ING. CUITLÁHUAC GARCÍA JIMÉNEZ
GOBERNADOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
P R E S E N T E
Por medio de la presente, los diferentes organismos empresariales del estado de
Veracruz le solicitamos a Usted, de la manera más atenta, su inmediata intervención
en un asunto muy delicado que aqueja y vulnera los derechos de sus gobernados
durante ya algún tiempo en esta Administración Estatal, a las empresas
veracruzanas.
Los empresarios hemos sufrido acosos, amenazas de clausura y multas millonarias
aplicadas, ya que la multa mínima que se aplica es de 5000 UMA (alrededor de
$500,000.00 pesos mexicanos), esto sin existir un tabulador correspondiente a los
criterios establecidos en los capítulos II y III de la Ley Estatal de Protección
Ambiental y con la justificación de que dicha multa va conforme al tamaño de la
empresa y los trabajadores que en ella laboran, estos procedimientos se han llevado
a cabo por parte de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, a
cargo del C. Sergio Rodríguez Cortés.
El procedimiento que se aplica para sancionar a las empresas es el siguiente:

1. Una inspección obligatoria a la empresa por parte de un inspector de la
   Procuraduría derivada de una supuesta denuncia ciudadana.
2. El inspector ingresa a las instalaciones a revisar desde el área de oficinas,
   almacenes, producción, baños de trabajadores y patios o jardines.
3. En todos los casos se encuentra la mínima falla desde el método de
   separación de los residuos o cualquier motivo para amenazar con el cierre
   de las operaciones si no se presenta el representante legal a las instalaciones
   de PMA en Veracruz a comparecer ante Procuraduría en un lapso máximo
   de 48 horas.
4. Al acudir a sus instalaciones personal de dicha Dependencia te muestra un
   procedimiento en el que la empresa se hace acreedora a una sanción mayor
   a 12,000 UMA; después de algunas revisiones a la documentación se le
   comenta a la empresa que pueden hacer una rebaja de 10,000 UMA y en el
   mejor de los casos 5,000 UMA ya sea en un solo pago o te pueden dar hasta
   30 días para pagar su totalidad o se procede a la clausura total del negocio
   y sin posibilidad de ampararse o defenderse.
   Lo anterior, como ya se expusó, contraviene lo dispuesto por la Ley Estatal de
   Protección Ambiental ya que se violentan las disposiciones que por derecho
   corresponden a un acto administrativo, dejando sin efecto la probabilidad de mediar
   y/o conciliar probables omisiones a la Ley.
   De igual forma no se contemplan los tiempos establecidos por Ley para responder
   a las apreciaciones de los inspectores, ni dan la oportunidad de otorgar pruebas,
   así como tampoco de solventar dichas observaciones.
   El sector empresarial reitera su compromiso de cumplir con las leyes que nos
   regulan en nuestro país y Estado, ya que estas dictan la convivencia social y natural
   con nuestro entorno.
   No olvidemos que el sector empresarial y nuestra sociedad en general han
   enfrentado tiempos difíciles derivados de la pandemia COVID 19, que nos dejó
   como una de sus consecuencias, altas inflaciones y, por ende un incremento en el
   costo de los bienes y servicios, además de mayores obligaciones derivadas de las
   modificaciones federales en materia laboral, como son: El aumento al salario
   mínimo, la modificación y el aumento a los días de vacaciones de nuestros
   trabajadores, entre otras que en muchas ocasiones han puesto a las empresas en
   una situación complicada para subsistir.
   Sabedores de su compromiso con el sector empresarial ya que así lo ha demostrado
   durante su Gobierno y que actos aislados como este dañan la imagen de la labor
   que se hace durante el mismo le solicitamos de la manera más atenta:
   Una mesa de trabajo presidida por Ud que sea acompañada por Secretarios
   de Estado y los Presidentes de las Cámaras Empresariales del Estado que nos
   permitan tener un diálogo que nos lleven a la generación y adopción de
   acuerdos entre Gobierno y la Iniciativa Privada además de su intervención con
   la finalidad de regular el actuar del Titular de la Procuraduría Ambiental y sus
   funcionarios, ya que son muchas las empresas que han sido afectadas por los
   procedimientos irregulares de dicha Dependencia y se nos dé un lapso de tiempo
   conforme a Ley para enmendar las posibles omisiones antes de aplicar multas que
   no van acorde al momento y circunstancias de la situación económica actual de las
   empresas en nuestro estado.
   Por lo anteriormente expuesto agradecemos la atención a nuestra petición,
   esperando sea resuelta de manera favorable lo antes posible, con la finalidad de
   seguir trabajando de manera conjunta el sector empresarial con el gubernamental,
   ya que de esta forma llevaremos a nuestro Estado a los altos índices de
   productividad que nuestra sociedad necesita.
   ATENTAMENTE: