemente, pero ahí quedaron las cosas.

Y LOS temas vienen a colación por el atentado que el sábado sufriera el candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, en Pensilvania, hechos en los que resultó herido en una oreja por un rozón de arma de fuego, pero el resultado pudo ser peor, pues al parecer, le apuntaron a la cabeza para asesinarlo. Lo que llama la atención es que, el presunto criminal fue abatido en el lugar de los hechos, por lo que, difícilmente, podrá saber que ocurrió realmente, quienes son los autores intelectuales del brutal acontecimiento, algo que no debería suceder, pero son atentados políticos y quienes los ejecutan saben que va en juego sus vidas. El caso Trump podría prestarse, por parte de sus enemigos, a versiones encontradas, incluso, a suponer que fue un auto atentado para ganar mayor popularidad, pero como se ven las cosas, el rozón en la oreja derecha es real, la balacera existió y el ex Presidente resultó realmente herido mientras que su agresor fue abatido, lo que desató la condena de jefes de Estado y de Gobierno de todo el mundo, situación que, sin duda, acrecienta sus posibilidades de triunfo.

EN MEXICO se asesinó al Presidente electo, Álvaro Obregón Salido el 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla de San Ángel, y como autor material del magnicidio fue detenido José de León Toral. El crimen marcó un punto de inflexión importante en la política mexicana del siglo XX, dando comienzo a la etapa histórica conocida como Maximato. El general Obregón fue el último presidente de México que buscó su reelección y su magnicidio el único caso entre los mandatarios electos del país, pues Luis Donaldo Colosio apenas era candidato del PRI. ​Por el asesinato de Obregón se detuvo, también, a la religiosa Concepción Acevedo de la Llata, conocida como “La Madre Conchita”, de quien se dijo que tuvo contacto en 1928 con José de León Toral. Ambos fueron juzgados durante los siguientes meses, siendo fiscal acusador el Licenciado Ezequiel Padilla Peñaloza, determinando pena de muerte para Toral y sentencia por 20 años a la Madre Conchita.

PERO EL pueblo, que siempre tiene otros datos fue contundente. Y es que inmediatamente después de la muerte de Obregón surgieron sospechas sobre el autor intelectual del asesinato. El grupo obregonista acusó abiertamente al líder obrero Luis N. Morones y en algunas ocasiones al presidente Plutarco Elías Calles de ser los instigadores del magnicidio. Esta hipótesis pareció adquirir fuerza a partir de la reacción de Calles al ver el cadáver de Obregón, insultándolo irónicamente con la expresión: “¿Querías ser presidente? Tal por cual, pues no llegaste”, y por ser el principal beneficiado de su fallecimiento. La instauración del Maximato permitió a Calles controlar a tres presidentes y dominar la política nacional durante seis años. En fin, esos como el caso Donald Trump son asuntos donde la verdad se oculta, y no faltarán las especulaciones que culpen al propio Trump de ser su propio autor intelectual, o incluso al Presidente Joe Biden, descartando al fanatismo que ambos han despertado o los intereses que han tocado o podrían hacerlo. Así las cosas. OPINA [email protected]

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